Una reforma electoral integral, entre los desafíos legislativos

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En las cámaras legislativas la hegemonía oficialista, reunida bajo la denominación Creer Entre Ríos, es notoria: controla 20 de las 34 bancas en Diputados y 13 de los 17 escaños en Senadores.

Como parte de un proceso habitual que se presenta con esta intensidad cada cuatro años, los tres poderes del Estado navegan por aguas de confirmaciones, arribos y desplazamientos. Resueltas algunas cuestiones formales, las cámaras legislativas afrontarán un 2020 con desafíos de suma relevancia.

 

Redacción El Diario | coordinacion@eldiario.com.ar

 

Hay varios datos que permiten advertir el mapa de poder actual. En las cámaras legislativas la hegemonía oficialista, reunida bajo la denominación Creer Entre Ríos, es notoria: controla 20 de las 34 bancas en Diputados y 13 de los 17 escaños en Senadores.

La oposición, en manos de Cambiemos, arrancará siendo un bloque en Senadores (tres radicales y un representante PRO) y un interbloque de tres agrupamientos en Diputados, donde hay siete radicales, seis del PRO y uno del Movimiento Social Entrerriano.

Hay que hacer cierto esfuerzo para recordar que el congreso partidario recomendó a la UCR conformar bloques propios en los espacios legislativos que integre, lo que se ha cumplido en Diputados pero no en Senadores. Es más, la presidencia de la bancada opositora en el Senado quedó en manos del PRO, aunque la mayoría de sus integrantes sea radical. En cambio, en Diputados, parece haberse reconocido la (leve) supremacía radical a la hora de designar a las autoridades de bloque. En tren de elaborar conjeturas, se verá si estas posiciones se sostienen o se intenta alguna fórmula de alternancia a futuro.

Estas vicisitudes se presentan en un contexto nacional en el que es muy difícil establecer por estas horas qué será de la alianza UCR-PRO y otros. La incertidumbre tiene que ver con que no hay una posición consensuada, es decir, una clara estrategia de construcción de poder de parte del radicalismo. Esa diáspora de opiniones en la primera y segunda línea a nivel nacional, se corresponde con una ausencia de espacios para la construcción de liderazgos provinciales y de proyectos de poder integradores que, si se quiere, ha tenido como paradoja la delegada capacidad de hacer y deshacer que ha usufructuado el (hasta el martes) ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en todos estos años.

RECONFIGURACIONES

Es cierto que ha perdido distritos claves, como Paraná, pero el radicalismo (Cambiemos o Juntos por el Cambio, si se quiere ampliar un poco más la mirada) tiene una presencia institucional nada despreciable: senadores y diputados provinciales, senadores y diputados nacionales, intendentes y concejales, constituyen un plafón cierto que, de acuerdo a los movimientos de piezas que se den sobre el tablero, incluso podrían ampliarse. ¿Podrá la oposición en Entre Ríos encontrar la fórmula que le permita presentarse como una expresión unida ante la sociedad, tal como se le ha reconocido al propio Bordet cuando pergeñó Creer Entre Ríos? No es fácil responder con contundencia a este interrogante hoy día.

Naturalmente, también el oficialismo tiene por delante una tarea de construcción de estrategias y habrá que ver cómo afronta y resuelve el desafío. De hecho, Gustavo Bordet agota con este mandato que está por comenzar las posibilidades constitucionales de liderar los procesos provinciales que confluyen sobre la Casa de Gobierno.

Que nadie piense que el actual Creer Entre Ríos es un colectivo armónico. La foto de hoy lo muestra con tranquilidad y en reposo, producto de la dinámica de los consensos que a veces es convencimiento y otras, lisa y llanamente, la imposición de cierta cantidad de votos. Esa impresión de parsimonia es sólo superficial. El operativo “heredero/a” tiene ya hoy vario/as interesado/as y es posible que en el devenir de la tarea de gobernar o legislar el listado se incremente.

LA POLÍTICA

Por fuera de estas especulaciones, pero naturalmente conteniéndolas porque de ello también se alimenta la política, la Legislatura arrancará con al menos dos fuertes desafíos.

Uno de ellos –si no el principal– es la llamada reforma política, una formidable cuenta pendiente que, para saldarse, como cualquiera puede entender, necesita de ciertas condiciones que acaso no se han dado hasta ahora. No es un problema de incapacidad ni de miopía, sino de ejercicio de la política que, conforme las pautas, desenreda lo obtuso y complica lo aparentemente sencillo.

A comienzos de 2018 lo planteó Bordet en ocasión de la apertura del período ordinario de sesiones. El proyecto era, en realidad, un Código o al menos esas pretensiones tenía. Aquel centenar de artículos puede ser un disparador, por cierto; pero en las reuniones de trabajo mantenidas aparecieron una serie de aspectos que lo enriquecerían para que efectivamente no sea sólo un protocolo electoral sino que signifique el marco normativo que establezca reglas claras para la actividad política, base de toda institucionalidad democrática.

Parece claro que una reforma de este tipo no puede ser hecha sólo a la medida de los intereses de los partidos mayoritarios o tradicionales, con representación legislativa. Pero tampoco puede circunscribirse a un problema meramente partidario. Es vital incorporar al campo académico, no sólo porque nuestra ciudad es sede de una carrera de Ciencia Política, sino porque las miradas desde el Derecho, la Sociología o la Comunicación no pueden faltar en tanto pueden reflejar expresiones más panorámicas, menos atravesadas por el interés específico, puntos de vista más cercanos a la sociedad porque, sin ningún tipo de dudas, se trata de un asunto completamente ciudadano que, dicho sea de paso, no se agota sólo en la incorporación de la boleta única de papel (punta de un iceberg desde cuyas profundidades se promueve un cambio sustancial del sistema), sino que puede atender otros asuntos como la garantía de difusión mínima para los partidos o alianzas y hasta la institucionalización de los debates públicos para determinados cargos.

Debe reconocerse que el Gobierno ha llevado adelante acciones transformadoras que han sido reconocidas a nivel nacional como de avanzada. Las más reciente es el Juicio por Jurados, una idea que en la interacción multisectorial incorporó en Entre Ríos elementos innovadores, únicos, superadores, que la distinguen de la normativa existente. Ojalá se recreen espacios de ese tipo y se adecue la legislación actual a las exigencias de la hora, desde una perspectiva que permita la mayor participación de los ciudadanos en la actividad política, incluso para las épocas de elecciones.

UN BANCO

El otro asunto que la Legislatura deberá afrontar y que se destaca por sí mismo es el contrato de agencia financiera, que está operativo en favor del Nuevo Bersa, actualmente Banco Entre Ríos.

Es un tema que hoy mismo no encuentra un criterio unánime en la forma de ser abordado. Algunos piensan que la negociación es un problema del Gobierno, del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas para ser más claro; otros, creen que el protagonismo de la Legislatura debe ser mayor, que es parte de sus facultades y que no pueden ser delegadas, aunque en la conversación informal se acepte que se trata de un tema que tiene una especificidad técnica poco habitual.

Más de uno de los que no está dispuesto a ceder iniciativa política se preguntan por qué el Estado provincial le abona un canon en Entre Ríos para una prestación que consideran anómala cuando, del otro lado del río, en Santa Fe es el agente financiero (del mismo grupo) el que presentó un esquema de negocios, ofrece un mejor servicio a los usuarios y además paga un valor –para nada simbólico– por administrar los recursos públicos, lo que evidentemente robustece sus posibilidades patrimoniales y operativas corrientes.

Hay también quienes reclaman que el agente financiero tenga un mayor compromiso con el desarrollo de la provincia, que se manifieste en ventajas y facilidades, líneas de trabajo específicas, que lo diferencien del resto del sistema bancario que opera en el distrito.

Como se ve, es un asunto controversial que no puede resolverse en función de simpatías o antipatías hacia la entidad bancaria o sus propietarios. Al mismo tiempo, no puede desconocerse que existe una dificultad para que un banco cualquiera preste el servicio en una organización poblacional particular como la entrerriana. Del mismo modo, sin el manejo de los dineros públicos el negocio para la entidad sería notoriamente cuesta arriba: es lo que es, en buena medida, por ese garantizado stock de recursos que le significa el contrato de agencia financiera. Es igualmente cierto que la Provincia no tiene un banco de fomento, pese a todo lo que lo precisa y al enorme impacto de sus aportes y contribuciones a la economía entrerriana.

Así las cosas, tal vez a la sociedad le sea de utilidad que el Gobierno inaugure un período de consultas que le sirva para sustentar mejor, más adecuadamente, la estrategia de negociación que deberá encarar más temprano que tarde. Intendentes, legisladores, empresarios y productores, el sector cooperativo y, nuevamente, investigadores universitarios pueden derivar –cada cual en la medida de sus posibilidades– en la posibilidad concreta de enriquecer los diagnósticos y fortalecer las exigencias y demandas para un servicio clave como el del agente financiero.