El Ministerio Público Fiscal en su laberinto

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Las graves denuncias fueron presentadas en la sede del Ministerio Público Fiscal, en calle Santa Fe.

La relación medios-Justicia tiene antecedentes poco beneficiosos para ambas partes y para la sociedad. Si el organismo que se con-funde en aquella relación es el Ministerio Público Fiscal (MPF), el resultado no puede ser bueno. Al escritor argentino Leopoldo Marechal se le atribuye la frase “de todo laberinto de sale por arriba”. Tal vez sea el momento de que sociedad, medios, Política y Justicia encuentren la mejor forma de salir del laberinto que supieron construir. 

 

Opinión / Néstor Belini

 

El Ministerio Público Fiscal (MPF) en Entre Ríos quedó atrapado en la dinámica propia de los medios de comunicación. Y de la política. Por aciertos y errores propios. Los aciertos son logros de una política criminal definida desde la cabeza del MPF que tiene una exitosa cristalización en la tarea de los no pocos fiscales que realizan su anónima tarea los 365 días del año y cuando un caso los requiere. Los aciertos han permitido que la sociedad transite en paz las consecuencias de los conflictos inherentes a la vida en comunidad.  Los errores, no son generados por el MPF como organismo sino que son consecuencia del accionar de algunos de sus miembros. Esto ha generado una preocupante dinámica que puso en el ojo de la tormenta al organismo público responsable de la persecución penal de los ciudadanos que transgreden las normas. Y esto no es bueno para la sociedad ni para las partes que atraviesan un proceso penal.

Deber

Es muy claro que es más grave que quienes son responsables de representar el interés público ante el incumplimiento de la Ley, con todo el aparato estatal a su disposición, no se ajusten a las reglas que ellos mismos están facultados a hacer cumplir, que lo haga un ciudadano que no tiene ese mandato, esa responsabilidad. La misión del MPF, según se sostiene en la web del organismo, consiste en “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público en todas las causas y asuntos que se le imponga. En el caso del MPF, ejerce la acción penal pública y conduce la investigación, con arreglo a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, especialidad, oportunidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica”.

Dinámica

Una causa y una temática pusieron al MPF en el ojo de la tormenta: la causa que investiga los contratos de obra en la Legislatura provincial y la temática de violencia de género. Ambos ítems habilitaron críticas y defensas del accionar del MPF que fueron expuestas en los medios de comunicación con el rigor y la seriedad que cada medio es capaz de ofrecer a la sociedad. La “oportunidad” de acceder a los medios es aprovechada por todas las partes. Notas con la opinión o la posición de las partes ante el conflicto que atraviesan sus representados, son moneda corriente en los medios. En este “mapa judicial comunicacional” se debe tolerar que letrados que buscan desesperadamente “prensa” en los medios, cuestionen -cuando creen que no les conviene- el accionar de Fiscalía porque informa sobre los avances o brinda información de una causa de interés público. Creer que esto constituye una manipulación de los medios para direccionar el devenir de la causa en alguna dirección, es subestimar a la opinión pública y a los magistrados que deben dictar sentencia.

Principios

La denominada causa Contratos avanza sin pausa desde que se conoció en octubre de 2018. La prueba con la que cuenta Fiscalía para sostener la acusación es profusa y contundente. Sin embargo, la conducta de la procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche, puso en crisis los principios de “objetividad e imparcialidad” que debe contemplar el accionar de los fiscales. Este accionar fue puesto a consideración de la opinión pública en las páginas de El Diario en las ediciones del miércoles 5 de diciembre y el viernes 7 de diciembre de 2018.  Es evidente que tales conductas no harán caer una causa que cuenta con mucha prueba documental y testimonial, como se la fue adelantando en las distintas audiencias de prisión preventiva de algunos de los imputados en la mega causa que investiga un presunto multimillonario perjuicio a las arcas del Estado.

¿Mala praxis?

La temática de violencia contra la mujer tuvo una especie de mala praxis judicial en el femicidio de Fátima Acevedo y alcanzó el hartazgo de los colectivos de mujeres y de la sociedad en general, en el presunto femicidio de Julieta Riera. La temática también fue motivo de abordaje de El Diario, que en las ediciones del 2 de noviembre y el 15 de diciembre de 2018 informó de casos de maltrato a mujeres que acudían a denunciar a la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual.

En el primer caso hubo una serie de “desentendimientos” judiciales que no permitieron advertir el peligro en el que se encontraba la joven de 25 años y madre de un niño de tres. Esto quedó en evidencia en la audiencia de prisión preventiva de Nicolás Martínez, de 35 años, sospechoso del femicidio, cuando entre los hechos imputados antes del asesinato, el fiscal reveló un ataque con ácido que no tuvo éxito y las denuncias que la joven había realizado en el Juzgado de Familia.

En el segundo, el principal sospechoso es Jorge Julián Christe, de 31 años. Christe también lleva sobre sus espaldas “el peso” de ser el hijo de una magistrada. Lo que antes pudo ser una prerrogativa, ahora, con la causa en proceso, cambió. La dinámica comunicacional y la gravedad del hecho –una nueva víctima mujer, joven y madre- coadyuvaron a que el caso se informe con la seriedad y respetando los protocolos que este tipo de caso especial requiere. Así, los medios habilitaron una especie de alerta ante cualquier posible caso de indebido beneficio al imputado por su condición de “hijo de”.

Institucionalidad

La opinión pública, con la información en sus manos, decidirá si la causa que investiga la multimillonaria defraudación a la administración pública tuvo motivaciones “políticas” que no contemplaron el rol que debe, por Ley, resguardar y cumplir un importante miembro del MPF. Si esto es así, como no pocos lo sostienen, deberá ser motivo de una profunda investigación que despeje cualquier atisbo de sospecha. En caso contrario, la alegada institucionalidad quedará herida de muerte. También decidirá qué tipo de información privilegiará ante la investigación de un hecho delictivo que revista interés público, tal como lo son los femidicios. Tal decisión deberá contemplar “los pasos” que dan algunos letrados que acceden a los medios. Se trataría de una reflexión sobre la conducta de algunos abogados que aprovechan el momento que atraviesa el MPF para subirse al escenario comunicacional y realizar críticas con el sólo objetivo de “mejorar” la situación procesal de su representado. Esto, también hiere de muerte a las instituciones.