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domingo, diciembre 8, 2019
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    Fue declarado nulo un allanamiento que se realizó sin testigos civiles

    La orden judicial habilitó la medida para buscar herramientas robadas y se halló cocaína y marihuana. La jueza aseguró que el hallazgo de la droga se realizó sin la presencia de ningún testigo y que esta irregularidad no se plasmó en el acta. También sostuvo que se probó que el procedimiento fue “precipitado y violento”.

     

    “Se ha probado de un modo que no admite fisuras ni dubitación que dicho ingreso de la fuerza policial fue precipitado y violento, y que el mismo se practicó sin testigos civiles” sostiene la resolución de 54 fojas que dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, con integración unipersonal en la vocalía de Noemí Berros.
    La magistrada hizo lugar al pedido de nulidad que realizó la defensa de Juan Ramón Berón y Gonzalo Jesús Andrés Pérez, que fueron imputados del delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
    En consecuencia, declaró “la nulidad del procedimiento en lo concerniente al hallazgo y secuestro de estupefacientes, cabeza de estas actuaciones, que documentan las actas y de todos los actos consecutivos que de él dependen”, absolvió de culpa y cargo a los dos imputados y dispuso su inmediata libertad, puesto que estaban alojados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná con prisión preventiva.
    En la sentencia que absolvió a Berón, de 52 años, y Pérez, de 32 años, se precisó que el allanamiento y registro domiciliario fue autorizado por la Jueza de Garantías Nº 6 de Paraná, Elisa Zilli, “con motivos suficientes y en el marco de una IPP iniciada por una denuncia de robo de herramientas de trabajo”.
    Además, aclaró que si “en cumplimiento de dicha orden, se encontraran elementos que evidencien la comisión de un delito distinto al que motivó la autorización (tal, por caso, estupefacientes), el personal policial se hallaba facultado para proceder a su secuestro con comunicación al juez o fiscal interviniente”, conforme lo autorizan las leyes.
    Entre los argumentos para dictar la nulidad de todo lo actuado, se señaló que una testigo era “amiga de la familia” y el segundo testigo lo buscó un policía y se trató de un vecino que estaba arreglando su auto y vive enfrente de la casa donde se realizó el procedimiento.
    Tras evaluar los testimonios y la prueba documental, Berros determinó que “ninguno de ambos, se hallaban con el personal policial al constituirse en el lugar como se consigna en el acta. Entonces: ¿qué hallazgos habidos durante el procedimiento presenciaron los testigos de actuación? Me animo a sostener, sin temor a equivocarme, que ninguno”.
    La jueza coligió que “ninguno de los dos había sido aún convocado para intervenir en dicha calidad de fedatarios del acto. El procedimiento debió entonces suspenderse, convocarse a los testigos para que observaran el lugar del hallazgo y recién luego bajar las bolsas (del techo y del árbol) y anoticiarse de su contenido. Pero no lo hicieron así”.
    De confrontar los testimonios de los mismos efectivos que tomaron intervención en la medida, se pudo determinar que los testigos “dieron comienzo a su intervención como testigos de actuación entre media hora y una hora y media después de iniciado el procedimiento a las 14:20. Y va de suyo que esta circunstancia no quedó plasmada en las actas las que, con comprobada mendacidad, dan cuenta que aquéllos estaban presentes desde que el personal policial se constituyó en el lugar y golpeó la puerta”.

    Insólito

    Además de los desatinos señalados en la resolución, la magistrada resaltó otras “irregularidades que impregnaron toda la actuación policial”, las que “a la postre, vienen en refuerzo de la prueba de la ilegalidad consumada por la ausencia de testigos civiles durante este acto definitivo e irreproductible. Cabe mencionar, entre ellos: i) la ilegal práctica de la requisa personal practicada a las mujeres que estaban en la vivienda allanada. Ella se realizó – haciéndoles levantar la remera y bajándose los pantalones-, sin respetar el pudor de las personas (en infracción al artículo 230, 2º párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación): a todas juntas y delante de hombres de la casa y de funcionarios policiales varones. Insólito resulta que, incluso, fuera requisada –como se dijo- una mujer, quien interviniera como testigo de actuación. Amén de ello, no es cierto –como lo sostuvo un comisario que dicha medida estuviera judicialmente autorizada. La orden solo autorizaba el allanamiento y registro domiciliario”.

     

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