Home, Política

Legislatura: la estafa superaría los $ 1.200 millones

La Justicia estimó que en la última década hubo millonarios desvíos de dinero en la causa de los denominados “contratos truchos”. Entre los implicados están los actuales senadores nacionales Guastavino y Kunath.

El secreto de sumario de la causa que tomó estado público a partir de los allanamientos en dos estudios contables, y que puso bajo la lupa a integrantes de la Cámara de Senadores y de Diputados de la provincia, quedó levantado ayer.

El Ministerio Público Fiscal emitió una resolución en la cual describió cómo funcionó, desde 2008 hasta septiembre de este año, el mecanismo de desvío de fondos de ambas cámaras legislativas, a través de contratos truchos.

En el escrito se ratificó la responsabilidad en los hechos de las personas que ya están detenidas y se implicó, entre otros, a los senadores nacionales justicialistas Pedro Guastavino y Sigrid Kunath y a autoridades de las cámaras durante los distintos períodos, entre ellos a Juan Pablo Aguilera, Juan Domingo Orabona, Gustavo Pérez y Sergio Cardoso.

Los fiscales calculan que, durante los 10 años en los que se desplegaron las maniobras, con este mecanismo se sustrajeron al menos 1.235 millones de pesos. En una resolución emitida este miércoles, el Ministerio Público reformuló los hechos investigados y describió el mecanismo instrumentado para la defraudación.

Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de 4.500 pesos cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de 50.000 pesos” por contrato.

En Diputados, en tanto, “la sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011”, con contratos de 5.000 pesos cuyos montos se fueron incrementado también hasta 50.000 pesos.

“Entre ámbas cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Beckman y Mena”, se precisó desde el MPF.

En la resolución no aparecen mencionados los nombres del vicegobernador Adán Bahl, ni sus antecesores José Cáceres y José Eduardo Lauritto; tampoco el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, ni quien lo precedió en el cargo, José Ángel Allende.