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Remitirán a juicio la causa Mutual Modelo, que involucra a Varisco

El juez Bonazzola decidió rechazar los pedidos de nulidad de la remisión de la causa a juicio y los sobreseimientos de Varisco, Rolandelli y Picazzo, en la causa Mutual Modelo.

Sí aceptó el planteo de exclusión de la querella particular en la persona del diputado oficialista Guzmán.

El intendente de Paraná por la Alianza Cambiemos, Sergio Varisco: el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Walter Rolandelli; y el titular de la Asociación Mutual Modelo, Ángel Picazzo, deberán demostrar su inocencia en un juicio.

Así será tras la decisión del juez de Garantías Nº3 Ricardo Bonazzola, que ayer a las 17.50 resolvió remitir la causa a debate oral y público. A los tres imputados se les atribuyen los delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y Defraudación a la administración pública, en la denominada causa Mutual Modelo.

Varisco, Rolandelli y Picazzo están acusados de firmar un convenio el 22 de enero de 2016 por medio del cual le otorgó un millón y medio de pesos en concepto de adelanto de cuotas por saldos no cubiertos de los créditos otorgados por Mutual Modelo a favor de agentes del municipio.

Para concretar aquella maniobra, que Fiscalía sostiene que se realizó “con el propósito de favorecer económicamente” a la mutual, se invocó como motivo “paliar la situación financiera que atravesaba la mutual.

Fiscalía entendió que Varisco afectó fondos públicos que “tenía a su disposición por el cargo que ostentaba”. Rolandelli habría participado emitiendo el 28 de enero de 2016 un dictamen mediante el cual recomendó el otorgamiento del adelanto, a pesar de las observaciones hechas por el contador general de la Municipalidad, Eduardo Campdesuñé.

En la resolución que se conoció ayer, tras el cuarto intermedio que el juez dictara el 13 de septiembre, Bonazzola resolvió excluir a la querella particular que impulsó el denunciante en la causa, el actual diputado provincial Gustavo Guzmán.

El magistrado hizo lugar al pedido de las defensas, en manos de Emilio Focuces, por Picazzo; y de Rubñen Paglioyyo y Damián Petenatti, en el caso de Varisco y Rolandelli, pedido al que adhirió la fiscal Patricia Yedro.

El Código Procesal Penal establece que en caso de que la perjudicada sea la administración pública, ningún organismo estatal será admitido como querellante, quedando la persecución penal a cargo exclusivamente del Ministerio Publico Fiscal (MPF). “No quedan dudas de que Guzmán carece de legitimación activa para intervenir en el proceso” concluyó Bonazzola en este punto.

En relación a la calificación legal, que fue cuestionada por las defensas, el juez entendió que “no aparece en modo alguno descabellado el encuadre elegido por el MPF”, señalando que la calificación legal es provisoria en esta etapa del proceso y puede variar durante el desarrollo del juicio.

Así, entendió que Fiscalía describió y fundó los hechos atribuidos y las conductas realizadas. Así, el juez entendió que el auto de remisión a juico no resulta nulo puesto que en el mismo no se conculca el derecho a la legítima defensa en juicio.

En relación a los sobreseimientos que instaron las defensas, que en el caso de Roladelli contó con la adhesión de la querella, el juez consideró que “habiendo analizado con profundidad los ricos argumentos vertidos por los celosos defensores, y más allá de las dudas que puedan desarrollarse en mi ánimo, en particular respecto a la imputación al doctor Rolandelli, esas dudas no se equiparar o no alcanzan a constituir, en esta instancia, la certeza negativa como grado de conocimiento sobre la existencia y procedencia de las causales que establece el Código de rito” respecto a “que el hecho investigado no ha existido o el mismo no encuadra en una figura penal y se subsume en que el delito no ha sido cometido por los imputados”.

La acusación sostiene que la maniobra atribuida a Varisco, Rolandelli y Picazzo, no llegó a concretarse porque la orden de pago que se emitió no se hizo efectiva porque fue anulada el 5 de febrero luego que la mutual iniciara otro expediente con el mismo objetivo, para evitar la objeción que planteara Campseuñé. Como consecuencia de esta segunda presentación efectuada por Picazzo como presidente de la Asociación Mutual Modelo de Entre Ríos, Varisco, como presidente municipal de Paraná, el 4 de febrero le otorgó el anticipo solicitado, con le objetivo de paliar la situación financiera que atravesaba la entidad originada en saldos no cubiertos por los agentes municipales”.

Para ello, según la acusación, “para concretar la maniobra, en base a lo acordado previamente, Rolandelli, emitió el dictamen Nº 8.416 del 4 de febrero y el mismo día suscribió un convenio con Picazzo y emitió el decreto Nº 371 ratificándolo, todo ellos a sabiendas de las observaciones que días previos y en un expediente efectuara el contador general del municipio, respecto a los riesgos que existían para el recupero de los fondos” para lo que cual se puso en garantía los fondos de ayudas económicas aprobados por el CUAD.

 

Una imagen de la audiencia realizada el lunes 1º de octubre en Tribunales.