Niegan arresto domiciliario fundado en impacto psicológico por Covid-19

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El imputado seguirá alojado en la Unidad Penal N°3 de Concordia.

La defensa sostuvo que el grupo familiar del imputado está en situación de vulnerabilidad social y económica, agravada por el aislamiento. Fiscalía se opuso y sostuvo que no es población de riesgo y la situación de la familia “no escapa a la que está transitando la sociedad en su conjunto”.

 

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, en su integración unipersonal en la vocalía de Mariela Rojas, resolvió ayer rechazar el pedido de prisión domiciliaria que realizó un hombre imputado de integrar una red de venta de drogas que operaría en Basavilbaso.

La jueza sostuvo que “debe tenerse presente que esta investigación refiere a la presunta existencia de una red de comercialización de estupefacientes, en la que se encuentran involucradas al menos nueve personas y -tal como lo ha afirmado en reiteradas oportunidades este Tribunal- la pluralidad de intervinientes en el hecho delictivo, opera como indicio en orden a la posibilidad real de que el nombrado pueda entorpecer el accionar de la justicia”. Seguirá alojado en la Unidad Penal N°3 de Concordia.

Tras analizar las posiciones de las partes, Rojas sostuvo que “sin perjuicio de no desconocer la gravedad de la situación que atraviesa nuestro país y el mundo entero, no puede disponerse en forma indiscriminada la conversión de prisión en detención domiciliaria de los procesados o condenados a penas privativas de la libertad que se encuentran alojados en distintas unidades carcelarias”.

En este sentido añadió que aquello es “así, en principio, toda vez que, la incertidumbre en cuanto a la propagación del virus es por cierto angustiante para todos los ciudadanos, y si bien se ve agravada para quienes están privados de su libertad, tal como lo pone de manifiesto Fiscalía General, el procesado se encuentra en idéntica situación que todas aquellas personas que se encuentran detenidas, por lo que brindar contención a su familia no configura un presupuesto excepcional que amerite disponer una modificación en la modalidad de coerción actualmente vigente a su respecto”.

La defensa oficial fundamentó la solicitud de prisión domiciliaria, entre otras normas nacionales e internacionales, en “la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 260/2020, y las recomendaciones realizadas por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal en consonancia con la declaración de Pandemia dictada por la Organización Mundial de la Salud por la aparición del Covid 19- donde se ha indicado las personas que se encuentran en situación de riesgo al respecto”. En este sentido, resaltó que “el grupo familiar de su asistido se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido al contexto de carencias tanto sociales como económicas que atraviesa su familia, que se ve agravado notablemente por el impacto psicológico que genera la prohibición de salida de su domicilio y la imposibilidad de contar con la ayuda de sus familiares”.

La defensa indicó que la pareja del imputado, a la sazón sospechada de ser la líder de la organización investigada, “se encuentra en arresto domiciliario desde prácticamente el inicio de la causa, las actividades de sus hijos continuaban por intermedio de amigos y allegados, las cuales han sido interrumpidas por las medidas dispuestas por el gobierno nacional en razón del DNU 297/20, al igual que los acercamientos familiares que usufructuaban tanto su defendido como su pareja”. En este sentido resaltó que “todos estos cambios intempestivos en la vida cotidiana, han generado un gran impacto a nivel emocional en los integrantes de la familia, situación que reclama la presencia de su asistido en el domicilio para poder ayudar y contener a su esposa y a sus hijos mientras dure la emergencia sanitaria”.

Finalmente, la defensa mencionó “las condiciones actuales de detención y superpoblación en los establecimientos carcelarios, la precaria infraestructura edilicia y la escases e imposibilidad de contar con los recursos humanos adecuados y suficientes, hace necesario adoptar medidas excepcionales en pos de prevenir y reducir el enorme impacto que podría ocasionar la proliferación del Covid-19”.

El Ministerio Público Fiscal instó el rechazo del pedido “por considerar que el procesado -al no estar afectado por ninguna de las patologías que se consideran de riesgo ante el Covid-19-, se encuentra en idéntica situación que el resto de las personas privadas de su libertad. Que la pretendida situación de vulnerabilidad que atraviesa la familia de DAS, no escapa a la que está transitando la sociedad en su conjunto. Señala que la pareja, se encuentra cumpliendo prisión preventiva en su domicilio en el marco de esta causa -donde se investiga una importante red de comercialización de estupefacientes en la que se encuentran procesadas nueve personas-, por ser señalada en la investigación como quien lideraba la organización criminal en Basavilbaso”.

El fiscal resaltó que por los motivos antes mencionados y por “la magnitud de la organización criminal de la que formaba parte es dable concluir que el procesado DAS estando en su domicilio, sin el debido control, podría fugarse para evitar su juzgamiento, por lo que el pedido de la defensa debe ser rechazado”. No obstante, “ante la excepcional circunstancia de público y notorio, se solicitó como medida para mejor proveer la realización de un informe médico que referencie el estado de salud del procesado”. El informe realizado por el médico de la Unidad Penal N° 4 dio cuenta que el interno DAS “no presenta antecedentes patológicos de importancia; no se encuentra medicado; sin alteraciones al examen físico; no se encuentra contemplado en la población de riesgo frente al Covid-19”.