Afirman que Covid-19 no agrava encierro preventivo en la cárcel

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La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó un arresto domiciliario.

Lo sostuvo la Cámara Federal de Apelaciones al abordar el rechazo al recurso de habeas corpus que interpuso un imputado en una causa que investiga a una presunta organización acusada de vender drogas en Paraná y Concordia. Se expresó que “la mera invocación de que existiría la posibilidad de contraer el Covid-19” en la cárcel, “no configura” el supuesto previsto por la norma”. La defensa solicitó el arresto domiciliario.

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El domingo 29 de marzo en Acuerdo del Tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Mateo Busaniche y Cintia Gómez, se resolvió “mantener la decisión venida en consulta”.

Fue en relación al recurso de habeas corpus que presentó la defensa de Luciano Carlos Mendoza Rivollier ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y fuera rechazado in limine. La Cámara señaló que “si bien la magistratura de grado posee habilidad cognitiva para entender en la acción planteada, no se verifica que las circunstancias alegadas puedan ser enmarcadas en una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad. Es que la mera invocación de que existiría la posibilidad de contraer el Covid-19 en el establecimiento carcelario, no configura el supuesto previsto por dicha norma”.

En este sentido, destacaron que el juez de primera instancia señaló que “no se advierte que exista un agravamiento ilegitimo – por acción u omisión de parte de autoridad alguna – de las condiciones en que el imputado Mendoza Rivollier cumple su privación de libertad”, por lo que entendieron que “la decisión venida en consulta debe ser mantenida”.

Tobillera

La Cámara se expidió en el expediente caratulado “Mendoza Rivollier, Luciano Carlos sobre Habeas Corpus”, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay. Los magistrados decidieron “mantener la decisión venida en consulta” y mantuvieron el rechazo del pedido de arresto domiciliario, que la defensa fundó en el Covid-19 o Coronavirus.

Así, el imputado continuará detenido en la Unidad Penal N°1 de Paraná, tal como lo decidió el juez federal de Concepción del Uruguay, mientras se sustancia el proceso. La defensa de Mendoza Rivollier se presentó “ante el rechazo in limine de la acción de habeas corpus” y pidió se le conceda a su defendido la prisión domiciliaria en la casa del hermano, con tobillera electrónica o vigilancia permanente de personal policial.

El caso

La causa se sustancia contra Matías Nicolás Servant, Héctor Agustín Caccia, Evangelina Yolanda Gamarra, Luciano Carlos Mendoza Rivollier, José Roberto Sterz y Santiago Emanuel Santa Cruz. Los seis imputados son investigados por el presunto delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por tratarse de más de tres personas en forma organizada en calidad de coautores.

Entre las medidas que se adoptaron en el proceso, los sospechosos fueron embargados por la suma de 10.000 pesos cada uno. Al grupo se le enrostró integrar “una organización delictiva, que sería liderada por Sterz, destinada a la comercialización de estupefacientes en, al menos, las ciudades de Paraná y Concordia, Entre Ríos”.

Sterz fue condenado a diez años de prisión en la causa conocida como Cocina narco en Paraná. Estaba con libertad condicional cuando fue nuevamente detenido, vinculado a la venta de estupefacientes.

En la investigación “estarían incluidas interceptaciones telefónicas, tareas de inteligencia y obtención de imágenes, motivo por el cual se realizaron diversos allanamientos y registros por parte de la Policía Federal Argentina (PFA).

Propagación

El defensor “alegó que la rápida propagación del Coronavirus en nuestro país agrava sustancial e ilegítimamente el actual estado de detención de su defendido, refirió a los distintos amotinamientos que han sucedido en estos días en el país y en nuestra provincia, y citó jurisprudencia”.

La defensa cuestionó que “el juez Federal para desestimar la acción intentada, indicó que lo requerido es una presentación quejosa que busca reeditar los planteos oportunamente efectuados en sus diferentes excarcelación, prisión domiciliaria y morigeración de detención que fueran rechazados por el Magistrado y se encuentran firmes, al igual que su procesamiento y prisión preventiva”.

Asimismo, criticó que el juez consideró que “la situación actual de Emergencia Sanitaria declarada mediante DNU 260/2020 comprende a toda la población carcelaria, a la población general del país y al resto del mundo, situación propia de una pandemia, por lo que no se puede considerarse como un cercenamiento y/o agravación ilegítima de la situación del imputado”.

Asistencia

El defensor señaló que el juez, en el rechazo al pedido, manifestó que “la unidad penal cuenta con asistencia de un médico a disposición de la población carcelaria las 24 horas y que, en caso de no contar con los medios suficientes para atender las necesidades de los internos, el servicio penitenciario se encuentra habilitado para trasladarlos hasta el centro asistencial u hospital que sea necesario”.

Finalmente, en sus argumentos, el defensor señaló que el magistrado “concluyó en que no se dan ninguno de los supuestos previsto en el artículo 3 de la ley 23.098 y, por lo tanto, rechazó in limine la acción de habeas corpus intentada. Sin perjuicio de ello, dispuso librar oficio al Director de la Unidad Penal N°1 para que arbitre los extremos a fin de garantizar la seguridad e integridad psicofísica del imputado”.