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martes, diciembre 10, 2019
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    El nuevo rol de los ciudadanos a partir del juicio por jurados

    El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, ponderó “la magnífica posibilidad de construir ciudadanía” que genera el Juicio por Jurado. En una conferencia habló de “mirada popular”, “distancia justa” y decisiones “lógicas”, entre otros conceptos. Sobre un nuevo rol que tendrán ciudadanos y ciudadanas, también hicieron consideraciones la ministra de Gobierno y el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados.

     

    REDACCIÓN EL DIARIO
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    El proyecto de ley que instaura el juicio por jurados en la provincia fue promulgado por el Poder Ejecutivo el 7 de noviembre. Entrará en vigencia transcurridos 15 días de la publicación, lo cual está pendiente. Habilita un nuevo rol para los ciudadanos que, sorteo y designación mediante, se verán formando parte de un tribunal, juzgando al presunto autor de un delito.
    El vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Andrés Harfuch, ha señalado que se trata de “una ley que va a cambiar el modo de entender la justicia en Entre Ríos porque ahora, los ciudadanos son los que van a decidir. Ellos van a tener en sus manos la aplicación de la ley. Eso es muy importante porque en adelante, con el juicio por jurados, va a tener que haber en cada juicio penal grave, seis varones y seis mujeres que tendrán que escuchar las pruebas al lado de un juez, un defensor, un fiscal y un acusado. Y ellos van a tener que tomar la parte más importante de la decisión. Luego el juez tendrá que aplicar o no la pena”. Efectivamente, será ese tribunal -integrado por vecinos y vecinas entrerrianas- el que pronuncie el veredicto: culpable o no.
    El viernes pasado, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, brindó una conferencia sobre este tema en el Salón de Actos del Poder Judicial, en esta ciudad. Destacó que Entre Ríos ha decidido que el juicio por jurados para determinados delitos sea “un modelo de administración de justicia, lo que supone –agregó- que el pueblo puede llevar adelante esta responsabilidad” y en esa dirección subrayó “la atribución del pueblo para juzgar a sus pares de un modo directo”.
    Dijo compartir plenamente el criterio adoptado con relación a la composición del jurado por su carácter “totalmente popular y obligatoriamente no jurídico; no sólo no judicial”, en tanto prevé que no puedan participar profesionales del Derecho.
    Consideró una decisión muy valorable que de acuerdo a la norma aprobada por la Legislatura entrerriana, “todos los jurados estén en igualdad de condiciones para percibir los hechos, valorar la prueba y tomar una decisión”. Asimismo valoró que “la igualdad también se proyecta al género” -6 varones y 6 mujeres- lo que vinculó con “la construcción social del veredicto”.
    En este punto, diferenció que en una composición mixta del tribunal, las personas vinculadas al Derecho pueden tener incidencia sobre los legos, para volver a insistir que la ley entrerriana permite prever “una mirada plural, múltiple, no concentrada”.
    En cuanto al funcionamiento, rescató que “conjuga el saber técnico desarrollado por el juez –quien asegura el debido proceso, el cumplimiento de las etapas procesales- y deja a los vecinos la decisión sustantiva en base a su leal saber y entender”.
    Asimismo defendió el hecho que el jurado no deba dejar escrito los fundamentos de su decisión al sostener que el veredicto en este caso “no es una decisión retórica sino lógica” y que ello no será obstáculo para que la defensa pueda plantear un recurso cuando así lo decida.
    En un momento de su ponencia frente a un auditorio colmado, relacionó el veredicto con el “sentido común” y acotó que “mientras más participen, menor margen de error”. Señaló que la mirada de doce personas es una “mirada popular” y si son más diversos los miembros, es una “mirada promedio”.
    Explicó también la expresión “distancia justa” en el sentido que “para captar un hecho lo importante es ubicarse a una distancia psicológica apta, indicada”, en tanto, muy cerca se pierde la visión de conjunto y muy alejado, se pierde el detalle. Insistió con que en 12 jurados puede haber “una mirada promedio de un ser humano normal en un momento histórico determinado”. En esa dirección, estimó que “esos 12 (jurados) están en mejores condiciones de acercarse a la verdad que un juez en el escritorio”.
    Casi como síntesis, Rosatti afirmó que “en la deliberación de los 12 miembros se puede lograr construir, sobre la base del leal saber y entender, un veredicto que se aproxime mucho más a la justicia”.
    “Tenemos una magnífica posibilidad de construir ciudadanía” subrayó. “Acá tenemos la ley de juicio por jurados. Ahora hay que capacitar a los vecinos y vecinas para que comprendan el cometido”. Confió que “las condiciones están dadas para que la institución progrese” y no dudó en sostener que el juicio por jurados “es la mejor forma de democratizar el Poder Judicial. Darle la herramienta de decisión a los vecinos”.

    Harfuch: “El pueblo le da legitimidad al veredicto”

    Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Nacional de Juicio por Jurados trasmite con entusiasmo las bondades de la nueva herramienta judicial. “Esta ley va a gobernar la vida de los entrerrianos en los próximos cuarenta, cincuenta, cien años y se va a volver algo frecuente como soñaron los constituyentes. Y no va a haber un juez o tres, sino 12 jurados que deciden” es uno de los primeros aspectos que subraya de la iniciativa, para resaltar luego el acuerdo unánime de los tres poderes en torno a un proyecto que consideró el mejor del país, de avanzada.
    Además de que una de las funciones del juicio sea aplicar la ley, Harfuch avanza en una suerte de descripción para explicar que “el juicio es también, casi como un recinto teatral solemne, donde se reconducen los rencores y las tensiones que produce el delito en todo sentido, ya sea de la víctima o del imputado. Es algo necesario, un ejercicio catártico. A veces las víctimas de delitos graves necesitan un juicio y los acusados necesitan ser escuchados y el juicio es el escenario para ello. Si en esto sumamos al pueblo y que el pueblo tome la decisión, como marcan las grandes democracias, entonces el juicio adquiere otra dimensión, una legitimidad que no tiene cuando a la decisión la toman tres jueces técnicos. Es el pueblo mismo el que está dando el mensaje”, diferenció para acotar que “el pueblo le da una legitimidad muy especial al veredicto y eso es sustancial”.
    De la experiencia aportó que “el jurado es una muy buena institución judicial, porque ayuda a que los juicios sean mejores, son muy exigentes en términos de prueba”.
    Un sencillo análisis permite apreciar las diferencias con la situación actual. Actualmente, “tres jueces del Estado deciden la admisibilidad de las pruebas, la culpabilidad, la inocencia y la pena. Esto tiene que estar dividido, una parte la toma el pueblo y otra los jueces. Acá hay una división clara en la función de juzgar”. Vaticina que “para los fiscales y defensores también va a ser un cambio porque van a tener que conseguir pruebas sólidas, una nueva cultura de la producción de las pruebas y una manera eficiente de presentarlas. Esto traerá mayor transparencia, publicidad, y creo además en el jurado como método de corrección de ciertas prácticas en tribunales”.
    Harfuch reflexiona que “el pueblo no comprende las decisiones de los jueces, no las entiende, no entiende determinadas condenas, esta siempre bajo sospecha. El jurado será el comienzo para ayudar a que esta incomprensión ciudadana hacia una institución de la democracia como es el poder judicial se termine”.
    En este devenir de transformaciones, convertido el proyecto en ley, el foco vuelve a estar en el Poder Judicial que “tendrá que dar pasos operativos y de capacitaciones de jueces fiscales y defensores”.
    En cuanto al ciudadano, Harfuch no comparte que se hable de la necesidad de capacitarlo porque además de escribir y comprender el idioma nacional, se le pide su “experiencia de vida”. Simplifica: “Van a tener que tomar un veredicto unánime entre 12 y con eso basta”. No obstante no hablar de capacitar, comparte que se puede hable de una campaña de difusión ciudadana masiva en escuelas, entidades intermedias para que se sepa bien qué es ser jurado, en qué consiste la tarea, cuántos días tendrá que estar abocado a eso, qué pasa con su trabajo.
    La Asociación de Juicio por Jurados es una organización no gubernamental, cuyo objetivo es promover y difundir la instauración del juicio por jurados en el país. “Tenemos mucha experiencia asé que vamos a estar presentes para todo lo que sea. En las otras provincias las experiencias andan muy bien, y hay veredictos de gran popularidad y hay detrás de eso un trabajo muy importante”, sostuvo Harfuch.

    Romero: “Estamos frente a ciudadanos muy responsables”

    Para la ministra de Gobierno y Justicia, el “amplísimo consenso” con el que se aprobó el proyecto de juicio por jurados incidirá en el “vigor” de la ley que ya está promulgada.
    “Comenzaremos a andar un proceso de capacitación en las escuelas, de capacitación de la ciudadanía”, señaló Rosario Romero, adelantando que vendrá el sorteo de posibles jurados, miles de personas van a resultar sorteados para actuar cuando se den las circunstancias.
    “Será como lo vemos en las películas” es una expresión que se ha escuchado mucho a propósito de esta iniciativa y quizá es lo que más ayuda a hacerse la idea al ciudadano de a pie sobre el cambio que se introduce. Lo cierto es que el jurado –de acuerdo al proyecto aprobado- se acerca al modelo anglosajón, igual cantidad de hombres que mujeres, 6 y 6, y 4 suplentes que van a presenciar todo el juicio porque, si alguna situación genera una indisposición de un jurado o por alguna razón se lo aparta, esos cuatro garantizarán que nunca faltará uno que juzgue el caso.
    En medio de las explicaciones, Romero repara que la nueva ley provincial se enmarca en “un proceso que se están dando las provincias, marchando hacia un modo de participación de la ciudadanía en la decisión judicial” y no duda en considerarlo “una buena noticia”.
    La ministra confía en que “estamos frente a ciudadanos muy responsables que van a tomar con toda seriedad la tarea que se viene” y para la cual, “vamos a capacitar, vamos a hacer un proceso de mucha conversación con la ciudadanía”.
    La norma está promulgada y estará vigente quince días luego de su publicación. “Será aplicada a todos los hechos que pasen a juicio, pueden ser procesos que ya están en trámite pero que no han sido elevados a juicio; pero naturalmente el grueso de los procesos que van a ir a jurado se darán a partir del 1 de enero”, indicó.
    Teniendo en cuenta los tiempos, la funcionaria anunció meses de trabajo de una comisión de implementación del juicio por jurado que va a tener una tarea con la ciudadanía de capacitación, de difusión. También con los medios de comunicación y las escuelas. Incluso, para los próximos meses, entre diciembre y febrero, se organizarían simulacros de jurado.
    Romero entiende que el nuevo instituto enriquecerá la mirada que se tiene del Poder Judicial ya que “el jurado va a ver las dos campanas, la de la defensa y la del imputado, y va a resolver conforme esa tensión que se produce en la psiquis de la persona. No es lo mismo opinar desde afuera que viéndolo en la realidad. Se va a comprender y a legitimar la labor de la justicia, y además a la justicia le vamos a hacer un bien porque le vamos a dar algo tan valioso como la mirada de un ciudadano”. Concretamente, podrán ser jurado las personas entre 18 y 75 años y “nadie que sea jurado puede provenir del mundo del Derecho”, remarcó.

    Para qué delitos

    De acuerdo al artículo 2º de la ley “deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, aún en su forma tentada y junto con los delitos conexos que con ellos concurren, los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de veinte (20) o más años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, cuando al menos uno de ellos tuviere prevista una pena máxima en abstracto de veinte (20) o más años de prisión o reclusión”.

     

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