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martes, mayo 26, 2020
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    El STJ decidió autorizar el uso de celulares en cárceles provinciales

    El Superior Tribunal de Justicia dio curso a una presentación realizada por los delegados penitenciarios de la jurisdicción Paraná y por abogados ante los Juzgados de Ejecución de la provincia de Entre Ríos, y autorizó el uso de telefonía celular en todas las cárceles de la provincia.

    La medida regirá durante el período en la subsista la pandemia por el virus Covid-19 y las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional.

    Los vocales del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell, Miguel Ángel Giorgio y Susana Medina, dieron curso a una presentación realizada por los delegados penitenciarios de la jurisdicción Paraná y por abogados ante los Juzgados de Ejecución de la provincia, y autorizaron el uso de telefonía celular en todas las cárceles de la provincia.

    En la resolución se decidió “autorizar el uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias de la provincia durante el período en el que subsista la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional y sus prorrogas”.

    Protocolo

    Asimismo se dispuso “la creación de un protocolo normativo de implementación de la actual autorización la que será concretada en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia y en cuya confección participaran además de las autoridades que el Poder Ejecutivo disponga, representantes de los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal y Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia, todo ello a los fines de asegurar la efectiva comunicación de internos con sus familiares y que no sea utilizada con fines ilícitos”.

    El protocolo se adecuó “a los fines de asegurar la efectiva comunicación de internes con sus familiares y que no sea utilizada con fines ilícitos, teniendo en cuenta para ello las pautas referidas por el señor Procurador General, tales como el registro de aparatos, de números de los familiares de destino, permisos de horario de uso, espacios de privacidad, entre otras que sean de utilidad en el caso”.

    Control

    La resolución tuvo en cuenta el “señalamiento del director del Servicio Penitenciario en cuanto a la imposibilidad de control de las referidas comunicaciones como así tampoco que la oportunidad pueda ser utilizada por alguno para la comisión de ilícitos o amedrentamiento de víctimas o sus familiares, más ello será objeto de la correspondiente investigación a iniciarse en tales casos y repercutirá directamente en las posibilidades de comunicación y como así también de las sanciones que correspondan, tanto administrativa como judicialmente respecto del interne que incurra en estas inconductas”.

    Crisis

    Los impulsores de la medida fundamentaron el pedido en el entendimiento de que “la prohibición de uso de telefonía celular en los establecimientos penales entra en crisis en esta pandemia, y habilita la autorización regulada y excepcional para no agravar las condiciones de encierro y por cuanto la contención familiar es un derecho inalienable de toda persona detenida y ello exige revisar los dispositivos vigentes a fin de ajustarlos a las posibilidades que ofrecen los actuales entornos tecnológicos”.

    La medida consideró que “en esta situación y si bien a raíz de los reclamos realizados por los internos el Servicio Penitenciario ha puesto a disposición los teléfonos públicos ubicados en los pabellones como así también los pertenecientes a equipos técnicos para asegurar un mayor abastecimiento, tal y como lo informa, ello resulta insuficiente por su escasez, en este contexto, donde incluso el resto de la población se encuentra con menores posibilidades de libertad ambulatoria”.

    Contexto

    Los peticionantes destacaron que el contexto de la presentación consideró que “el Servicio Penitenciario de Entre Ríos por Resolución n°186/20 suspendió todo tipo de visitas a la población penal, lo que se ha sumado a la prohibición de salidas transitorias. Que, en este sentido la privación extra de derechos, en este caso el derecho a la comunicación familiar, social e institucional a las personas privadas de libertad configure en este contexto un agravamiento excepcional de las condiciones de detención que debe ser morigerado”.

    AL MARGEN

    En la resolución se mencionó que “resulta evidente que el bienestar psicofísico de las personas privadas de libertad es un derecho que no puede verse suspendido durante su estadía en prisión. En otras palabras, ‘la cárcel no priva de otros derechos más que la libertad’ (Fallos 318:1894) y por ello la privación de libertad no puede implicar el cercenamiento de otros derechos básicos en miras a lograr la reinserción social. Entre estos derechos básicos se encuentra el derecho a la comunicación y al mantenimiento de los vínculos familiares”.

    Se evaluó la implementación de la medida

    El presidente del STJ, Martín Carbonell, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y el director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, se reunieron a fin de evaluar la implementación de las medidas resueltas por la Justicia de autorizar el uso de celulares en las Unidades Penales.

    El Superior Tribunal de Justicia notificó este viernes que autorizó el uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias de la provincia durante el período en el que subsista la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional y sus prórrogas.

    Luego de conocerse la medida, la ministra Romero y el director del Servicio Penitenciario, se reunieron en la sede del STJ, y por convocatoria del presidente, Martín Carbonell; los vocales Miguel Giorgio y Susana Medina; el Procurador General, Jorge García y el Defensor General, Maximiliano Benítez.

    “Se evaluaron diversas medidas que se han tomado hacia el interior de las unidades penales de la provincia con motivo de la pandemia. Específicamente se trabajó sobre el protocolo a desarrollar para la nueva disposición del Superior Tribunal de Justicia que permite un uso regulado, de celulares por parte de los internos, mientras dure la pandemia, a efectos de posibilitar un contacto con sus vínculos familiares”, comentó la ministra Romero luego del encuentro.

    “En tal sentido, se desarrollaron algunas ideas sobre el protocolo de implementación que está siendo elaborado en órbita del Ministerio de Gobierno y será puesta a consideración de los distintos órganos judiciales y administrativos que intervienen en el proceso del cumplimiento de la ejecución penal”, indicó.

     

     

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