Causa contratos Legislatura: reanudarán pericias contables

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La ampliación de las actividades exceptuadas del aislamiento obligatorio por el Decreto N° 397 posibilitó que se retomaran las pericias contables iniciadas para determinar el monto de lo que supuestamente sustrajo de las arcas del Estado una presunta organización enquistada, durante diez años, en la Legislatura provincial.

“Atento a la Decisión Administrativa N° 622/2020 del Jefe de Gabinete de Ministros, mediante la que se amplían las actividades exceptuadas por el Artículo 6 del Decreto N° 397/20 de aislamiento obligatorio, incluyendo en dichas excepciones a los profesionales liberales en la Provincia de Entre Ríos, se dispone: Reanudar las operaciones periciales contables que se venían desarrollando en el marco de la presente Investigación Penal Preparatoria (IPP),  fijando para el desarrollo de la labor encomendada los miércoles de 8 a 12 horas, comenzando a partir del próximo 6 de mayo”.

La resolución de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, que se emitió ayer, también consignó que “para llevar a cabo dicha actividad se habilitarán dos oficinas en dependencias de esta Fiscalía, a fin de garantizar el cumplimiento del distanciamiento social y todas las normas de higiene requeridas”. Finalmente se ordenó “notificar a la defensa y peritos de parte”.

 

La investigación que periodísticamente se conoció como causa Contratos se sustanció para determinar las responsabilidades, en un principio, de Flavia Marcela Beckman, Hugo Ruben Mena, Hugo Américo Luna (f), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas”, quienes habrían participado de “una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

Según la acusación, los hechos investigados habrían ocurrido «al menos entre el período de tiempo que va desde el mes de enero del año 2008 al 20 de septiembre de 2018”. La supuesta “actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores en enero de 2008”, mientras que en la Cámara de Diputados, tal accionar se “habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011”. Fiscalía sostiene que “entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Beckman y Mena”.

 

Fiscalía asegura que “la maniobra descripta, también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado” y con el aporte de “autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

La acusación sostiene que los integrantes de la organización “eran remunerados también a través de contratos transitorios con el Senado de la Nación, en concreto, mediante contratos dados por los senadores Pedro Guastavino y Sigrid Kunath”, ambos con mandatos cumplidos.

 

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