No recibió notificación para revisar la decisión, dijo Schneider

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El intendente de Crespo confirmó a El Diario que no había recibido ninguna notificación formal de parte del gobierno provincial para que revisara el decreto que habilita las reuniones sociales y familiares, por lo cual está vigente.

Redacción EL DIARIO / [email protected]

El pedido de autoridades provinciales y la oposición de los ediles justicialistas no lograron torcer la decisión del intendente de Crespo que habilitó las reuniones sociales con hasta 15 personas, en el marco de la cuarentena. Desde el martes rigen nuevas habilitaciones en esa ciudad del departamento Paraná.

Desde el martes, a partir de la firma del decreto 093/2020 del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), el intendente Darío Schneider estableció nuevas disposiciones para los habitantes de Crespo en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio extendido hasta el 7 de junio por el gobierno nacional.

A nivel local desde hace tres días se habilitaron las reuniones familiares y sociales domiciliarias de hasta 15 personas; se restablecieron los horarios comerciales habituales y se dispuso que las salidas recreativas con distanciamiento social no tienen restricción horaria, de edad y distancia.

Si bien, se explicó que la decisión fue tomada en base a los resultados epidemiológicos de esa ciudad en relación con la pandemia declarada a raíz del virus Covid 19, desde el gobierno provincial, la ministra Rosario Romero, y los ediles crespenses justicialistas le solicitaron que reviera la decisión sobre las reuniones familiares o sociales.

Ayer, a última hora de la tarde, el presidente municipal dijo a EL DIARIO que no había recibido ninguna notificación formal de parte del gobierno provincial para que revisara la disposición adoptada y que por lo tanto, “está vigente” el decreto en todos sus términos.

“DE A POCO”. La ministra comentó que la habilitación de reuniones sociales, familiares o con amigos, fue un tema que analizó en el gabinete y se optó por la posición de lo que el presidente llamó ‘cuarentena administrada’, o sea, ir de a poco midiendo la situación epidemiológica.

“Desde esa inteligencia veníamos trabajando con los municipios porque en realidad las políticas de salud, educación y seguridad son políticas del Estado provincial no son políticas de los gobiernos locales. Los gobiernos locales acompañan estas políticas y tienen plena autonomía en sus territorios, pero para otras cuestiones que tienen que ver con los servicios que le prestan al vecino y eventualmente, con algunas cuestiones de educación como los jardines maternales, colaboraciones con los centros de salud» agregó.

En particular, consultada sobre la decisión del intendente Schneider, en primer lugar dijo que se vio sorprendida por la medida porque a través de whatsapp la comunicación es muy fluida con los presidentes municipales y no había adelantado que fuera a adoptar ese criterio. Más adelante, comentó que «el intendente aludió a algo que nos pasa a todos los funcionarios públicos, los incesantes reclamos de los distintos sectores por ejemplo: los gimnasios de toda la provincia no solo reclaman sino además hasta se movilizaron. Entendemos que son muchos los sectores afectados y por eso vamos estableciendo esta gradualidad en la medida que la Ministra de Salud y el COES van emitiendo informes favorables, pero tiene que ser gradual, no puede ser de golpe el 100% de las actividades”.

Romero, en declaraciones a radio La Voz, estimó que si la situación “sigue muy bien” se pensará en las reuniones familiares o sociales “en breve” pero mientras tanto, trasmitió al intendente crespense que intentara retrotraer esa medida.

“Creo que el intendente de Crespo, en un solo punto de los que resolvió está equivocado, porque también resolvió que los comercios hicieran horario normal con esto no hay ningún desacuerdo porque si él puede ejercer los controles eso es un poder que tienen los municipios. También estableció las caminatas pero respetando las distancias, tampoco vamos a discordar con eso; con el único punto que no estamos de acuerdo es con permitir las reuniones», precisó Romero.

UNILATERAL. El bloque de concejales del Frente Creer de Crespo también tomó parte en la polémica.

Lo primero que aclararon es que al conocer que se habilitarían las reuniones sociales o familiares de hasta 15 personas, “dimos por entendido que las mismas estaban consensuadas con la provincia, como lo hizo el municipio en ocasiones anteriores. Nunca nos imaginamos que las medidas eran tomadas de forma unilateral por el gobierno local”.

Repudiaron la “actitud inconsulta, tomada por el intendente de la ciudad, ignorando lo establecido en las disposiciones nacionales y provinciales” y sostuvieron que “un funcionario responsable debe respetar y hacer respetar las decisiones que emanan de los organismos superiores. En el caso que nos ocupa –acotaron- se deben acatar las medidas de las autoridades sanitarias de la Provincia, al igual como se respetan las medidas en educación o en seguridad, que son competencia de la provincia, no de un municipio”.

Compartieron que hay una necesidad de ir flexibilizando las medidas, pero a la vez consideraron que “debe hacerse en el marco de los parámetros y decisiones que indiquen las autoridades sanitarias y no en función de lo que cada intendente decida hacer en su pueblo”.

En el pronunciamiento hecho público ayer, los concejales pidieron al intendente que “acepte la recomendación de la provincia y revise la decisión respecto de las reuniones, siguiendo el criterio adoptado por todos los municipios de Entre Ríos”, remarcaron.

Finalmente, vincularon la decisión tomada con expresiones de fuerte tenor que Schneider viene teniendo por entender que el gobierno no distribuye como debiera fondos que proceden de la Nación para enfrentar la pandemia. “Circunscriba a los ámbitos de discusión política sus diferencias con el gobierno provincial, pero no poniendo en peligro la vida de los habitantes de la ciudad”, reclamó el bloque de concejales de la oposición.

Casos para los que se prevén multas

Con respecto a la autorización para reuniones familiares y sociales, el decreto aclara que la medida dispuesta no alcanza a las personas que presenten cualquier tipo de sintomatología compatible con el Virus o que hayan estado en contacto, en los últimos 21 días, con individuos que haya presentado los síntomas, pacientes confirmados de virus COVID o con personas que se encuentren a la espera del resultado de un test para virus COVID. El incumplimiento será penado con una sanción de $50.000 de multa para el anfitrión o propietario del inmueble, donde tenga lugar la reunión.

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