La naturaleza jurídica de Sidecreer divide al Ministerio Público Fiscal

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La naturaleza jurídica de Sidecreer es parte de visiones contrapuestas.

Fiscalía de Coordinación elevó un dictamen al Tribunal del fuero Contencioso Administrativo en el que opinó que este debe declararse incompetente en un litigio que tiene al Sistema de Crédito de Entre Ríos Sociedad Anónima (Sidecreer) como demandada. Sostuvo que “no es un ente público ni emite actos administrativos, como así tampoco se rige por el derecho público”.

 

Redacción El Diario | [email protected]

 

El 7 de noviembre de 2019 Fiscalía de Coordinación elevó un dictamen al Tribunal del fuero Contencioso Administrativo en el que opinó que debe “declararse incompetente” en el litigio que enfrenta a la Federación de Entidades Mutuales de Entre Ríos General Francisco Pancho Ramírez (Fedem) con el Sistema de Crédito de Entre Ríos Sociedad Anónima (Sidecreer).

En el dictamen al que tuvo acceso EL DIARIO, el Ministerio Público Fiscal (MPF) señaló que “interpuesta la demanda, me fue corrida la presente vista para que me expida acerca de la competencia, lo que haré a renglón seguido”. Así, tras citar jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, destacando que el Alto Cuerpo sentó un “criterio inveterado” en el tema y ha citado “la opinión del Ministerio Fiscal”, sostuvo: “Sentado lo anterior, y analizando la demanda y sus protagonistas, concluyo que las pretensiones que la integran deben resolverse en base a disposiciones de derecho común, y no de derecho administrativo. Primero porque Sidecreer es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, por consiguiente, al estar sometida en cuanto a su régimen a la Ley General de Sociedades N°19.550, no es un ente púbico ni emite actos administrativos, como así tampoco se rige por el derecho público, aunque sea parte de la Administración descentralizada estatal latu sensu (NdR: En sentido amplio)”.

CONTROVERSIA

En el dictamen, Fiscalía opinó que “por otro lado, la controversia versa aquí sobre una cuestión eminentemente negocial, que implica interpretación y aplicación de acuerdos contractuales regidos por el derecho privado, lo que evidentemente resulta ajeno a nuestro fuero” y concluye en que “en definitiva opino que VS debe declararse incompetente”.

Para algunos, la opinión de Fiscalía de Coordinación colisionaría con la posición que mantuvo el mismo MPF en la causa Canosa. Juan José Canosa, ex presidente de Sidecreer fue imputado del delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El motivo que lo sentó en el banquillo de los acusados fue que Fiscalía sostuvo que revestía la condición de funcionario público por su cargo en una “empresa estatal”.

ANTECEDENTE

En los alegatos del juicio a Canosa, que se realizaron el 5 de septiembre de 2018, Fiscalía entendió que se probó que “Canosa, como presidente de Sidecreer, ejerció un señorío absoluto durante los ocho años a cargo de la tarjeta. Contrató en treinta y dos oportunidades con Excelcom, con JDR construcciones y con Texmer, como si fuese presidente de Cartocor, de Mastercar, de Visa. Soslayó que estaba presidiendo una empresa estatal”. Un año y dos meses después, el mismo organismo “opinó” que Sidecreer “no es un ente púbico ni emite actos administrativos, como así tampoco se rige por el derecho público, aunque sea parte de la Administración descentralizada…”. En los alegatos de septiembre del año pasado, la defensa negó que el imputado fuese funcionario público, por lo que entendió que “no podría ser investigado por el delito que se le imputa”. También señaló que “la Constitución y las leyes vigentes demuestran que la naturaleza jurídica de Canosa no es la de funcionario público”.

El complejo debate en el que se debatió sobre la condición o no de funcionario público de Canosa culminó con la sentencia que el Tribunal de Juicio, integrado por Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel, dio a conocer el 12 de septiembre de 2018, en la que condenó a Canosa a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional. El Tribunal entendió que por su desempeño como presidente del Directorio de Sidecreer, ejerció un cargo público. Así, le dio credibilidad a la hipótesis de Fiscalía, organismo que en otro caso sostiene lo contrario respecto de la naturaleza jurídica de Sidecreer. La defensa de Canosa apeló la sentencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. La audiencia ante la Cámara de Casación se realizará este jueves, cuando la defensa solicite que se declare nula la sentencia.

 

 

 

 

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