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viernes, febrero 21, 2020
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    Las cárceles federales tienen superada su capacidad en más de 2.000 presos

    Las cárceles pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal (SPF) tienen una sobrepoblación de más de dos mil presos y registró en septiembre de 2019 un récord histórico de personas detenidas, que supera en un 16 por ciento la capacidad de esas unidades, según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

    “La situación es muy difícil, la infraestructura ya no da más y no hay soluciones mágicas, pero hay que orientar las futuras medidas que se tomen al respecto”, señaló a Télam el titular del organismo, Francisco Mugnolo.

    El informe presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) indicó que, a pesar de que en marzo del año pasado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nacional declaró la “emergencia en materia penitenciaria” por el término de tres años, el “fenómeno” de sobrepoblación “no cesó de aumentar”.

    En ese sentido, mientras que en septiembre de 2018 el número de personas encarceladas era de 12.552, un año más tarde esa cantidad creció a 14.251, “lo que implica que hay más de dos mil personas alojadas por encima de la capacidad informada”, ya que la misma es inferior a 12.000, detalló el informe.

    Al respecto, Mugnolo dijo que la resolución “no funcionó porque en realidad es una cuestión propia del sistema penitenciario”, en el que “la represión se organiza de tal manera que por delitos menores hay privación de la libertad”.

    “Hay legislación que impide que alguien sea excarcelado en el proceso, entonces ese circuito de entrada y salida se empieza a cortar, y el proceso de crecimiento de la población carcelaria se acelera”, agregó.

    Además, el informe de la PPN explicó que un 57 por ciento del total de las personas detenidas en esa órbita lo están sin condena firme, lo cual “evidencia un uso excesivo de la prisión preventiva, que incrementa notablemente las cifras de encarcelamiento”.

    Sobre ese punto, el procurador consideró que se trata de una consecuencia de “políticas públicas que se toman por algún episodio que provoca la preocupación de la gente y que desarman los procedimientos técnicos del Código Penal”, y que “no hay política de Estado firme, si bien es cierto que han aparecido nuevas formas de delincuencia, como delitos internacionales y de tráfico de estupefacientes”.

    “Hace cinco años que advertimos que iba a pasar esto”, añadió en relación a la recolección de datos que derivó en la presentación, en septiembre de 2017, de un proyecto de ley de cupo carcelario que aún no fue tratado por el Congreso.

    En el mismo se recomendó el establecimiento de “un proceso de regulación de la capacidad” de las cárceles, como el análisis e impulso de “conmutaciones y medidas alternativas a la pena de prisión o la prisión preventiva”, especialmente en el caso de mujeres embarazadas, personas con hijos menores o enfermas, y aquellas que hayan sido víctimas de agresiones graves durante su encierro.

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