Conceden arresto domiciliario a un recluso que es población de riesgo

0
79
Pidió el derecho en noviembre de 2019 y se lo otorgaron el miércoles pasado

El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió conceder la prisión domiciliaria temporaria a un procesado que necesitaba realizarse estudios médicos. La defensa destacó que tiene 66 años, es enfermo cardíaco crónico y se encontraría dentro del grupo de riesgo más vulnerable de la sociedad para la prevención del Covid-19 o Coronavirus.

 

El miércoles 18 de marzo, un día antes de que el presidente Alberto Fernández anunciara a la Nación la implementación del aislamiento social preventivo obligatorio para combatir la propagación del Covid-19 o coronavirus, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná resolvió conceder a un procesado de 66 años el arresto domiciliario provisorio para que pueda realizarse una serie de estudios médicos.

El Tribunal entendió que correspondía conceder el derecho por “la edad del procesado” y porque “no se han podido realizar los estudios médicos requeridos para resolver su situación y que según la defensa se encontraría dentro del grupo de riesgo más vulnerable de la sociedad para la prevención del Covid-19 (Coronavirus)”.

Resolución

El TOF, mediante resolución 33/20 resolvió “conceder la prisión domiciliaria temporaria al procesado JÁL, hasta tanto sean realizados todos los estudios médicos requeridos”.

La medida se cumplirá en una vivienda ubicada en una localidad de Santa Fe. Asimismo ordenó “hacer saber a JÁL que podrá retirarse transitoriamente de su domicilio, excepcionalmente, ante un caso de urgencia médica, debiendo posteriormente acreditar ante este Tribunal el motivo que invoque. Asimismo, hacerle saber que, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas, se le revocará el beneficio concedido”.

Finalmente, el TOF ordenó “el traslado al domicilio en forma inmediata, por intermedio del personal penitenciario de la Unidad Penal N°1, desde la misma y al domicilio precedentemente referido, previo labrarse el acta en el que se le notificará y hará saber puntualmente las obligaciones que asume establecidas en el punto precedente”.

Riesgo

En la audiencia, la defensora pública Noelia Quiroga solicitó que se resuelva el pedido de prisión domiciliaria que fue presentado el 6 de noviembre de 2019.

También expuso que el 4 de febrero de 2020 se le notificó que “se debía esperar para resolver, el turno para electroencefalograma, control cardiológico y de laboratorio”.

Así, puesto que su pupilo “no fue llevado al turno, se solicitó se reprograme el mismo con urgencia, ya que se requería para resolver el beneficio de la prisión domiciliaria”.

Quiroga destacó que el hombre “debe colocarse una inyección contra la neumonía y se debe tener en cuenta que tiene 66 años, padece de una enfermedad cardiaca crónica y actualmente se encontraría dentro del grupo de riesgo más vulnerable de la sociedad para la prevención del Coronavirus. Por todo lo referido solicita que se autorice una prisión domiciliaria temporaria hasta tanto se realicen los estudios correspondientes”.

El fiscal Candioti se opuso a la prisión domiciliaria.

Extremos

El fiscal José Ignacio Candioti consideró que “no obran la totalidad de las constancias que fueran requeridas a los fines de corroborar el cuadro clínico denunciado, por lo que no están dados los extremos requeridos por el legislador para habilitar la concesión temporaria del beneficio de la prisión domiciliaria”.

El funcionario también señaló que “de acuerdo a lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal, mediante Acordada 3/20, acerca de los cuidados de las personas en riesgo que se encuentran privadas de su libertad, no se halla debidamente acreditado que el procesado se encuentre inserto dentro de aquel grupo y expresa que para el supuesto que se considere que el imputado necesite cuidados especiales, podría disponerse su internación hospitalaria”.

Derecho

En la resolución, el TOF sostuvo que “el otorgamiento del arresto domiciliario no es facultad discrecional de los magistrados, sino un derecho de las personas en conflicto con la ley penal y que los supuestos del mismo, previstos en la Ley 24.660 y el Código Penal, se aplican también a los procesados y que los mismos no resultan taxativos y pueden existir situaciones o circunstancias en las que, razones humanitarias o de protección de menores, autoricen su aplicación”, añadiendo que debe considerarse “para evaluar su aplicabilidad, tanto la naturaleza del instituto en análisis, como las razones tenidas en cuenta por el legislador para su procedencia en cada uno de los supuestos contemplados”.

Tras evaluar aquellas consideraciones el TOF sostuvo que “debe atenderse a la edad del procesado, que no se han podido realizar los estudios médicos requeridos para resolver su situación y que según la defensa se encontraría dentro del grupo de riesgo más vulnerable de la sociedad para la prevención del Covid-19 (Coronavirus). En consecuencia, se entiende posible la morigeración del encierro cautelar de JÁL de manera temporaria hasta tanto se realicen los estudios médicos correspondientes”.