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lunes, junio 1, 2020
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    Descomprimen conflicto en las cárceles

    La intervención permitió que un reclamo de reclusos de la cárcel de Paraná no tuviese consecuencias que lamentar.  La concesión de la domiciliaria a 12 internos con causas federales se sumó a otras órdenes para mejorar las condiciones de reclusión. En la provincia intervino el Colegio de Abogados.

     

    La jueza de Ejecución del fuero federal, Noemí Berros, resolvió conceder, tras un detallado análisis de cada caso, la prisión domiciliaria temporal a 12 condenados por causas federales que estaban alojados en unidades penales entrerrianas. En su resolución, la magistrada destacó que la decisión estuvo determinada por “la situación de público conocimiento originada en la pandemia generada por el Covid-19”, situación que por “razones de seguridad pública impusieron la necesidad que este Juzgado adopte medidas de carácter general en el marco de las presentes actuaciones caratuladas Visitas de cárceles”. Fuentes judiciales consultadas destacaron que la decisión de la jueza ofició como un bálsamo que tranquilizó una situación que comenzaba a cobrar una preocupante densidad. En este sentido, se añadió que el Tribunal Oral Federal de Paraná, está muy atento a la situación de las unidades penales de la provincia. Esta atención motivo la intervención de oficio en el naciente conflicto.

    En la resolución, Berros indicó que “el Tribunal, en el contexto de las medidas de seguridad sanitarias dispuestas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), solicitó informes a los servicios penitenciarios federal y provincial a los fines de informarse del estado de situación de las personas condenadas detenidas en unidades penales que puedan ser consideradas como pacientes vulnerables, comprendiendo a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas” y pacientes con distintas patologías que los hacen vulnerables al virus y otras afecciones. Asimismo se solicitó que se informe sobre la situación de los condenados que reúnan los requisitos temporales para acceder el beneficio de la libertad anticipada, con la observación de reglas de conducta.

    Berros recordó que, en virtud de la inédita situación generada por la pandemia, “en forma simultánea y a efectos de extremar las medidas de aislamiento social decretadas por el Poder Ejecutivo, este Juzgado por resolución del 8 de marzo” ordenó “suspender desde el día de la fecha y hasta el 31 de de marzo inclusive, los egresos socio familiares (ordinarios y extraordinarios), por estudio y los regímenes de semi libertad de los internos a disposición de este Juzgado de ejecución, como así también todo tipo de visitas externas procedentes del exterior de la UP”. No obstante, en aquel momento, se ordenó que se facilite a los reclusos la comunicación con el exterior vía telefónica o por otro medio electrónico y extremar las medidas sanitarias y de control de los internos y suspender los traslados por acercamiento familiar, limitándolos a aquellos que la situación sanitaria lo amerite pertinente.

    La pronta intervención de la Justicia Federal adquiere relevancia si se la analiza desde la perspectiva de la reacción de la Justicia ordinaria. En ésta, la mediación del Colegio de Abogados de Entre Ríos entre un importante número de reclusos, que elevaron un petitorio a las autoridades reclamando elementos de higiene más la rápida resolución de los legajos de ejecución de penas en condiciones de ser resueltos, y las autoridades, también coadyuvó a que la situación no saliera de los carriles del diálogo y el acuerdo. En este sentido, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia, a cargo de un juez subrogante, ordenó una serie de medidas en el contexto del legajo caratulado Actuaciones Administrativas Huelga de Hambre Unidad Penal N°1 de Paraná s/Ejecución de Pena.

     

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