La violencia de género como violencia institucional

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Christian Daniel Alegre, de 39 años.

En una audiencia de juicio abreviado, en la que se acordó una pena condicional, quedó en exhibición la ausencia de dispositivos estatales para abordar la compleja problemática de la violencia de género. En este caso se trata de un policía al que no lo comprende aquella problemática, pero su actuación impidió que interviniera la Justicia y viabilizara una denuncia por violencia física y amenazas de muerte contra una mujer, que fue asesinada un mes después.

 

Redacción El Diario | coordinacion@eldiario.com.ar

El acuerdo de juicio abreviado al que arribaron el fiscal Álvaro Piérola y el defensor Eduardo Gerard, en relación a la situación del funcionario de la Policía de Entre Ríos, Christian Daniel Alegre, de 39 años, dejó en exhibición una realidad incontrastable: la ausencia de políticas públicas para abordar de manera integral la problemática de la violencia contra la mujer.

Ayer, Alegre reconoció que «desempeñándose como oficial inspector de la comisaría de Viale, con posterioridad al 21 de noviembre de 2011, incumpliendo los deberes de su cargo, retuvo en la dependencia policial, sin darle inicio a las actuaciones prevencionales correspondientes, la denuncia radicada en la fecha mencionada precedentemente por Elisa Patricia Guadalupe Montórfano contra su pareja Alfredo Alejandro Rojas, por hechos de violencia física y amenazas de muerte en su perjuicio; con lo cual impidió que la autoridad judicial tomara conocimiento del caso y le diera el trámite de rigor».

El 29 de diciembre de 2011 Rojas asesinaba a golpes a Montórfano, dando inicio a esta causa. El femicida fue condenado en septiembre de 2012 con la pena mínima correspondiente al delito de Homicidio simple: ocho años.

Pena

Este jueves, Alegre reconoció que no dio trámite a la denuncia de Montórfano y aceptó cumplir la pena de cinco meses de prisión de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial para desempeñarse como funcionario por el doble de tiempo de la condena.

La causa, cuya imputación se mantuvo sin modificaciones desde el inicio de las actuaciones, se sustanció bajo la calificación legal de Violación de los deberes de funcionario público.

Como la pena es de cumplimiento condicional, exige que el condenado cumpla con normas de conducta y realice trabajos no remunerados en una institución de bien público que debe designar la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).

En este punto surgió con claridad la falta de dispositivos estatales para concientizar a hombres que incurrieron en una conducta reñida con los parámetros de lucha contra la violencia de género, sin que aquella fuese un caso de violencia de género de manual.

Sugerencia

Pierola, tras sugerirle al juez que considerara la posibilidad de reemplazar las tareas ad honorem que deberá realizar Alegre, por una capacitación en violencia de género, sostuvo que “hay carencia de medios de distintos poderes del Estado, talleres, capacitaciones, para captar este segmento de casos”.

Así, enumeró que los talleres para hombres violentos que se dictan en la Municipalidad de Paraná, que están “abarrotados”, no comprenden la situación del efectivo. También mencionó que la Secretaría de la Mujer tampoco dispone de capacitaciones para casos como el de Alegre. Sí entendió que podía ser una posibilidad, con la misma salvedad que en los casos anteriores, “disponer que Alegre se presente en el Centro Judicial de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Doctora Carmen María Argibay, a efectos de recibir un asesoramiento general en la temática de género con las profesionales del Poder Judicial que revisten en dicha área, bajo el formato o metodología que las mismas dispongan.

Ello se solicita en un todo de acuerdo con los objetivos institucionales de dicha área, entre otros, ‘brindar adecuado tratamiento a la problemática de violencia contra la mujer cualquiera sea el ámbito en el que se desarrolle’…”. Cánepa consideró al sugerencia como una “propuesta e interesante”, por lo que iba a analizar alternativas con el personal de la OMA.

El dato

El Centro Judicial de Género del STJ precisó el porcentaje mensual de redenuncias en Entre Ríos para el período enero a septiembre de 2019. La cifra es preocupante: En 8.588 denuncias de violencia familiar y contra las mujeres se registran 1.674 redenuncias.

El caso de Ingeniero Budge

Se considera como violencia institucional a “toda práctica estructural de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.)”. El Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional se instituyó el 8 de mayo de 1987.

Fue en conmemoración de tres jóvenes que fueron asesinados en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, por efectivos de la Policía Bonaerense. Estaban sentados en la esquina de las calles Guamini y Figueredo.

Por el crimen fueron condenados tres efectivos.

Los tres estuvieron prófugos y según los querellantes contaron con protección policial para la fuga. Desde el Estado nacional se instituyó ese día como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, para recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad y buscando promover la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de esos derechos.