La estrategia nacional para erradicar la violencia de género

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Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género.

El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades del Gobierno Nacional presentó el nuevo Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género. En diálogo con EL DIARIO, la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza, brindó precisiones sobre el horizonte que atraviesa las distintas estrategiaspropuestas.

Guillermina Ferraris / [email protected]

“El nuevo Plan de acciones para erradicar las violencias no se concentra sólo en la atención de la emergencia, sino que tiene por horizonte la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situación de violencias por motivos de género”, así lo aseguró la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en la presentación virtual realizada en estos días, junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Residencia de Olivos.

Con un presupuesto total de 18 mil millones de pesos, el foco está puesto en las violencias extremas, como los femicidios, travesticidios y transfemicidios; pero también en la autonomía económica de las personas en situación de violencia, y en la dimensión cultural y estructural de las violencias. Considera posibilidades de desarrollar trayectorias de vida autónoma, con redes territoriales y comunitarias. Modifica el abordaje individual para ir hacia uno integral, que implica crear condiciones subjetivas y materiales de salida de escenarios de violencias. Define no reproducir esquemas de victimización y revictimización, y hacer foco en el trabajo con los agresores.

Para profundizar en las estrategias mediante las cuales este plan se propone lograr dichos objetivos, dialogamos con Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género.

En primer lugar, interesaba saber qué implica el paso de un paradigma exclusivo de la emergencia en violencia a otro que es integral e interseccional. Y, retomando nomenclatura incluida en la explicitación del plan, qué quiere decir que incluya la transversalidad obligada, la interseccionalidad, la multiagencialidad y la territorialidad. “Pretendemos impulsar una modificación en la definición de las políticas públicas en materia de violencia de género”, introdujo Malacalza, al añadir que se intenta producir “una modificación del paradigma que las sostiene, es decir pasar de un paradigma de abordaje individual, de atención de la emergencia, un paradigma que definió las políticas públicas en materia de promover las salidas individuales de las situaciones de violencia de género, con muy poco acompañamiento del Estado y un acompañamiento que en muchos casos fue reducido a promover la presentación de las denuncias en sede policial o de judicial, tramitar esas denuncias”. Luego subrayó:“hasta ahí venía llegando la forma de abordaje del Estado en materia de violencia de género”.

–Qué importancia tiene el cambio de mirada más allá de las cuestiones instrumentales?

–Creemos que es importante pasar a un paradigma de la integralidad que contemple todas las dimensiones de la violencia de género, que contemple y reconozca desde el Estado que estas violencias tienen una dimensión estructural y que las políticas públicas tienen que abocarse a esa dimensión estructural. Una de las dimensiones claves tiene que ver con los patrones socioculturales de construcción de las identidades de género o de las formas de vincularnos entre los géneros. Patrones que promueven masculinidades muy violentas o que promueven situaciones de subordinación a las mujeres.

–Cambia el abordaje, pareciera…
–Sí, la integralidad significa que una persona que está en esa situación, tiene que poder acceder a un empleo y a una vivienda, para generar un proyecto de vida autónomo, ese es el gran desafío.

Pero además integralidad significa que todos los ámbitos del Estado incorporen la perspectiva de género. Muchas veces ocurre que cuando aparecen situaciones de violencia de género donde hay niñez se desarticula la intervención: puede haber un área de género en un municipio que trabaja con la mujer y las áreas de los servicios locales que trabajan con les niñez y muchas veces estos universos están desarticulados. Para nosotras la integralidad contempla promover una mayor articulación de las intervenciones de los poderes Ejecutivo y Judicial, también por qué no que la integralidad sea parte de los proyectos legislativos que se empiecen a pensar en materia de violencia de género.

DISIDENCIAS. En consonancia con el propósito que tiene, la charla derivó en el tratamiento de otros tópicos. Dado que el Plan se propone hacer más digna la vida humana, y teniendo en cuenta que comenzó el tratamiento de Ley de Cupo Laboral Travesti Trans en el Congreso, se quiso saber de qué maneras se abordarán las problemáticas referidas a este colectivo disidente, que es el más vulnerado actualmente en materia de derechos humanos y cobertura de necesidades básicas como vivienda, salud y educación.

“Para nosotros ha sido clave incorporar la perspectiva de la diversidad, es decir que cada una de las definiciones de las políticas públicas no esté dirigida exclusivamente a mujeres en situación de violencia sino a personas LGTBI+ y no binaries”, expuso Malacalza. “A partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género en nuestro país, es obligación del Estado tomar definiciones de políticas públicas que contemplen las particularidades que la violencia de género tiene hacia las personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros y otras identidades”, completó.

–Es clave que las políticas visibilicen los colectivos…

–Eso también fue un cambio de paradigma para nosotras porque los planes anteriores y la mayoría de las políticas públicas en materia de violencia de género se venían concentrando exclusivamente o muy prioritariamente en las situaciones de violencia doméstica, de violencia familiar y pensando a las mujeres como víctimas y no al colectivo de la diversidad.

UN PROBLEMA HISTÓRICO. Uno de los cuatro ejes estratégicos que sustentan las principales medidas contra las violencias, es el fortalecimiento del acceso a la justicia, que viene de la mano con la gestión de la información, la transparencia y el monitoreo. Pero lo cierto es que el escenario está por demás complicado: según estudios de la Procuración General de la Nación y del Ministerio Público Tutelar, la Justicia Penal de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires archiva en un 80% las causas penales remitidas por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y otras, y solo condena al 1% de los denunciados en las causas por delitos sexuales.

Por otro lado, las condenas por femicidios son mínimas. Entre el 70 y el 80% de las medidas cautelares son violadas y no existe delito específico por la violación o el incumplimiento reiterado de las medidas cautelares. Efectivamente, son numerosos los casos de víctimas de femicidio que habían hecho denuncias previas o contaban con medidas cautelares vigentes. En ese sentido, EL DIARIO interrogó acerca de las estrategias que desde el Ministerio se proponen para resolver estas problemáticas que tienen carácter histórico.

“El fortalecimiento del acceso a la justicia tiene que ver con promover instancias de mayor asesoramiento y acompañamiento a personas que están atravesando situaciones de violencia de género y que deciden o tienen que presentar una denuncia en sede judicial”, aseguró la funcionaria.

En un sentido más general, explicó que “más allá de eso, también entendemos a la justicia en su sentido más amplio, no solamente reducido a la Administración de Justicia, sino el acceso a derechos económicos, sociales y culturales que permitan a una persona tener una vida libre de violencias”. Fue entonces cuando indicó que “pensamos un programa de acceso a derechos para personas en situación de violencia de género, que precisamente contemple el acompañamiento y el asesoramiento previo a las instancias de denuncias y el acompañamiento cuando se hace la denuncia; reconociendo que a veces en las denuncias o en los procesos judiciales no se resuelven todos los problemas; o que en un único proceso no se resuelve toda la multiplicidad de dimensiones que tiene la violencia”.

Para la entrevistada, “es necesario que desde ese programa se pueda articular y facilitar el acceso a otros derechos como el acceso a la vivienda, el empleo o el acceso al contacto con sus hijes en caso de violencia familiar”.

La violencia de género es una problemática compleja que debe ser abordada desde múltiples aspectos.

Un cambio presupuestario

Para finalizar, EL DIARIO consultó si en las distintas modificaciones presupuestarias que el Poder Ejecutivo viene realizando (en el marco de prórroga del presupuesto de 2019) se han incluido las estimaciones del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para los meses involucrados este año.

–¿Fueron también previstas e identificadas las partidas del Ministerio de Obras Públicas y de ANSES que, según el documento, se necesitan para la construcción de Centros Territoriales y la puesta en marcha del Programa Acompañar?

–El presupuesto del Plan incluye las partidas presupuestarias del Ministerio de Mujeres pero también las partidas presupuestarias de otros ministerios que se han comprometido en articular acciones en conjunto. Esto reproduce 24 veces más las instancias presupuestarias del plan anterior y sin lugar a dudas, esta capacidad de articular acciones con otros ministerios viene de la mano con la jerarquía institucional que ha tenido los temas en las definiciones del gobierno nacional, es decir, que exista un Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad de la Nación nos ha permitido articular de una manera muy transversal con otros ministerios.

Críticas constructivas

Por su parte, desde la fundación de Activismo Feminista Digital plantearon que “si bien estamos atravesando la Era de la Información, el Plan presentado omite el abordaje de la violencia digital así como tampoco habla sobre la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recursos indispensables en el armado de Políticas públicas a favor de las mujeres”.

En un comunicado que publicaron en sus redes, afirman que “las tecnologías vinieron a cambiar nuestras realidades (para bien, en algunos casos y para mal, en otros) y en el reciente documento presentado por el Poder Ejecutivo Nacional argentino, en conjunto con el Ministerio de las Mujeres presidido por Elizabeth Gómez Alcorta, nada de esto se contempla”.

En él afirman que tampoco se mencionan herramientas como el botón antipánico, la protección de datos personales de las víctimas y/o denunciantes de violencia machista o las tobilleras electrónicas para agresores; o problemáticas como la brecha digital de género, o la violencia machista a través de Internet.

Los detalles del plan contra las violencias de género