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UPCN: De La Rosa fue absuelto

Fiscalía había solicitado penas de cumplimiento efectivo para cinco miembros de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y para el ex ministro de Salud, Ariel de la Rosa, que comparecieron acusados por graves incidentes ocurridos en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante.

La defensa del ministro pidió la absolución lisa y llana. Este martes 6 de noviembre, el exministro fue absuelto en los dos hechos por los cuales se lo juzgaba. Uno de los hechos, supuestamente, fue cometido el día 6 de junio de 2017, cuando llamó por teléfono a la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, forzándola a que reintegre en su lugar de trabajo a una enfermera de la institución y delegada de UPCN, Yanina Migueles. El segundo hecho ocurrido al día siguiente, el miércoles 7, cuando se lo acusó de haberle entregado copia de la resolución que él mismo emitió ordenando la reincorporación de Yanina Migueles

Igualmente, otra dirigente de relevancia de UPCN, Carina Domínguez también fue absuelta de los dos hechos por los cuales estaba acusada. Domínguez estaba acusada de financiar el día lunes 5 de junio de 2017 el traslado de los delegados de UPCN para que fuesen al hospital de Salud Mental de Diamante a coaccionar a Noelia Trossero, pero la justicia dijo que la hipótesis de los fiscales no se condice con los hechos. También se la absolvió del segundo hecho ocurrido el miércoles 7, cuando fue detenida junto con José Carlos Zarza y Zunilda Suárez.

Además, se condenó cambiando la calificación legal de coacciones agravadas por coacciones simples a José Carlos Zarza y a Ester Noemí Santa María, a quienes el tribunal condenó a dos años de prisión de ejecución condicional más la observación de reglas de conducta. Vale destacar que sobre los antes mencionados recaían las solicitudes de condenas más altas.

También se absolvió a Zunilda Suárez en los dos hechos en los cuales estaba siendo juzgada. Se condenó a Fabián Monzón por el delito de resistencia a la autoridad y amenazas a la pena de un año de prisión condicional con reglas de conducta; le habían pedido un año y medio.

 

 

De La Rosa, absuelto. Foto El Diario.

Los alegatos se realizaron la semana anterior

El pasado 29 de octubre Fiscalía solicitó penas de cumplimiento efectivo para cinco miembros de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y para el exministro de Salud que comparecieron acusados por graves incidentes ocurridos en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante. La defensa del ministro había pedido la absolución lisa y llana.

El Tribunal de Juicio, integrado por Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala, dio a conocer la decisión sobre los siete integrantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) imputados de agredir a la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, forzándola a que reintegre en su lugar de trabajo a una enfermera de la institución y delegada de UPCN, Yanina Migueles, a quien Trossero le había dado de baja el contrato de suplencia extraordinaria interino del que era beneficiaria. Los hechos que se dirimieron en la audiencia de la semana pasada ocurrieron el 5, 6 y 7 de junio de 2017 en el Hospital. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió al Tribunal que considere que los hechos sucedieron en un contexto de violencia de género.

Los fiscales Laurean Dato y Jorge Gamal Taleb solicitaron que, -el hoy absuelto-  ex ministro de Salud, Ariel De La Rosa sea condenado a la pena de cinco años de prisión por el delito de Coacciones agravadas por su condición de ministro al momento de los dos hechos que se le imputaron; que Fabián Monzón, secretario adjunto de UPCN y miembro del directorio del Iosper, sea condenado a la pena de 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional por los delitos de Resistencia a la autoridad y Amenazas, en concurso ideal. También solicitaron que el secretario de Movilización, José  Zarza, en lo que significó la pena más elevada del grupo, sea condenado a la pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva, junto a la secretaria gremial, Carina Domínguez y la sub secretaria gremial de Salud Ester Santa María, para las que requirieron la pena de 5 años de prisión efectiva, por los delitos de Coacciones agravadas, dos hechos, atribuidos a los tres; que la delegada Zunilda Suarez, sea sobreseída por el delito de Coacciones, en relación al primer hecho, pero sea condenada por el mismo delito en relación al segundo hecho que se le imputó, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva; y finalmente solicitaron el sobreseimiento del secretario de Capacitación del sindicato, Guillermo Barreira.

La defensa de De La Rosa, a cargo de Leopoldo Lambruschini y Julio Federik solicitó la absolución lisa y llana del ex ministro, la cual obtuvo este martes.

Dato y Gamal Taleb consideraron que quedó acreditado que los imputados trataron de quebrar la voluntad de la directora del Hospital Colonia de Salud Mental para que reincorporara a Migueles. Los fiscales señalaron que “la versión idílica” de los imputados que contextualizaron sus conductas en un reclamo de índole gremial “no tiene nada que ver con las constancias del juicio” en la que los testigos relataron “actos de intimidación, apriete y patoterismo”.

Los fiscales destacaron  que Trossero fue la “testigo crucial y principal de estos hechos que imputamos”. Dieron por acreditado que Zarza y Santa María, el lunes 5 de junio a la mañana, agredieron física, verbal y psicológicamente a la directora, impidiéndole salir de su oficina para ir a una reunión con el resto del personal del nosocomio, en el comedor, a la que invitó a los imputados, quienes se negaron a concurrir. En relación a Domínguez, que no estuvo aquel día en el Hospital, los fiscales entendieron que le cupo la figura de coautora puesto que por su rol, organizó y planificó el traslado de los sindicalistas al nosocomio y sabía qué iban a hacer Zarza y Santa María. Así, dieron por acreditado que éstos generaron una situación violenta y a los gritos le exigieron a Trossero que diera marcha atrás con la baja de Migueles.

En relación a la situación de De La Rosa, los fiscales consideraron que tuvo responsabilidad en los dos hechos que se le imputaron. En relación a la llamada telefónica que le hizo a Trossero el martes 6 de junio, entendieron que fue una “comunicación violenta, en tono agresivo, para que se reincorpore a Migueles”. En relación al miércoles 7, consideraron que De La Rosa entregó al resolución ministerial que ordenaba la reincorporación de la enfermera para que los miembros de UPCN la exhibieran como una muestra de poder ante sus afiliados y el resto de los trabajadores del nosocomio.

La defensa de De La Rosa consideró que el ex ministro no tuvo participación alguna en ninguno de los dos hechos que se le atribuyeron. Incluso, cuestionó que Trossero incurrió en un delito que no fue investigado por Fiscalía, al ordenar la baja de la enfermera sin tener atribuciones para hacerlo. En este sentido señalaron que primero pidió al Ministerio de Salud la baja porque sabía que no tenía atribuciones, para después ordenar la cesantía e impedirle el ingreso al lugar de trabajo.  Así, sostuvieron que “lo que provoca, en definitiva, esta reacciones es esta acción ilegal, ilegal y típica, de la que no escuché una palabra del Ministerio Público”.