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    La atención puesta en la calidad del cuidado en hogares convivenciales

    El derecho al cuidado y que ese cuidado sea de calidad en hogares convivenciales donde viven niños, niñas y adolescentes que debieron ser separados de sus familias, es la idea que subyace en el posicionamiento de la directora de la asociación civil Doncel, Dana Borzese. Sostiene que ambas ideas deben constituir el eje articulador de las políticas públicas diseñadas para esa población.

     

    REDACCIÓN EL DIARIO

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    Dana Borzese estuvo el jueves en Paraná reunida con las autoridades del Copnaf en el marco de un proyecto que propone estándares de calidad para el cuidado alternativo, institucional, que se inició hace más de un año con la provincia de Entre Ríos. Se trató de un encuentro entre quienes conforman una mesa de trabajo: la asociación civil Doncel, Aldeas Infantiles, Unicef Argentina y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescentes y la Familia (Copnaf).

    Si bien la de la semana que pasó fue una reunión de presentación ante las nuevas autoridades del organismo provincial, sirvió para dar continuidad a ese proyecto.

    Se trata de pensar estándares de calidad para el cuidado alternativo. “Es responsabilidad del Estado brindar ese cuidado a que aquellos niños, niñas y adolescentes que fueron separados de su familia por una medida de protección excepcional”, dijo por un lado Borzese para agregar luego que “el diagnóstico indica que hay muchos déficits en la calidad de esos cuidados, no en particular en Entre Ríos sino del sistema a nivel nacional”, indicó en diálogo con EL DIARIO.

    Lo que resulta interesante para la entrevistada es que la Provincia se ha sumado a pensar en esta propuesta de generar indicadores que permitan supervisar la calidad de ese cuidado y trazar una línea entre lo que está bien y lo que hay que modificar o erradicar.

    “Con Entre Ríos hicimos en una primera etapa del trabajo, por 2018, una formulación de cuáles serían esos indicadores, y en 2019 empezamos a implementar la aplicación de esos estándares de manera de ir generando un diagnóstico y propuestas de mejoras”, precisó la socióloga en alusión a la pruebas piloto que se lleva adelante en algunas residencias.

    La propuesta de realizar este proyecto surgió de una mesa entre Doncel y Unicef que derivó en la firma de un acuerdo con la actual ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, entonces titular del Copnaf.

    La intención era que este trabajo quedara como una suerte de capacidad instalada en la provincia a partir de la cual se convierta en pionera en estar observando la manera en que el Estado está brindando el cuidado.

    Borzese consideró “clave” que existan esos espacios de cuidado –las residencias–, pero a la vez “es clave ante todo, que el cuidado sea de calidad porque de lo contrario, egresan en situación de extrema vulnerabilidad y habiendo atravesado situaciones de malos tratos o malos cuidados”.

    Aclaró que hay mucha heterogeneidad en la forma en que se brinda esa atención, entonces “los estándares vienen a generar pautas comunes de cómo se tiene que organizar y brindar ese cuidado”.

     

    VULNERABILIDAD.

    Consultada sobre las situaciones más frecuentes que dan cuenta de esa falta de calidad, compartió que “lo que surge de los testimonios de adolescentes, niños y niñas que están en esas residencias es que depende de la suerte de la institución que les toque porque hay algunas en las que se valora mucho ese cuidado y otras, en las que sienten que no tienen los tratos adecuados”.

    Puede suceder que no se garantice el derecho a la educación de todos los niños aunque todos debieran estar en la escuela. Otra cuestión tiene que ver con que no se trabaja de manera articulada con la promoción de la nueva autonomía. Aún persisten prácticas de encierro, cuando están en residencias que debieran acercarse mucho a la vida en un hogar, en una familia.

    Aún cuando no se llega a prácticas de encierro, lo que constituye una situación extrema, señaló que esa falta de preparación para la autonomía se ve “en cosas más cotidianas, tales como adolescentes que no saben viajar solos, que no están autorizados para moverse en transporte público para ubicarse en la ciudad, es decir, situaciones que son naturales para cualquier adolescente, pero que estos otros no están pudiendo ejercer”.

    También el acceso a la educación sexual integral suele estar restringida para quienes viven estas instituciones.

    Hay hacinamiento en algunos casos, y en otros faltan espacios de privacidad que un niño debe tener para llevar una vida acorde a derechos. Lo cuestionable es que todos sean espacios compartidos.

     

    TRANSFORMACIÓN.

    Hizo hincapié por otra parte, en la formación permanente porque “muchas de esas cuestiones que hacen falta desarrollar en los espacios institucionales tienen que ver con prácticas propias de los sujetos de derecho. Vemos prácticas más disciplinares propias de otros modelos de cuidado, como por ejemplo, el modelo del patronato”.

    Acotó que “es un proceso de transformación que las instituciones deben ir haciendo y lleva un tiempo”.

    En este punto del diálogo con esta Hoja, recordó que también está sumamente restringido el acceso a las tecnologías: celulares, computadoras, internet no están disponibles para quienes ahí residen y en estos tiempos es un derecho acceder a la información, a la comunicación. Entonces, es fundamental dotar a esos espacios de esas herramientas y permitir el acceso a las mismas y ahí, también, intervienen las prácticas de quienes los cuidan”.

    En definitiva, insistió, “se trata de una adecuación a nuevos tiempos y nuevas perspectivas de trabajo”.

     

    CORRESPONSABILIDAD.

    En este primer ensayo en algunas instituciones se están generando diagnósticos, no para poner una calificación sino para construir colectivamente. “Lo novedoso es involucrar a los equipos, a los cuidadores, a quienes llevan adelante las instituciones, en ese diagnóstico y luego en la generación participativa de una mejora institucional. Es decir que haya un plan de trabajo de mejora”, destacó.

    La entrevistada aclaró que los dispositivos o residencias no son los únicos responsables del cuidado de los niños, sino que de acuerdo con la ley 26.061 hay una corresponsabilidad de diferentes actores del sistema de protección de derechos. “Muchas veces suponemos que porque el niño reside en esos lugares, ya nadie más tiene que actuar”, comentó para aclarar luego que “no es así y por eso, en el diseño de los planes de mejoras es fundamental comprometer al conjunto de actores sociales como escuelas, centros de salud y otros efectores de políticas públicas”.

     

    LEYES Y POLÍTICAS.

    El abordaje de esta problemática no parece sencillo, pero no todo está por hacerse. “En términos de legislación, estamos en una situación de avanzada, tenemos un marco normativo que ampara y está pensado en clave de derechos”, aseguró Borzese.

    Especialmente aludió a la ley 27.364, que se relaciona con la población que está en cuidado alternativo y que afronta una situación de extrema vulnerabilidad cuando a los 18 años deben abandonar las instituciones. “Desde 2017 existe la Ley de Egreso que se está poniendo en marcha y que extiende la protección del Estado para quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad”.

    En todo caso, la directora ejecutiva de Doncel entiende que “ahora hay que poner en marcha políticas públicas que puedan dar cumplimiento efectivo a lo que pautan las leyes”. Y en ese orden, marcó cierta transformación del sistema que debiera darse. Por un lado, “el Estado argentino está ofreciendo el cuidado institucional y según las recomendaciones internacionales es importante ofrecer otras opciones de cuidado, como puede ser el familiar. Y otra cuestión central –agregó– es tratar de prevenir lo máximo que se pueda las situaciones de separación de los niños con la familia, para lo cual es un contexto de extrema pobreza hay que generar políticas de fortalecimiento de las familias que contribuyan a que la menor cantidad de niños sean separados”. Enfatizó que “la peor situación que puede vivir un niño o niña es que sea vulnerado su derecho a vivir en familia o en comunidad”, por lo que remarcó que “ahí hay que hacer los mayores esfuerzos para evitar la separación y si eso finalmente ocurre, que la opción residencial o institucional no sea la única. Y si finalmente hay que brindar ese cuidado que sea de calidad”. Borzese convoca a “pensar el derecho al cuidado desde una perspectiva integral”.

    Estas temáticas son competencia de la Secretaría nacional de niñez, adolescencia y familia del Ministerio de Desarrollo Social. “Estamos viendo un panorama con mucha expectativa porque hay mucha voluntad política de hacer cumplir lo que la ley manda. Ese es el escenario en el que nos encontramos”, definió.

    No obstante, insistió en “generar la transformación que requiere el sistema” e “incorporar esta idea de la calidad del cuidado y del derecho al cuidado como eje articulador de las políticas públicas”.

     

    Ley 27.364: clave en términos de reconocimiento de derechos

    Una política de promoción de derechos es lo que conlleva la aplicación de la Ley 27.364, de Egreso Asistido, sancionada en 2017. Fue pensada para que en el proceso de desinstitucionalización de jóvenes y adolescentes que tienen que egresar en situación de extrema vulnerabilidad, tengan apoyo del Estado. La ley garantiza para cuando tienen que dejar la vida al cuidado del Estado, una asignación económica y un referente emocional. Borzese señaló que esa legislación es muy innovadora en la Argentina, en tanto “equipara los derechos de los que viven bajo el cuidado del Estado y los que viven bajo la responsabilidad y el cuidado de su familia”. En el caso de los segundos, tienen garantizada la seguridad y protección alimentaria hasta los 21 años mientras que a quien egresaba de una institución del Estado se le cortaba la protección a los 18. “Con esta legislación, el niño que vive bajo la protección del Estado hasta los 18, tiene derecho a seguir en esa situación hasta los 21 y hasta los 25 si estudia. Equipara la situaciones del chico sin cuidado parental con el que lo tiene, y eso es clave en término de reconocimientos de derechos”, remarcó.

    “La política pública que crea esta ley se está poniendo en marcha”, se entusiasmó la referente de Doncel. Sin embargo, otra vez aparece como clave la calidad del cuidado que haya recibido ese o esa joven en la residencia que estuvo alojado. “Esa ley viene a resolver la salida del cuidado, darle mayores recursos, pero no alcanza a enmendar lo que no se haya hecho antes, por eso es fundamental empezar a trabajar en relación con estos estándares de calidad del cuidado y el Estado es el que tiene que garantizar la calidad del cuidado”.

     

    Qué es Doncel

    Doncel es la asociación civil que dirige la socióloga Dana Borzese. La organización “nació hace 15 años porque veníamos apoyando la mejora en la transición que tenía que hacer el adolescente que debía dejar el sistema de cuidado para pasar a la vida autónoma. Realizando esos procesos de acompañamiento nos dimos cuenta que esa población a los 18 años tenía indefectiblemente que abandonar la vida institucional porque lo establecía la ley y dejaba de tener toda protección del Estado: quedaban en situaciones de extrema vulnerabilidad. Empezamos a hacer un trabajo fuerte de articulación con los organismos dedicados a políticas de infancia y adolescencia, con acciones de capacitación con quienes tenían que hacer esas acciones de cuidado”, repasó.

    Inquietas por el desarrollo de la autonomía progresiva, relató a EL DIARIO, “empezamos a trabajar con jóvenes en espacios de escucha y capacitación para ver qué es lo que tenían para decir con relación a cómo se daban esas experiencias de egreso”. En ese contacto, percibieron que tres problemas claves aparecen al momento de egresar: educación, trabajo y vivienda, pero “fundamentalmente, lo que todos los jóvenes reclamaban y mencionaban como necesario era tener la figura de un apoyo, un referente emocional”.

    El camino recorrido desde la organización, dio paso a un “trabajo de políticas públicas que terminó en ese proyecto de ley que se trabajó fuertemente para que se sancione”, y es ley.

     

     

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