Megacausa: Hoy declaran funcionarios municipales

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Los federales declararon en relación al informe que realizaron con la información que se secuestró en allanamientos a la Municipalidad de Paraná.

Cuatro efectivos de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA) declararon en relación al informe que realizaron con la documentación que se secuestró en la Municipalidad de Paraná. Dieron precisiones respecto de varios puntos de pericia pero en ningún momento, siquiera, mencionaron una actividad vinculada al financiamiento del narcotráfico. Sí habrían detectado “irregularidades”, “desprolijidades” y “desorden” en el manejo de los números.

 

Redacción El Diario | coordinacion@eldiario.com.ar

Cuatro efectivos de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA) –tres también son contadores públicos- declararon alrededor de cuatro horas en el contexto del juicio que se realiza contra 33 ciudadanos acusados del delito de narcotráfico y financiamiento de aquella actividad.

Lo llamativo de la audiencia de ayer fue que en el juicio que se sustancia para determinar las responsabilidades en las causas denominadas Avioneta narco y Narco municipio, no hubo ninguna mención respecto a estupefacientes. Menos, de fondos destinados a financiar aquella actividad.

Los puntos de pericia a analizar consistieron en las contrataciones de publicidad, las contrataciones para baños químicos y vallas para el evento de Tecnópolis, sobre Recursos Humanos y liquidación de haberes, y del ingreso de personal municipal y si entre los incorporados había familiares de los imputados. Todo durante el período comprendido entre septiembre de 2017 y mayo de 2018.

Los federales declararon en relación al informe que realizaron con la información que se secuestró en dos allanamientos, de la Municipalidad de Paraná.

El objetivo del informe no era determinar que el destino de dinero de la comuna se direccionaba a financiar la comercialización de estupefacientes, pero resultó llamativo que no hubiese al menos una mención a aquella imputación, que pesa sobre cuatro funcionarios de la Municipalidad que revisten en la Alianza Cambiemos: el actual intendente Sergio Varisco; el concejal Pablo Hernández, y los funcionarios Alan Viola y Griselda Bordeira.

De los cuatro imputados que revisten en el Municipio, la única que fue mencionada ayer fue Bordeira. Se expuso que su mamá tenía un contrato de obra por trabajos de limpieza y de servicio de publicidad que cobraba en dos partidas, en una modalidad que exhibiría el pago en planillas mellizas.

En la continuidad del debate, el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango, resolvió incorporar al listado de testigos a los funcionarios de Cambiemos Carlos González, Karina Llanes, María Marta Zuiani y Karina Plugoboy.

Los tres primeros efectivos y contadores, la subcomisario y contadora, Marcela Julita; la cabo primero Silvina Oshadt, y la funcionaria Romina Veraldi, coincidieron en señalar que advirtieron que de los legajos de personas que ingresaban al municipio “faltaban muchos datos” y respecto de si había familiares de los imputados, se respondió, con algunas diferencias, que no se pudo determinar porque era un punto de pericia con muchos nombres y la División está lejos de Paraná como para hacer un seguimiento.

También consideraron inusual que la Municipalidad librara un cheque para sí misma para que sea depositado en su propia cuenta.

A los pesquisas les llamó la atención lo que para el evento de Tecnópolis se pagó a una firma local en concepto de la provisión de baños químicos y vallas. Incluso reconocieron que se enteraron por una noticia que se trató de 120 baños.

A una pregunta de una de las defensas respecto a que, si hicieron tareas de campo con miembros de Inteligencia Criminal, porqué no fueron a la empresa a colectar la información, se respondió que no era el objetivo de la pericia.

Los investigadores también reconocieron que advirtieron diferencias en el precio del alquiler de los baños de cotejar un archivo con información de la contratación en eventos anteriores con los precios que ofrece Mercado Libre.

Así, determinaron que la empresa cobró según el archivo, del que no pudieron especificar las fechas, 400 pesos cada baño; para Tecnópolis cobró 500 pesos; y online, Mercado Libre los ofrecía a 60 pesos. Los efectivos aclararon que la referencia a aquella firma  se realizó “a modo de comparación”.

Ayer declararon dos testigos civiles. El que más importancia revistió fue Rubén Correa, que se desempeña como subtesorero de la Municipalidad. Correa dio explicaciones sobre el manejo de los pagos.

Así, señaló que Tesorería realiza un pago cuando el expediente transitó por todos los caminos correspondientes y el trámite está bien realizado. En este sentido, sostuvo que si no lo está, no se paga. Correa puso en duda el informe porque se realizó con información que solo comprende un período de nueve meses, lo que consideró insuficiente para arrojar conclusiones tan categóricas.

El funcionario, que ocupa el cargo desde la gestión anterior, aseguró que de Tesorería “no sale una moneda sin la orden de pago”. La defensa de Varisco pidió que se tenga en cuenta el informe que el mismo Correa realizó y remitió al intendente, tras consultar a los organismos de contralor.

Llamativo

Otro dato que llamó la atención a los efectivos de Lavado de Activos fue que en concepto de publicidad, en el período septiembre 2017-mayo 2018, se gastaron 28.000.000 de pesos.

Consultados sobre si pudieron determinar si la cifra era elevada porque lo compararon con el monto total del presupuesto municipal o de cotejar el mismo gasto en otras comunas, respondieron que no lo hicieron. Incluso Julita llegó a sostener que lo que ellos realizaron era un trabajo que los jueces iban a determinar “si les sirve o no”.

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