La emergencia sería sancionada en el transcurso de esta semana

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El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, dialogó con EL DIARIO.

Las cuatro carillas que contienen el articulado del proyecto de emergencia están precedidas por otras tantas en las que el Ejecutivo fundamenta la decisión. Señala que sin la adopción de esas medidas, corren el riesgo de “resentirse notoriamente” los servicios básicos. Entre hoy y mañana sería aprobado en Diputados y antes que finalice la semana el Senado haría lo propio.

 

Redacción EL DIARIO / [email protected]

A partir del proyecto de ley que envió a la Cámara de Diputados el viernes pasado, el gobernador podría quedar en condiciones de gestionar hasta la mitad de su mandato, en el marco de una emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional.

El artículo 1 establece el plazo de vigencia hasta el 30 de junio de 2021, prorrogable por única vez mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial por ciento ochenta (180) días en caso de que a su criterio se mantenga la situación de emergencia.

Lo que justifica las medidas a adoptar es asegurar el cumplimiento de funciones inherentes a la Administración consistente en el sostenimiento y fortalecimiento de los sistemas de salud, seguridad, los servicios públicos esenciales y el cumplimiento de las obligaciones del Estado de acuerdo al principio de equilibrio presupuestario establecido en la Constitución Provincial.

A nivel impositivo plantea “un esfuerzo colectivo, en base a la
capacidad contributiva en orden a superar la crisis económica imperante en el ámbito provincial”.

Y finalmente, fortalecer el carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen previsional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema.

JUBILACIONES Y PENSIONES. Efectivamente, aquel concepto que incluyó el mensaje a la Asamblea Legislativa en el mes de febrero reaparece en este proyecto en medio de la pandemia: sustentabilidad.

“A la delicada situación económica y financiera, se suma el incremento paulatino del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones”, explica el mandatario, asemejando el panorama con el de las provincia que no han transferido su sistema previsional a la Nación, en especial las de Región Centro, y más particularmente Córdoba que modificó el régimen recientemente por ley, en medio de la cuarentena.

En los fundamentos, puntualmente, se marca la necesidad de rever medidas para paliar o disminuir el déficit, “habiéndose analizado minuciosamente los aportes de los contribuyentes al citado régimen, partiendo -además del examen de la normativa propia-, del estudio y consideración de las situaciones y medidas adoptadas en otros Estados Provinciales”.

Estudios y comparaciones realizadas se orientan en dos sentidos: uno que contempla los contribuyentes activos a la Caja, y el otro teniendo en cuenta los actuales beneficiarios de jubilaciones y pensiones. Explica entonces que “el incremento del porcentaje del aporte jubilatorio, tanto para activos como para pasivos, es el resultado de haber considerado diversas hipótesis, cuya conclusión por parte de este Poder Ejecutivo es la modificación conforme las alícuotas propuestas, que tienden a aplicar un porcentaje mayor, conforme sea mayor el monto del salario, incrementándose los aportes en el caso del personal en actividad del 16% actual y uniforme para todos los aportantes al sistema previsional, hasta el máximo del 22%, pero ahora dependiendo la alícuota del monto de la remuneración del aportante”.
Y “para el personal que a la fecha se encuentra en situación de pasivo, se establece un aporte solidario, con limitación en tiempo, y monto, conforme los haberes jubilatorios que perciben”.

El esquema propuesto, expresa “está orientado a que las personas que perciben retribuciones o haberes jubilatorios más elevados, coadyuven al sostenimiento del déficit de la Caja de Jubilaciones, en forma solidaria”, y agrega mientras se mantenga la situación de emergencia planteada. Asegura que con el esquema propuesto, aproximadamente “el 80% del universo de personal activo como pasivo, no se encuentra alcanzado por esta medida”.

Remarca que Entre Ríos “sostiene con gran esfuerzo y costo, uno de los porcentajes más alto de haberes jubilatorios”, establecido en un 82% móvil de lo que el agente percibía en actividad, consagrándose como un derecho de nuestros jubilados, pero en las actuales circunstancias de crisis “surge la necesidad de reforzar el carácter solidario del sistema, requiriendo un esfuerzo temporal por parte de los aportantes con mayores recursos, y siempre atendiendo el nivel de ingresos de cada uno”.

TRIBUTOS. Otro punto considerado es la “importante disminución en la recaudación provincial, con valores que se encuentran muy por debajo de lo planificado en la Ley de presupuesto para el corriente año”, lo que impacta en las proyecciones y estimaciones realizadas por el Ejecutivo. Lo vincula con la retracción de la actividad económica, y su consecuente y directa relación con la disminución de los ingresos derivados de los tributos tanto de nivel provincial como nacional, a raíz de esta pandemia con “connotaciones laborales, humanitarias y económicas pocas veces antes vista”.

Frente a la disminución sensible de los ingresos, destaca la necesidad de “inversión continua y permanente en materia sanitaria y de infraestructura, por lo que es necesario asegurar los recursos para su acabado cumplimiento”.

El planteo da pie para proponer “aunar el esfuerzo de toda la sociedad, con la mayor colaboración de aquellos sectores cuya capacidad contributiva así lo permite”.
Introduce incrementos en algunas alícuotas de Ingresos Brutos y se propone cambiar la forma de determinar la base imponible sobre la cual las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 tributan dicho impuesto, eliminando básicamente las deducciones de la que gozaban. Por otra parte, los inmuebles rurales de las plantas 6 y 7, que posean una superficie igual o mayor a 1.000 hectáreas, ya sea considerando un solo bien o como resultante de la sumatoria de varios inmuebles de un mismo contribuyente, tributen un aporte adicional extraordinario del diez por ciento (10%) sobre el valor del impuesto inmobiliario

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El proyecto que declara la emergencia presentado el viernes pasado, tomará hoy estado legislativo, en la sesión que la Cámara de Diputados tiene convocada para las 18. Si la oposición diera los votos para lograr la mayoría necesaria para tratarlo sobre tablas, es decir en la misma convocatoria, esta misma noche podría tener media sanción.

De lo contrario, esa media sanción se daría mañana o el jueves a las 11, las otras dos fechas de convocatoria. Ahora, si se tiene en cuenta que el Senado considera darle sanción definitiva entre jueves o viernes, en sesión especial, lo más probable es que Diputados a más tardar concluya su intervención el miércoles.

El presidente de la Cámara, Ángel Giano, comentó a EL DIARIO que en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria se conocerá la posición de Cambiemos, porque, aún en el caso que no acompañe el proyecto, podría dar los votos para el tratamiento sobre tablas y “si no, será en la sesión siguiente”, acotó. “Estamos preparados para sesionar tres días; no habría inconveniente para hacerlo”, manifestó el legislador que consideró “solidaria y progresista” la iniciativa.

Ninguno de los artículos necesita mayoría especial por lo que el oficialismo tiene los números de legisladores necesarios para sancionarla.

“La ley prácticamente es para la mayoría de los funcionarias y funcionarios de los tres poderes del Estado que son los que cobran más de 75 mil pesos, en cuanto a los activos. O sea, el 85% queda fuera de la ley”, fue uno de los aspectos que destacó el legislador.

Sostuvo que “no es un ajuste, no implica una quita en los haberes sino es un aporte más para la Caja de Jubilaciones para favorecer su sustentabilidad”. Explicó que el aporte que hará un trabajador o trabajadora, funcionaria o funcionario, que cobra $ 100.000, es de $ 1600 pesos; y si cobra 75.100 es de $ 1000 mil. No voy a poner en discusión –aclaró- la importancia de ese monto, pero esto es lo que estaría aportando. Luego, -continuó- estamos hablando de jubilaciones y sueldos de 200.000; 300.000, 400.000 pesos” que también se verán afectados.

En otro orden, en materia impositiva, afirmó que “la capacidad contributiva se mide en base al nivel de ganancia que han obtenido los bancos, las droguerías, el (propietario) que tiene más de mil hectáreas” los que serán alcanzados por la norma en tratamiento.

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