El Colegio de Abogados mostró preocupación por la situación de niños y adolescentes

306
El Colegio se ha manifestado ante las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria, por el impacto que tienen sobre niños y adolescentes.

Las condiciones poco propicias que deben afrontar numerosos niños y adolescentes que están obligados a un confinamiento preventivo, producto del coronavirus, han llevado al Instituto de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados de Entre Ríos a manifestarse públicamente a través de un documento. EL DIARIO entrevistó a su titular, Alejandra Ramírez.

 

 

VALERIA ROBIN

[email protected]

 

Dada la necesidad de evitar la propagación del coronavirus, desde un tiempo a esta parte, la sociedad en general se ha visto empujada a reorganizarse, para estar a la altura del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto por el Gobierno Nacional.

De hecho, en este último tiempo -unos más, otros menos – todos han debido enfrentar múltiples desafíos: se han visto alterados los horarios de trabajo, la alimentación, las horas de sueño, los momentos dedicados a la lectura o la actividad física.

Desde luego, no hace falta ser un especialista para darse cuenta de que esta reorganización forzada de la vida cotidiana tiene consecuencias: puede crecer la preocupación, la angustia, el miedo, la irritabilidad y el exceso de información genera un estrés que repercute directamente en el estado anímico de las personas.

En este escenario, hay un aspecto crucial sobre el que vale la pena detenerse: lo que sucede en la vida de los mayores tiene implicancia directa en la vida de los más chicos, que- pandemia mediante- debieron continuar sus estudios de forma remota y limitar al interior del hogar los momentos dedicados al juego, al disfrute y a la interacción con otros.

Así, la suma de los factores ha desenmascarado una realidad que puede resultar sencilla de expresar pero que sin dudas es difícil de afrontar: son numerosos los casos de niños, niñas y adolescentes en la provincia, que viven en condiciones precarias, y que hoy por hoy se ven empujados a compartir el espacio con sus hermanos, padres, madres, abuelos o tíos, en convivencias difíciles, que se agravan al estar toda la familia encerrada bajo el mismo techo.

Es, por cierto, un tema de diversas aristas porque en paralelo, muchas veces no se tienen cubiertas las necesidades básicas, faltan las camas, el alimento y los productos de limpieza e higiene.

Y, por cuerda separada, aparece la cuestión de los hijos de padres separados, que es múltiple.

 

DEBAJO DE LA SUPERFICIE

Para conversar sobre estos aspectos, EL DIARIO dialogó con Alejandra Ramírez, directora de Instituto de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados de Entre Ríos, en virtud de que ese colectivo de especialistas produjo un documento sobre la normativa que se viene dictando en el marco de la emergencia sanitaria en relación al coronavirus Covid 19 y su impacto en las relaciones de familia, que es como decir, de qué modo afecta el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, la entrevistada indicó que “como Instituto, nos pareció importante analizar la constitucionalidad de las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria, y cómo toda esta normativa estatal (nacional, provincial y municipal), impacta de manera directa sobre las relaciones de familia de las hijas e hijos de progenitores separados con residencia en nuestra provincia de Entre Ríos, y en la implementación del sistema de cuidado personal y/o régimen de comunicación que se encuentre vigente”, expresó. En ese sentido, indicó que “la emergencia sanitaria obliga a tomar medidas excepcionales que implican una limitación a los derechos y dar prevalencia al interés del bien común por sobre los intereses particulares; con fundamento en el principio de razonabilidad que es aquel que impera en la limitación de los derechos particulares en pos del bien común y por sobre todo, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”, precisó, para luego decir que “sin perjuicio de ello, la situación en relación a los NNA debe ser revisada en forma permanente a fin de promover el establecimiento de alternativas que garanticen la más pronta rehabilitación de los derechos personalísimos de este grupo en situación de vulnerabilidad”.

Llamó la atención en ese sentido lo que señala el comunicado de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en relación a que “las regulaciones efectuadas hasta el momento ofrecen una oportunidad –no ideal- para que las hijas e hijos puedan tener contacto con ambos progenitores en el marco de la emergencia, y puedan ver sus derechos restringidos de la manera más limitada posible; siendo siempre necesario tener en cuenta la situación particular, y lo más adecuado a la satisfacción del interés superior que se presenta en juego”.

 

EN LOS HECHOS

“¿Qué situación vivían los niños antes de la pandemia?”, preguntó EL DIARIO. “En términos de derechos, debemos decir que nuestro bloque normativo convencional -en materia de niñez y adolescencia- garantiza los derechos personalísimos de este grupo en situación de vulnerabilidad, entre ellos, la vida, integridad psicofísica, salud, educación, recreación, a desarrollarse en el seno de una familia, entre otros”, afirmó la entrevistada, no sin dejar de lado que “el problema se plantea en relación a los recursos institucionales para garantizar el acceso a esos derechos, y su disfrute en forma plena e integral por parte de todo el colectivo de niñas, niños y adolescentes”. De su expresión se desprende que es aquí donde entran a jugar “las situaciones particulares de cada localidad, y donde el diseño y planificación de políticas estatales, y su implementación tienen un rol determinante”, toda vez que “donde la familia y la comunidad en la cual la persona menor de edad tiene su centro de vida, no pueden protegerlo, el Estado adquiere un rol protagonista”.

En otro tramo de la entrevista, Ramírez enfatizó que “claramente el contexto social donde los niños, niñas y adolescentes se desarrollan, impacta de manera directa en su acceso y disfrute”, y que “más allá de que el análisis de cada uno de los derechos mencionados merecería una observación diferenciada, lo que es evidente es que, en un marco de mayor vulnerabilidad, como es el que se ha fomentado durante los últimos años en nuestro país, resulta más dificultoso ver cumplido este ideal de protección integral de las niñas, niños y adolescentes”.

 

CUADRO DE SITUACIÓN

Fue entonces cuando evaluó que la situación que atraviesan los niños, niñas y adolescentes es preocupante. “Conforme han demostrados los últimos informes de UNICEF en nuestro país, es preocupante la cantidad de situaciones en donde las personas menores de edad, son víctimas de las peores formas de violencia, tales como el maltrato y el abuso sexual infantil”, indicó, no sin subrayar que dado “el número de situaciones en donde se ha valorado la ausencia de cuidados parentales”, grupos numerosos de NNA se encuentran “en una total desprotección, y desamparo respecto de la cobertura de sus necesidades esenciales”.

Del relato de la entrevistada se desprende que es fundamental la presencia del Estado, y que los distintos organismos trabajen en forma articulada, desde una perspectiva de derechos. Esa labor debe realizarse desde criterios de interinstitucionalidad, interdisciplinariedad e intersectorialidad.

En esa línea, Ramírez indicó que “nuestra provincia ha sido de vanguardia en relación al diseño de Protocolos de Actuación y Guías de intervención y abordaje profesional para estas graves situaciones referenciadas; sin perjuicio de lo cual, es necesario seguir trabajando en profundizar estas acciones, como así también involucrar activamente a los ciudadanos en su implementación”. En ese aspecto, el Instituto de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados de Entre Ríos, “direcciona gran parte de sus actividades en pos de colaborar en la difusión de estas temáticas y contribuir en el ámbito de su competencia a sumar mayor compromiso respecto a la protección de este grupo en situación de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes”.

 

Otras formas de comunicación

 

–¿Qué aspectos profundizó y cuáles debilitó la pandemia?

–Sin dudas, la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando nos pone en un estado de mayor alerta respecto al acceso de derechos de las personas menores de edad. Los derechos primarios y sociales merecen nuestra mayor atención teniendo en cuenta el compromiso en su salud, integridad y vida.

Vale decir que el aislamiento social, preventivo y obligatorio – como consecuencia inmediata de la pandemia- restringe las vías normales a partir de la cuales se garantiza un permanente contacto con los NNA que permite que los mismos puedan ser escuchados y salvaguardados en sus derechos. La escuela, el centro de salud, los clubes, etc, son actores sociales fundamentales en la vida de aquellos que se encuentran en una situación de desprotección y donde ellos se convierten en los canales para el cese de dicha vulneración.

Al margen, la pandemia impacta de manera directa en el ejercicio de ciertos derechos, tales como la adecuada comunicación de las hijas e hijos de progenitores separados con aquel que no conviven, impidiendo su derecho a desarrollarse en el seno de su familia; e igualmente, en derechos como su recreación y esparcimiento.

 

Normativa vigente

“Desde el Colegio entendemos que los Decretos Nacionales de Urgencia dictados por el Ejecutivo Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria con relación al coronavirus Covid 19, resultan plenamente operativos a la provincia de Entre Ríos, no siendo necesario la adhesión por parte de la provincia para que resulten vigentes”, expresó la entrevistada, antes de decir que “en consecuencia, esta normativa de emergencia, produce efectos inmediatos en relación a los derechos de los niños; siendo que el ASPO, tiene implicancia directa en su vida. En este sentido, ven restringido su derecho de transitar libremente, a la recreación y esparcimiento, a la educación -más allá de los sistemas con soporte virtual para garantizar su acceso, entre otros”.

Una de las preocupaciones mayores tiene que ver con la suerte de los hijos de padres separados.

 

Salidas recreativas

Ante una consulta, Ramírez informó que “uno de los conflictos que más han aquejado a nuestros tribunales, refieren a la afectación en la vinculación de las hijas e hijos de progenitores separados, y su comunicación con el progenitor con el cual no mantienen su centro de vida”. Al respecto, comentó que en un primer momento “se había resuelto que los NNA debían permanecer con el progenitor con el cual tuvieran su residencia principal, y solo excepcionalmente, se autorizaba el traslado por cuestiones laborales y/o de salud del progenitor que los tenía a su cargo, o bien porque se encontraban al momento de la entrada de vigencia del Decreto con el progenitor con el cual no tenían su centro de vida y/o fuera lo más conveniente al interés superior del NNA”, explicó.

La entrevistada se mostró conforme respecto a la última resolución dictada por el Jefe de Gabinetes, el 1º de mayo. “Es un avance respecto a esta restricción general, pues permite que el traslado con uno y otro progenitor, pueda realizarse, sin invocar los motivos referenciados, y siempre que tenga lugar una vez por semana”, valoró.

Luego, precisó que “claramente, las excepciones previstas no pueden abarcar ni predecir la totalidad de las situaciones que se puedan presentar en el desarrollo de la vida familiar; por lo cual, cuando no haya acuerdo entre los progenitores sobre cómo implementar las excepciones permitidas, la situación deberá ser dilucidada en sede judicial, resolviendo conforme al interés superior del niño”.

 

Estrategias y riesgos

“¿Cuál ha sido el criterio respecto a la habilitación de las salidas?”, quiso saber EL DIARIO. “Se ha delegado la regulación de las salidas en cada provincia y municipio, teniendo en cuenta el avance del virus en cada localidad, sin perjuicio de lo cual se establecen pautas mínimas por el Ejecutivo Nacional que deben ser tenidas en cuenta por los gobiernos locales, tales como que cada salida no debe exceder de un radio mayor a los 500 metros del domicilio donde tiene su centro de vida, y no puede durar más de una hora al día”, preció Ramírez, antes de indicar que “nuestra provincia, desde hace unos días, habilitó dichas salidas, considerando ello un avance respecto del ejercicio de los derechos mencionados, al margen de la responsabilidad social que ello conlleva”.

Fue entonces cuando agregó que “además, se ha regulado expresamente, ante las erróneas interpretaciones que se han generado sobre los textos señalados, la habilitación para que los niños y niñas de hasta 12 años, puedan acompañar a sus progenitores en la realización de actividades autorizadas, como las compras en supermercados y/o farmacias, teniendo en cuenta la contradicción que se genera ante la ausencia de otro referente adulto que los pueda cuidar mientras llevan adelante las mismas”.