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jueves, noviembre 21, 2019
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    El STJ revocó el fallo que se había dictado contra la Caja de Jubilaciones

    El Superior Tribunal de Justicia resolvió ayer hacer lugar a los recursos de apelación de la Caja de Jubilaciones y del gobierno provincial y revocó la sentencia del vocal de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo Sala II, Guillermo Federik, que había fallado a favor de estudiante que reclamó la extensión de la pensión hasta los 25 años, cuando la ley respectiva estipula ese beneficio a los 23 si se continúa con los estudios.

    En octubre el magistrado había declarado inconstitucional el artículo 47 de la Ley Provincial de Jubilaciones y Pensiones N.º 8.732, y condenado a la Caja, y subsidiariamente al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a extender el pago de la pensión por fallecimiento de su madre en favor del hijo de la mujer, estudiante, hasta la edad de 25 años “y/o hasta la culminación de la carrera universitaria que se encuentra cursando”.

    Sentencia López Bruno

    En la apelación las partes demandadas entendieron que “lo resuelto en la sentencia le causaba gravamen irreparable”. La Caja solicitó el rechazo de la acción interpuesta con imposición de costas a la actora; y sostuvo “la inadmisibilidad de vía escogida para lograr el objetivo perseguido, omitiendo acreditar los extremos necesarios para apreciar la flagrancia y gravedad de la afectación de los derechos que se invocan”. Asimismo, explicó que “la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe ser ejercida con cautela y razonabilidad, y no ha sido solicitado ni fundado en la demanda. Asimismo, refiere que frente a la contradicción de una norma general -como el código civil y comercial- y una especial, debe escogerse esta última, y en materia previsional la especialidad prevalece”, e hizo reserva del caso federal.

    Por su parte, el fiscal adjunto del gobierno provincial apuntó a “la extemporaneidad del amparo, comenzando a correr el plazo desde que «conoció o pudo conocer» el supuesto acto lesivo, lo cual aconteció en el mes de abril de 2019, y no como pretende el actor desde la intimación por Carta Documento”. Refirió, además, “que no hay ningún acto administrativo del Poder Ejecutivo, respecto del derecho previsional pretendido”, y que “el actor omitió acudir a la vía administrativa idónea para que se revise su situación con amplio análisis y adecuado resguardo del derecho de defensa, por lo que concluye en la inadmisibilidad de la vía del amparo”, e hizo reserva del caso federal.

    A su turno, la fiscal General del Superior Tribunal de Justicia, Laura Z. G. de Gambino, propició la admisión de los recursos, “teniendo en cuenta la división de los poderes y la ausencia de incompatibilidad entre la norma constitucional y la previsional”.

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