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martes, octubre 20, 2020
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    Le aplicaron a un paranaense la ley que pena el acoso callejero

    En un proceso reservado, el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Paraná resolvió prohibir a un hombre acercarse a las alumnas de un establecimiento educativo, quienes habían advertido a las autoridades sobre la situación que vivían con un vecino. En abril de 2019 se sancionó a nivel nacional la ley que pena el mal llamado piropo.

     

    Redacción EL DIARIO / [email protected]

     

    El 6 de abril de 2019 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.501 que modificó la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

    La modificación introdujo como modalidad de violencia contra la mujer al acoso callejero. El artículo 1° de la Ley 27.501 dispuso incorporar al artículo 6° de la ley 26.485, el inciso g.

    Éste describe como “violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo”.

    Fuentes judiciales indicaron a El Diario que el hombre profería manifestaciones subidas de tono que incomodaban y amedrentaban a las estudiantes.

    Las chicas manifestaron a las autoridades del establecimiento educativo la situación. La rápida intervención de los responsables de la escuela permitió que la Justicia tomara cartas en el tema.

    Así, el 10 de marzo de dispuso la medida cautelar genérica que dispuso “la prohibición de acercamiento del denunciado al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento, a los lugares de habitual concurrencia y en la vía pública respecto de mujeres menores de 18 años y estudiantes, conforme el informe remitido por la directora de la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia (STJ)”.

    El aquel informe se dio cuenta de que el hombre agredía a una o varias estudiantes “frecuentemente manifestándole  cosas sexuales, mirando su cuerpo y piropeándola y causándole mucha angustia”.

    Ante la denuncia por el accionar del hombre, se le ordenó “hágasele saber que deberá abstenerse de realizar cualquier tipo de acto y/o violencia verbal o física contra mujeres, así como deberá abstenerse de realizar actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la/s misma/s” por el plazo de 90 días.

    También se le informó que si no obedecía podría incurrir en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal, que prescribe que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

     

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