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Fumigaciones: el fallo generó inquietud en el gobierno y festejos en Agmer

La decisión del STJ de rechazar el amparo de Fiscalía de Estado por las fumigaciones generó inquietud en ámbitos del Poder Ejecutivo y por estas horas se analizan los pasos a seguir.

 

Apelar a la Corte o recurrir a la legislatura para dictar una ley surgen como alternativas. Además, y por las características de la sentencia, se puso en cuestión la injerencia de un Poder sobre el otro; el Judicial sobre el Legislativo. Por su parte, desde Agmer, uno de los demandantes junto al Foro Ecologista, mostraron su satisfacción por el fallo.

El fallo de la Sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ratificó la prohibición de fumigar en ciertas zonas alrededor de las escuelas rurales de inmediato generó inquietud en la Secretaría de la Producción y el análisis del contenido de la sentencia en la Fiscalía de Estado.

En tanto, con el correr de las horas, la Asociación Gremial del Magisterio celebró públicamente el fallo judicial, que atribuyó a “la lucha que viene sosteniendo nuestro sindicato en conjunto con las organizaciones ambientales, las comunidades educativas y los expertos que han aportado elementos concretos para comprender el riesgo de los agrotóxicos”.

Oficialmente, la Fiscalía de Estado no se pronunció de inmediato sobre la decisión de la Sala. Pero se conoció que tanto ayer como en esta jornada ese organismo, la Secretaría de la Producción y el Consejo General de Educación se abocaban a analizar el escrito para decidir los pasos a seguir. Presentar recurso judicial ante la CSJ es una posibilidad para la cual corre un plazo de 10 días hábiles. Otra alternativa sería instrumentar medidas en línea con lo que observaron los magistrados y que la Legislatura se aboque a sancionar una ley respondiendo al señalamiento de “omisión del Estado” al que alude el pronunciamiento judicial, en particular por la inexistencia de una norma relativa a las áreas donde funcionan escuelas rurales.

Obviamente, se marcaba las diferencias en los fundamentos de los vocales y, consecuencia de una primera lectura, se sostenía que el fallo no resolvía una controversia puntual sino que directamente dictó una norma jurídica. De ahí, se ponía en cuestión la injerencia de un Poder en otro, el Judicial en el Legislativo, concretamente.

Festejo. Mientras Fiscalía de Estado analizaba los aspectos jurídicos y la Secretaría de la Producción estudiaba el impacto del fallo, Agmer informaba que “desde la Comisión Directiva Central celebramos el fallo del Superior Tribunal de Justicia que deja firme la sentencia que prohíbe realizar fumigaciones por vía terrestre o aérea en las proximidades de los establecimientos educativos rurales. Consideramos que esta definición del máximo órgano del poder judicial de la provincia de Entre Ríos es en parte fruto de la lucha que viene sosteniendo nuestro sindicato en conjunto con las organizaciones ambientales, las comunidades educativas y los expertos que han aportado elementos concretos para comprender el riesgo de los agrotóxicos”.

La organización sindical destacó “el papel desempeñado por Agmer y su campaña “Paren de fumigar las escuelas”, que junto al Foro Ecologista de Paraná actuaron como firmantes del recurso de amparo ante el STJ, con el respaldo de los demás colectivos en defensa del ambiente y referentes del mundo académico que formaron parte de este arduo proceso de generación de conciencia en torno a los peligros que encierra la profundización de un modelo productivo basado en el uso de agrotóxicos, el cual arroja consecuencias irreparables tanto para el medio como para la salud de nuestras poblaciones rurales, promoviendo formas alternativas y sustentables de producción agropecuaria”.

 

La decisión del STJ y lo que queda en pie

El fallo apelado había determinado 1) la fijación de una franja de 1.000 metros libres del uso de agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal, cuyo objetivo sería impedir y disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos; 2) se prohíba la fumigación aérea en un radio no menor a los 3.000 metros, de conformidad a lo ordenado por el decreto reglamentario de la Ley de Plaguicidas para el radio de las plantas urbanas; 3) ordena el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas y adolescentes y personal docente y no docente que asistan a las escuelas rurales, mediante análisis de sangre, orina y genéticos de los menores; y 4) a través de la Dirección de Hidráulica de la provincia se ordena el análisis sobre el agua de lluvia y agua utilizada para el consumo de los alumnos, que comprenda un estudio físico químico y se investigue la presencia de los siguientes agrotóxicos: órganos clorados y fosforados, carbomatos y piretroides.

 

El fallo de la sala del STJ resolvió hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos y, en consecuencia, revocar el punto 4 en su totalidad y parcialmente el punto 3 en lo referente a la condena al Consejo General de Educación a plantar barreras vegetales; y confirmar el resto de la sentencia dictada.

La decisión del STJ abre una polémica en términos jurídicos y legales que genera controversia entre los Poderes del Estado. Foto Gustavo Cabral.