Coronavirus: presos reclaman por condiciones de reclusión

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En la cárcel de Paraná conviven unos 900 internos.

Un grupo de reclusos “autoconvocados” presentó una nota a las autoridades reclamando por falta de elementos de higiene y el cese de las visitas, que les llevaban aquellos elementos y alimentos, por el aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, entre otros puntos. Pidieron que se cumpla con la Ley de Ejecución de la pena. El manuscrito no les fue recibido. La respuesta, verbal, fue que no funcionarían los organismos correspondientes.

 

Un grupo de internos que cumple condenas o medidas de coerción en la Unidad Penal N°1 de Paraná entregó a las autoridades un petitorio manuscrito en el que se enumeran una serie de reclamos ante situaciones que les preocupan en tiempos de aplicación de medidas para evitar la propagación, más allá de lo evitable, del virus Covid-19 o Coronavirus.

La misiva lleva la firma de varios internos que se autodenominaron “autoconvocados de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná”. Son reclusos que están alojados en los pabellones número 1, 2 y 3. Fuentes consultadas no descartaron que el pedido se extienda a otros pabellones. Las fuentes indicaron que el manuscrito no fue recibido.

Según se indicó, desde el Servicio Penitenciario se adujo, en forma verbal, que no estarían funcionando los organismos correspondientes. Allegados a los peticionantes expresaron que aquellos manifestaron que ninguna autoridad del Estado se acercó a hablar con ellos.

La carta señala situaciones que las cárceles entrerrianas arrastran desde hace varios años. Los firmantes determinaron el tiempo en “más de 100 años”. Aquellas se verían potenciadas por el manejo de las medidas de seguridad dispuestas para la prevención de la propagación del Covid-19 o Coronavirus, que desplegarían las autoridades en la Unidad Penal N°1.

Los peticionantes señalaron que no reciben elementos de limpieza ni higiene personal. Entre los elementos que no estarían recibiendo se enumeró alcohol en gel, lavandina, jabón y papel higiénico. También reclamaron que “no hay desinfección alguna” y cuestionaron que deben convivir con “alacranes, ratas y cucarachas” más “todo tipo de bacterias”.

La falta de contacto con la visita de familiares fue descripta en los siguientes términos: “Para colmo, al impedir el vinculo con nuestros familiares, no podemos acceder a elementos básicos de la supervivencia humana…”.

Como aporte para descomprimir el estado de situación que describen en la nota, pidieron que “se aceleren los tiempos administrativos y se empiece a cumplir los valores de la ley de Ejecución de Penas, y el artículo N° 18 de la Constitución Nacional” que en una parte prescribe que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.

En este sentido expresaron que “si corresponde, queremos que prevalezca la ley ante el prejuicio y la exclusión, aún acá, somos humanos y ciudadanos”.

En el inicio de la carta se destacó que “los internos que nos encontramos aquí, estamos resolviendo y pagando a la sociedad con libertad los errores que pudiéramos haber cometido”, añadiendo que “aunque a muchos opinen lo contrario, somos humanos y ciudadanos que queremos que la sociedad y el estado, confíe en nuestro esfuerzo de cambiar para volver a reinsertarnos a la sociedad”.

En el mismo sentido se señaló que “aquí, no solo estamos pagando con libertad nuestros errores, sino que también con salud física y psicológica, sacrificamos el amor de nuestra familia…”

Tras relatar “la situación extrema que se vive aquí”, se pidió que “se realice una interpretación analógica in bonampartem, y aplicando el principio pro homine, de resorte constitucional –artículo N° 18 de nuestra Carta Magna Nacional-, que se ha visto reforzada a partir de la reforma operada en el año 1994, con la inclusión a su texto de distintos instrumentos supra constitucionales- artículo 75 inciso 22 de la CN- y la acordada Nº3/20 recomienda tomar medidas en atención a la pandemia declarada por la aparición del coronavirus 2019- Covid-19” para una serie de internos que estarían en condiciones de ser alcanzados por aquellas interpretaciones.

Del este grupo se señaló que “todos ellos se encuentran incluidos por su estado de salud dentro de los grupos de riesgo”, para los que solicitaron “la aplicación de las medidas de emergencia dispuestas en el decreto 260/2020 que ordena tomar medidas de carácter urgente y en forma conjunta del protocolo específico para la prevención y protección del Coronavirus Covid-19 en contexto de encierro, resguardando la salud de las personas privadas de la libertad”.

También se resaltó que “el 95 por ciento de los internos cumple en forma estricta las normas de conductas de las salidas, libertad asistida y condicional. Todos ellos son motivaciones de los internos para creer que la sociedad espera que somos (sic) aptos para vivir en sociedad y podemos cumplir de la mejor manera nuestra condena”.

En este sentido se cuestionó: “Estamos cansados que por uno o dos casos que se mediatizan, nos hagan responsable a la enorme mayoría. Hoy tenemos una enorme cantidad de internos que están pasados, que cumplen con todos los requisitos para salidas, o condicional, pero se le es rechazado para cumplir con las exigencias de una sociedad que quiere que nos pudramos en la cárcel”.

AL MARGEN

Actualmente la UP N° 1 aloja alrededor de 900 internos. La capacidad, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por responder a la problemática, supera en mucho a la infraestructura vigente.

El estado de situación se vería agravado por un detalle. La UP es un organismo provincial pensado para dar respuesta al delito en Entre Ríos. Fuentes consultadas deslizaron que la Nación le alquila a la UP un espacio para alojar a los presos federales.

En este sentido se indicó que por una decisión del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, los fondos nacionales para atender las necesidades de los condenados en el fuero federal dejaron de remitirse.

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