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miércoles, diciembre 11, 2019
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    Seguirán detenidos los sospechados por los supuestos contratos truchos

    La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, confirmó la resolución de la jueza de Garantías Nº1, Marina Barbagelata, que dictó la prisión preventiva por cuatro meses de Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Alfredo Bilbao y Esteban Ángel Alberto Scialocomo, sospechados en la causa que investiga supuestos contratos irregulares en la Legislatura.

     

    Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

     

    El 24 de octubre el Ministerio Público Fiscal decidió, a partir de “la evidencia hasta el momento colectada”, reformular el hecho que investiga las responsabilidades de los sospechosos de formar parte de “una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

    Este  viernes, la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, dio profusas fundamentaciones de su decisión de rechazar los recursos de apelación que presentaron las defensas de los imputados Beckman, Mena y Scialocomo, representados por José Velázquez y Humberto Franchi, y Bilbao, defendido por Damián Petenatti e Iván Vernengo, que cuestionaron la medida de coerción por parcial e infundada. Castagno confirmó la resolución de su par de Garantías, Marina Barbagelata, que les dictó el arresto preventivo por cuatro meses.

    Castagno dejó en claro que lo que se pretende custodiar en esta causa con la más extrema de las medidas cautelares, no es tanto el riesgo de fuga, habida cuenta que los imputados enfrentan cargos que los ponen en la puerta de la Unidad Penal con importantes condenas, sino el peligro de entorpecimiento de la investigación.

    En este sentido, señaló varias situaciones en la que los imputados, previo a los allanamientos que se realizaron en distintos estudios contables, intentaron borrar lo que constituiría evidencia de cargo. En este sentido, también consideró que en libertad o cumpliendo la medida en la modalidad de arresto domiciliario, como los solicitaron en subsidio los defensores, podrían ponerse en contacto con potenciales futuros imputados, en tanto que la investigación que se sustancia desde hace un mes y medio, y está a cargo de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, aún está abierta.

    En la audiencia de ayer, Castagno permitió que se proyectaran imágenes de los cuadernos y documentación secuestrada en los allanamientos.

    La jueza Carolina Castagno confirmó la resolución de su par de Garantías, Marina Barbagelata.

    La magistrada sostuvo su decisión, que fue cuestionada por las defensas que adujeron que el material no tenía relación con el objeto de la audiencia, en que, como no tenía “contacto con la causa” y en la acusación existe “fuerte sospecha vincular para con los hechos investigados”, podría verificar si “realmente existían elementos de la vinculación de los imputados” con lo que consideró, como Goyeneche, el “más grave hecho de corrupción de la historia de Entre Ríos”.

    Fuentes judiciales consultadas deslizaron que el pedido de los fiscales para exhibir el material, que estuvo durante toda la investigación resguardado por la reserva de las actuaciones y no era siquiera conocido por las defensas, fue “una puesta en escena para los medios”.

    También señalaron que “la jueza de Garantías no los podía conocer (a la prueba) porque tiene que llegar a la audiencia sin conocerla, además estaba vigente la reserva de las actuaciones que incluía a los apelantes, por lo que menos se podía hacerlo ahora” y añadieron que “se les dio a los fiscales la oportunidad de robustecer su pedido”.

    Allanamientos y un detenido

    Las fuentes consultadas señalaron una situación que consideraron como de “distinta vara”. Así, precisaron que en los allanamientos que se realizaron ayer en el contexto de la investigación se detuvo al suegro de uno de los sospechosos de integrar la organización.

    Se trata del ex policía Mario Almada, suegro de Juan Pablo Aguilera, quien es cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri. Según se precisó, en la casa de Almada no se encontró material relevante para la investigación.

    Sí se secuestraron celulares que fueron puestos voluntariamente por el hombre a disposición de la Justicia y se secuestró un arma que no tendría la documentación reglamentaria, que se halló en el baúl de auto de Almada. Según se indicó, aquél quedó detenido por esta situación.

    Las fuentes recordaron que en un allanamiento en la casa de Héctor Montiel, hijo del ex gobernador Sergio Montiel, se hallaron catorce armas, de las cuales nueve no tenían la documentación correspondiente. Montiel sigue vinculado al proceso, en libertad.

     

     

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