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jueves, noviembre 21, 2019
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    Las incompatibilidades que pondrían en un dilema a la Cámara de Casación

    El artículo 40 de la Constitución de Entre Ríos prescribe que “no podrán acumularse en una misma persona dos o más empleos, aunque el uno sea de la Provincia y el otro de la Nación, municipio o comuna con excepción de los del magisterio y los de carácter profesional técnico cuando la escasez del personal haga necesaria la acumulación. Fuera de estos casos, la aceptación del nuevo empleo hace caducar el anterior”.

     

    NÉSTOR BELINI

     

    La acción que promovió la empresa Energía de Entre Ríos SA (Enersa) contra el amparo que el 30 de agosto presentó Sandra Gisela Barrionuevo pondría en un brete, según la primera acepción que la Real Academia Española (RAE) le otorga a la palabra: “Aprieto sin efugio o evasiva”, a la Cámara de Casación Penal de Paraná. Barrionuevo promovió una acción de amparo con el fin de que se condene a “Enersa, a proveer la información pública de los sueldos y viáticos de los funcionarios requeridos mediante nota presentada, funda en el derecho de acceso a la información pública tutelado en la Constitución Provincial, Constitución Nacional, decretos 1169/05 de la Provincia, Ley 8.916, cita jurisprudencia y doctrina aplicables”.

     

    Responsabilidad

     

    El dilema a resolver por el órgano colegiado consiste en determinar en causas de ineludible interés público, quién es funcionario público y quién no. La Cámara ya dio muestras de su posición fallando en contra del amparo que presentó Barrionuevo. La decisión tuvo el apoyo del procurador general de la provincia. Casación es vital en el desarrollo de un proceso que se inicia con un juicio, puesto que tiene la gran responsabilidad de revisar una sentencia de primera instancia. Entre los importantes motivos de aquella responsabilidad se destacan la situación del imputado, de la víctima, de la sociedad y porque debe controlar un acto sentencial emitido de otro juez, que tiene los mismos atributos de idoneidad y profesionalismo que los miembros de la Cámara.

    El Tribunal de Juicio, integrado por Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel, condenó a Juan José Canosa, abogado de 46 años, a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional por encontrarlo autor del delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El Tribunal entendió que por su desempeño como presidente del Directorio del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer) ejerció un cargo público. La defensa de Canosa casó la sentencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. La audiencia ante la Cámara de Casación estaba programada para el jueves 14 pero desde la Oficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia se informó que se reprogramó para el martes 12. Éste día, la defensa solicitará que se declare nula la sentencia.

     

    Equipo

     

    El Diario pudo determinar que no pocos funcionarios públicos también tienen cargos en empresas descentralizadas del Estado. Por ejemplo, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes se desempeña como síndico de Enersa y de Sidecreer. En similar situación de presunta incompatibilidad se encontrarían el ministro de Economía, Hugo Ballay; José Laporte y Luis Erbes, entre otros. También engrosarían el equipo de “los incompatibles” una decena de funcionarios públicos de primer nivel, entre los que se destacan el vicegobernador e intendente electo de Paraná, Adan Bahl, y la senadora Sigrid Kunath, que fue secretaria legal y técnico de la Gobernación, y secretarios de la gobernación.

    Fuentes legislativas consultadas deslizaron que todos “han desempeñado a la vez de sus funciones públicas, cargos en sociedades anónimas del Estado, percibiendo doble ingresos públicos”. La pregunta que empezó a sobrevolar una zona más amplia que la Plaza Mansilla consistió en tratar de develar ¿qué sucedería si la Cámara de Casación confirma que los miembros de Sidecreer, por ende Canosa, o de otras Sociedades Anónimas del Estado, son funcionarios públicos? Una de las posibles respuestas fue que “se estaría frente a una incontable cantidad de casos de incompatibilidad y ante la posible comisión del delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

     

    ¿Contralor?

     

    Otro interrogante que recorrió una zona también más amplia que la de la reconocida Plaza donde les emprendedores dan a conocer su producción en cuidadas puestas artísticas, indagó en qué sucede con los organismos de contralor del Estado, llámese Tribunal de Cuentas, Contaduría General y hasta el mismísimo Ministerio Público Fiscal (MPF). Quedaría fuera del lote de controladores la Fiscalía de Estado, puesto que el organismo tendría que investigar a su propio jefe, quien, llegado el caso se encontraría en la insólita situación de tener que “auto ejecutarse” en virtud, o en defecto, que “es quien debe velar por la legalidad de los actos jurídicos del Estado”. Las fuentes consultadas señalaron que “es preocupante la siesta que duermen los organismos de contralor, tan activos en otras situaciones, puesto que aquellas incompatibilidades causan un claro perjuicio fiscal al erario público, por lo que el Tribunal de Cuentas debería iniciar acciones administrativas o judiciales para lograr la devolución de los sueldos duplicados mal habidos”. En algunos casos se resaltó que se trata de montos de ocho cifras.

    Apelando a una metáfora futbolera, otra fuente consultada, esta vez de origen judicial, evaluó que “la pelota está en el campo de la Cámara de Casación”. La decisión de la Cámara podría abrir una Caja de Pandora. En ese sentido, la fuente analizó que “si los miembros de las Sociedades Anónimas del Estado, no son funcionarios públicos, como sostiene en los fundamentos el rechazo de Enersa al amparo de Barrionuevo, con algo de la venia de la Cámara y del procurador, pero la Justicia, es decir Casación, confirma su postura contraria se estaría ante la posibilidad de abrir investigaciones para determinar la situación de incompatibilidad en que estarían no pocos e importantes funcionarios públicos”.

     

    Criterio

     

    En su respuesta al amparo de Barrionuevo, los representantes legales de Enersa citaron profusa jurisprudencia y dogmática de prestigiosos estudiosos del Derecho Administrativo. Una de las citas resaltó que “si bien el criterio básico para determinar la condición de persona pública estatal del ente es el de su encuadramiento o pertenencia a la organización administrativa, el mismo carácter se concilia plenamente con el que atribuye carácter comercial a las sociedades anónimas cualquiera fuere su objeto (por su forma), dado que, de acuerdo con su organización y régimen jurídico privatístico, éstas no integran la Administración Pública, aun cuando el Estado posea la mayoría total o la casi totalidad de las acciones y el poder decisorio de la entidad». Este sería el caso de Sidecreer, que fue creada jurídicamente como una SA, por la Ley Nº 19.550, quedando sujeta al control de su propia asamblea, de sus sistemas de controles externos e internos y de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Además, la empresa que llevaría adelante una actividad de índole comercial se encuentra bajo el control del Banco Central de la República Argentina, el nombramiento de sus directores y los honorarios mensuales -no sueldos- de aquellos, es realizado por la Asamblea de accionistas, entre otras instancias operativas.

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