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Ordenaron a la Fiscalía que corrija una imputación porque no está claro el hecho

El hecho en cuestión habría ocurrido con Robles como intendente de Crespo, Waigel como secretario de Gobierno, y Winderholler como secretaria de Hacienda. 

Con tales maniobras , se habría beneficiado a las empresas Agrícola Regional, Nutritotal y Nutrihaus.

Néstor Belini | redaccion@eldiario.com.ar

La jueza de Garantías Nº 1 Marina Barbagelata resolvió ayer no hacer lugar al pedido de nulidad de la remisión a juicio que solicitaron las defensas de Ariel Robles, Jorge Waigel y Leonor Winderholler, que están imputados del delito de Peculado, pero sí decidió ordenar a los fiscales Franco Bongiovanni y Gonzalo Badano, que corrijan el hecho imputado porque entendió que tal como está redactado “tiene deficiencias profundas en la plataforma fáctica que deben ser corregidas”.

Barbagelata resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 23 de octubre, por situaciones inherentes a la defensa, a cargo de Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, en el caso de Robles y Winderholler –Waigel se representa a sí mismo– para reanudar la audiencia de remisión de la causa a juicio.

Corrección

Tras escuchar a las partes, la jueza ordenó a los fiscales que corrijan la imputación incluyendo con precisión “los desagregados procedimientos de compra directa y las operaciones que dan el importe imputado”.

A los tres imputados se les atribuyó sustraer del erario público municipal, entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, inclusive, “un monto total aproximado de 1.102.790, 21 pesos”, autorizando en forma reiterada y sistemática la adquisición de materiales de construcción mediante desagregados procedimientos de compra directa, para luego ceder gratuitamente dichos insumos a diferentes habitantes de modo absolutamente incondicionado y sin antes evaluar seriamente la necesidad alegada, ni controlar a priori la utilización de los elementos a ese fin”.

Tales hechos habría ocurrido con Robles, como intendente de Crespo, Waigel como secretario de Gobierno, y Winderholler como secretaria de Hacienda. Con tales maniobras, se habría beneficiado a las empresas Agrícola Regional, Nutritotal y Nutrihaus.

Excluidos

En la audiencia se abordó la remisión a juicio de la causa que involucra a Robles, Waigel y Winderholler, Cullen y Vartorelli pidieron la nulidad de la remisión y la exclusión de la querella particular en representación del Municipio de Crespo, en manos de Rubén Pagliotto e Iván Vernengo.

La jueza decidió excluirlos del proceso en virtud del artículo 82 del Código Procesal Penal de la provincia, que en el último párrafo prescribe que “en caso que la Administración Pública sea la damnificada u ofendida del delito ningún organismo estatal será admitido como Querellante Particular, quedando la persecución penal exclusivamente a cargo del Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de la intervención que como Actor Civil pueda corresponder”.

Cuestionamientos

Cullen y Vartorelli señalaron que en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) intervinieron varios fiscales que se fueron sucediendo, por lo que entendieron que por un error involuntario y motivado en la gran cantidad de trabajo que tienen los fiscales, la redacción de la imputación del hecho devino generalizada, sin que se  relatara como lo exige la norma, en forma clara, precisa y circunstanciada, exponiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que habrían ocurrido los hechos que se imputan. También cuestionaron que se cambió el hecho.

Así, advirtieron que el hecho imputado varió desde la primera imputación en el comienzo de la IPP, cuando intervino el ex fiscal Gervasio Labriola, hoy juez del Tribunal de Juicio, y la que se formuló para la remisión de la causa a juicio, ya con Bongiovanni y Badano. La defensa consideró que se lesionó del derecho constitucional a una legítima defensa.

Como modo de superar los errores que señalaron, los defensores propusieron que se redactara nuevamente el hecho imputado teniendo en cuenta aquellas observaciones, más la aclaración de si se consideraba que los imputados incurrieron en el ardid de simular operaciones que luego no realizaron, porque entendieron que tal como estaba relatado el hecho, habilitaba que aún cuando aquello no estuviese imputado claramente, se lo podría llegar a hacer.

Ardid

Los fiscales atribuyeron el pedido a una maniobra para dilatar la remisión a juicio. Sostuvieron que los imputados han realizado actos inherentes a la defensa. Añadieron que la imputación es un “recorte fáctico” y entendieron que la defensa “propone testigos hipotéticos, imputados hipotéticos, medidas de prueba hipotéticas, a producir en un juicio si la imputación es la que él considera correcta”, en relación a que la defensa cuestionó que no se trató de investigar si los elementos llegaron a los vecinos ni tampoco fueron convocados como testigos, como asimismo no se imputó a las tres firmas que se habrían beneficiado con la supuesta maniobra. También sostuvieron que la imputación “para nada es distinta a la que se le formuló a los imputados”, por lo que destacaron que “para nada deja desprovista a la defensa para desarrollar una defensa dentro de los parámetros constitucionales”.

 

Ariel Robles fue intendente de Crespo entre 2011 y 2015.