Pidieron el sobreseimiento de policías acusados de violar a dos menores

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Se trata de los supuestos abusos en la Sección Guardia y Seguridad en el ex Ferrocarril. Foto: Ricardo Holle.

La jueza de Garantías Nº 1 Marina Barbagelata resolverá el lunes 10 si acepta los pedidos de las defensas o si decide remitir la causa a juicio. En el comienzo de la investigación, en 2016, eran cinco los efectivos acusados. Tres resolvieron su situación en un juicio abreviado.

 

Redacción El Diario | [email protected]

 

Se sustanció este martes por la tarde la audiencia de remisión a juicio de dos de los cinco imputados por el presunto delito de Abuso sexual con acceso carnal agravado, por el que son acusados dos agentes de la Policía de Entre Ríos, Samuel Morel y Ezequiel García. Se les atribuye que el 5 de julio de 2016 abusaron de dos menores de 13 y 15 años.

La audiencia fue presidida por la jueza Marina Barbagelata, que a las 20 decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 10 a las 9:30, para resolver los pedidos de desvinculación de los imputados. La defensa de Morel es responsabilidad de Iván Vernengo y Damián Petenatti. Fuentes judiciales informaron que solicitaron la nulidad de lo actuado por falta de acción, es decir de denuncia de la victima o de un familiar. La acusación la impulsa el Ministerio Público Fiscal (MPF) de oficio. Subsidiariamente pidieron el sobreseimiento puesto que consideran que la misma víctima habría manifestado en Cámara Gessell, que no fue abusada. La defensa de García está en manos de Guillermo Retamar. Ayer no tuvo casi participación en la audiencia, pero se supo que el lunes pedirá el sobreseimiento de su defendido. Susana Carnero y Fernanda Rufatti representan al MPF y al Ministerio Público Pupilar, respectivamente. Guillermo Mulet es querellante en representación de la chica de 13 años. El MPF se opuso al pedido de desvinculación de Morel.

DERROTERO

La causa comenzó a sustanciarse por una denuncia que presentó en julio de 2016 la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 8 por el presunto delito de Abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de dos chicas que tenían 13 y 15 años al momento de los hechos. Los supuestos abusos habrían ocurrido el 5 de julio de 2016 a la madrugada, en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, en la ex Estación de Trenes de Paraná, sita en Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento. En un principio, la causa tuvo como imputados a cinco efectivos de la Policía de Entre Ríos por dos hechos en los que habrían desplegaron distintos roles. Sobre las supuestas víctimas pesaban sendos pedidos de localización por haberse fugado de la Residencia Mujercitas del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

De los cinco imputados, tres resolvieron a fines de 2017 su situación procesal mediante trámites abreviados. Se destacó que no tuvieron nada que ver con los supuestos abusos. La causa tuvo ribetes complejos y particularidades desde el inicio del proceso. El primero, evidente, puesto que se trataba de cinco efectivos de la Policía de Entre Ríos acusados nada menos que del abuso de dos menores en estado de vulnerabilidad. El segundo, consistente en el dilatado período transcurrido desde el comienzo del proceso hasta la realización de la audiencia de remisión a juicio, habida cuenta que el nuevo código Procesal Penal de la provincia, en vigencia desde 2014, recibió elogios por la celeridad que le imprimía a las causas.

ABREVIADOS

Tres de los cinco efectivos imputados resolvieron en 2017 su situación mediante juicios abreviados. Se trata de Emmanuel Wallington Smith, Francisco Gaitán y César Barrios, quienes presentaron los pedidos el jueves 7 de septiembre de 2017. No obstante el tránsito hasta la homologación del acuerdo enfrentó una serie de pruebas. Los defensores José Barbagelata y Boris Cohen, por Barrios; Carlos Albornoz, por Llaquin; Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, por Wallington Smith; y Hernán Sain, de Gaitán, acordaron con la fiscal Valeria Vilchez, las penas de 3 años de prisión condicional para Wallington Smith, Barrios y Gaitán, más la inhabilitación especial para llevar libros que den fe de actos en el caso del primero; y de un año de prisión condicional para Llaquin, más la inhabilitación especial para llevar libros que den fe de actos, por el doble de la condena. También aceptaron cumplir con normas de conducta: por 3 años los tres primeros y por 2 años Llaquin.

Los acuerdos fueron rechazados por el juez de Garantías N°5, Mauricio Mayer, que el mismo jueves 7 de septiembre, fundó su posición en su disconformidad con la calificación legal acordada entre las partes. En aquella audiencia, según precisaron fuentes judiciales en aquel momento, Vilchez “cambió la calificación legal porque entendió que se comprobó que los tres efectivos desconocían absolutamente las intenciones de sus colegas y lo que sucedió a la postre; lo único que hicieron fue estar durante quince minutos en el mismo lugar con las chicas y que su única responsabilidad es la de ser funcionarios policiales”. El 21 de noviembre de 2017 la jueza Paola Firpo, ante la ausencia del querellante Guillermo Mulet, decidió pasar a un cuarto intermedio para resolver las propuestas de trámite abreviado. Posteriormente el acuerdo fue homologado en los términos en que fue presentado.

El abreviado se homologó el 17 de diciembre del año pasado.

 

LOS HECHOS

El primer hecho imputado comprende que “en la madrugada del 5 de julio de 2016, presumiblemente entre las 0 y las 3.30, los funcionarios policiales: oficial subinspector Wallington Smith, cabo primero Barrios, agente Ezequiel Alejandro García, agente Gaitán y otro aún no identificado, que se encontraban de guardia en la Sección Guardia Especial, ingresaron a un vagón que se encontraba en las inmediaciones de allí, en el cual estaba la menor PR, de 13 años, sobre quien pesaba pedido de localización por haberse fugado de la Residencia Mujercitas del Copnaf, y quien llegó junto a ER, de 15 años, a requerimiento del cabo Samuel Enrique Morel. En el interior del vagón los funcionarios citados se acercaron a PR, y permanecieron junto a la misma en oportunidad en que el agente García comenzó a besarla y tomarla del cuello, mientras ésta lloraba y pedía que no la toquen, momento en el cual se retiran Wallington, Gaitán, Barrios y el funcionario que no ha sido identificado del interior del vagón, dejando a PR sola con el agente García quien la abusó por la fuerza y en contra de su voluntad, no pudiendo la joven repeler la agresión”.

El segundo hecho atribuido habría consistido en que “en la madrugada” de aquel día y en el mismo período consignado en el primer hecho, “Morel, que se encontraba de guardia”, en la Sección Guardia Especial, “en el interior de un vagón del ferrocarril ubicado en las inmediaciones, comenzó a exigirle a la joven de 15 años, sobre quien pesaba pedido de localización por haberse fugado de la Residencia Mujercitas del Copnaf y a donde llegó a su requerimiento y acompañada de PR de 13 años, mantener relaciones sexuales, y ante su negativa procedió a accederla carnalmente por la fuerza y en contra de su voluntad, manifestándole que no había ido hasta allí al pedo, y que si no accedía a su exigencia, ‘no sabía lo que le iba a pasar’, atemorizándola”. Sobre este hecho, la defensa insistió en que no hay denuncia y en que la supuesta víctima negó que hayan abusado de ella. La acusación tomó impulso por los dichos de un tercero que habría manifestado que escuchó a la chica, fuera del ámbito judicial, decir que habían abusado de ella.