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viernes, abril 3, 2020
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    Causa avioneta narco: negaron excarcelación a dos condenados

    La Justicia resolvió denegar el pedido de excarcelación que solicitó la defensa de ambos imputados. Lo fundó en el principio constitucional de inocencia, en virtud de que la sentencia no está firme, y en que no hay riesgos procesales. Fiscalía destacó que hay una fundada condena de primera instancia y que el Estado tiene facultades de privar preventivamente de la libertad a una persona.

     

     

    El Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal de Paraná, integrado por Noemí Berros y Lilia Carnero, resolvió el 18 de marzo “no hacer lugar a la excarcelación de Cristian Javier Silva y Miguel Ángel Celis”.

    La resolución se tomó en el contexto del “incidente de excarcelación” que presentó Augusto Lafferriere, defensor de ambos condenados en primera instancia por su responsabilidad en la causa denominada Avioneta narco.

    Celis, alias Titi, fue condenado a la pena de 8 años de prisión, en tanto que Silva, alias Flaco, lo fue a 6 años y 6 meses. A Celis se lo declaró “coautor penalmente responsable del delito de organización de actividades de narcotráfico”, en tanto que a Silva se lo declaró “coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado”.

    Tras la sentencia de primera instancia emitida por el TOF el 30 de diciembre de 2019, Celis fue derivado con prisión preventiva a la Unidad Penal N°1 y a Silva se le concedió la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario. La resolución del 18 de marzo ordenó mantener aquellas modalidades.

    Lafferriere solicitó la excarcelación de sus defendidos resaltando que “se encuentran privados de la libertad sin sentencia judicial firme desde el 29 de mayo de 2017”.

    El defensor, subsidiariamente, instó a que “se reemplace la medida de coerción vigente por una menos gravosa como ser la caución juratoria o real para Silva o el arresto domiciliario para Celis”. En este sentido destacó que “se fundó la prisión preventiva en el concreto pronóstico de pena privativa de libertad efectiva, el riesgo procesal, el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, o en la mayor peligrosidad de los imputados”, añadiendo que “no obstante existe la presunción de inocencia por lo que sus defendidos deben ser considerados como inocentes, y consiguientemente las medidas de coerción que se dicten en su contra deben ser excepcionales”. Finalmente sostuvo que “no existe peligro procesal alguno, debido a que a que ninguno de ellos tiene antecedentes y ambos tienen arraigo en esta jurisdicción”.

    A su turno, el fiscal José Ignacio Candioti y el fiscal general ad hoc pidieron que “no se haga lugar a las excarcelaciones” refiriendo que “la libertad ambulatoria del encartado durante la tramitación de una causa judicial puede ser restringida y que existen razones que justifican el encarcelamiento del imputado con fundamento en el ‘riesgo procesal’”.

    Tras señalar que “el principio rector en la cuestión es el goce de la libertad mientras no exista sentencia firme, corresponde considerar los demás requisitos previstos” por las normas “en el caso concreto”. Así, mencionó que el fallo del 30 de diciembre de 2019 dispuso “la modalidad morigerada del cumplimiento de las prisiones preventivas, hasta que la sentencia adquiera firmeza de algunos de los condenados… en relación a Cristian Javier Silva… respecto de quienes se mantiene la prisión domiciliaria oportunamente concedida”.

    También refirieron que el “arraigo de los procesados, la imposibilidad de afectar la prueba o la ausencia de datos que permitan la posibilidad de fuga, los que fueran oportunamente valorados para otorgar la prisión domiciliaria en el caso de Silva y mantener la detención de Celis, son elementos de menor entidad frente al veredicto del 30 de diciembre de 2019 y los fundamentos de la sentencia emitidos el 10 de febrero del corriente año”.

    Tras reconocer que “es cierto que la sentencia no se encuentra firme”, resaltaron que “posee los presupuestos propios que la tornan un acto republicano. La misma está fundada en las pruebas incorporadas al contradictorio oral y público, lo que autoriza a sostener una mayor certeza de la intervención de los imputados en un hecho que lesiona el bien jurídico protegido”.

     

     

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