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martes, mayo 26, 2020
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    Entre el baldazo de agua fría y la posibilidad del productor de trabajar

    “Fue un baldazo de agua fría, estamos absortos y preocupados”, dijo María Fernández Benetti, de Basta es Basta, en relación al fallo del Superior Tribunal de Justicia referido al decreto 2239 que regula la aplicación de productos fitosanitarios en proximidades de escuelas rurales. Para Alfredo Bell, de la Federación Agraria, la medida “representa la posibilidad que el productor pueda trabajar”.

     

    Redacción El Diario | [email protected]

     

    Opiniones encontradas sostienen ambientalistas y productores rurales que, no obstante, coinciden en la solución definitiva que podría aportar la sanción de una ley en la provincia.
    En particular, sobre el fallo del STJ, que se divulgó en la víspera, el productor y dirigente de la Federación Agraria destacó que al quedar vigente el decreto implica “la posibilidad que el productor pueda trabajar”.

    Diferenció los fallos anteriores “que prohibían el 100% de las aplicaciones, sin tener en cuenta una serie de cuestiones”, que el decreto que queda vigente “toma en cuenta más allá de las distancias que también son importantes”.

    Alfredo Bell sostuvo ante la consulta de EL DIARIO que “hoy hay un sistema en el que está más claro como resguardar la salud de los niños y de los docentes en las escuelas porque hay cada vez más exigencias”.

    Recordó el decreto anterior objetado por la Justicia, para opinar luego que “el nuevo decreto es mucho más riguroso. A partir de ahora las aplicaciones no están permitidas en 100 y 500 metros. Allí rige una prohibición total. A partir de ahí hay una zona de resguardo que va a tener una cantidad de restricciones que el productor va a tener que cumplir”. Y enumeró: “Hacer las aplicaciones con producto de banda verde, avisar con 48 horas de anticipación, todas esas aplicaciones con recetas on line que 48 horas previas tendrán que ser autorizadas por la Dirección de Agricultura, siempre a contraturno o fines de semana y con la presencia real de un profesional de la ciencia agropecuaria. También hay un sistema de escuelas centinelas, con la posibilidad de advertir si hay alguna dificultad en el proceso, que van a tener mucha más rigurosidad en cuanto a la dinámica de control y a lo que esté pasando con la actividad alrededor de la escuela”.

    Bell insistió en que “todo eso hay que cumplirlo a partir del decreto que ha cambiado muchas cosas y que exige cada vez más. El Poder Ejecutivo –sintetizó- ha planteado una cantidad de resguardos” que para el productor son “obligaciones” y “tendrá que adecuarse”. En ese orden, consideró que “habrá más capacitación, mas formación e información y más poder de policía”.

    Dio por asegurada la voluntad de los ruralistas de “cumplir en todos los términos con todo lo que hay que hacer para adelante” y se refirió a “un sector que está organizado a través de la mesa de buenas prácticas agropecuarias, con 30 organizaciones entre públicas y privadas, dispuestas a trabajar”. Sumó “el rol indelegable que es el ejercicio de poder de policía que tiene que ejercer la Provincia”.
    En otro orden, Bell comentó que “estamos pidiendo que haya un espacio de diálogo para poder aportar todos los elementos que hagan falta para llevar la tranquilidad al sector docente y del Foro ambiental que ven al modelo productivo como una amenaza. Todo este aglomerado de las buenas prácticas agropecuarias queremos ayudar y aportar a los que tienen que tomar decisiones. Estamos haciendo una actividad lícita, con productos aprobados y cada vez con mayores exigencias, que no nos parecen mal”, reiteró.
    Aludió a la existencia de “tecnología cada vez más moderna para mejorar los controles, las aplicaciones, pero eso requiere inversiones y el productor puede hacerlas cuando tiene certezas jurídicas y la posibilidad que esa inversión pueda ser recuperada con su trabajo”.

    BARRERA VERDE. De acuerdo al fallo del SJT las distancias de 100 y 500 metros para las aplicaciones se deben tomar a partir de la barrera verde que establecía el primer decreto del Ejecutivo provincial, localizadas a 150 metros de las escuelas. El dirigente rural marcó que los predios de los establecimientos son diferentes, no obstante lo cual acotó: “Yo no lo veo como una dificultad cuando podamos ir determinando cosas con sentido común”. Recordó que el Consejo General de Educación hizo un relevamiento de las escuelas que deberían iniciar esa tarea y sugirió que el gobierno podría recuperar un vivero provincial que tiene en Paranacito. Si bien señaló que está prácticamente abandonado, estimó que con muy poco trabajo se podría recuperar para empezar a producir las plantas que se van a necesitar. Asimismo se podría recurrir a los viveros municipales en los casos que están trabajando.

    A LA CORTE. Desde la organización Basta es Basta, María Fernández Benetti adelantó la decisión de acudir a la Corte Suprema de Justicia para apelar el fallo de la justicia entrerriana. Señaló que “es un fallo adverso a nuestras pretensiones” y lo definió como “un baldazo de agua fría”. Aseguró que “estamos absortos y preocupados por la fundamentación que es completamente arbitraria”.

    Tras recordar que se trata del sexto fallo sobre la misma materia, explicó que “veníamos en una cadena de acciones legales que venían siguiendo una lógica de discusión. De repente salió un fallo por unanimidad, vaciado de contenido”. Marcó que el pronunciamiento judicial “no habla nada de lo que se sustanció en el tercer amparo –resuelto por el Dr. Galante- que fue uno de los más trabajados tanto por las organizaciones como por el Estado”. Recordó que “nosotros aportamos una batería de informes científicos y de peritos” que “por el fallo, parece que estos señores del Superior Tribunal no han leído”.

    La abogada y referente ambientalista insistió en que el fallo “no refleja nada de lo que discutimos en el expediente. De la prueba aportada por la parte actora no hay nada, por lo que es arbitrario”, insistió.

    Fernández Benetti ratificó que la decisión de las organizaciones ambientalistas es ir a la Corte, para lo cual ya está corriendo el plazo de siete días hábiles para presentar el recurso extraordinario federal ante el STJ que puede conceder o rechazar la posibilidad de ir a la instancia superior. “Antes del 10 de noviembre se presenta y si se concede pasa la Corte Suprema de Justicia, que tiene tiempos que no responden a la realidad de lo que estamos planteando”, advirtió antes de citar que  en el caso del barrio náutico Amarras de Gualeguaychú se tomo tres años para definir. “La Corte no nos resuelve el tema de poder aislar a las niñas y niños de las pulverizaciones”, subrayó. En consecuencia no descartó que acudan a otros organismos a nivel nacional e internacional y pensar otras estrategias en territorio.

    Rechazo de Agmer

    La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que actúa en conjunto con el Foro ecologista también se pronunció sobre la nueva sentencia del Superior Tribunal, a través de la cual se resolvió hacer lugar a la apelación presentada por el gobierno provincial sobre el fallo que declaraba inconstitucional el Decreto N° 2239/19 y dictaminaba su nulidad.

    “Dicho fallo, dictado en el mes de septiembre y revocado ahora por el STJ, representaba una importante conquista para las comunidades educativas rurales, puesto que ponía un freno a la reducción de las distancias mínimas para la fumigación por vía aérea y terrestre en las proximidades de las escuelas”, recordó la entidad.

    Asimismo hizo público el rechazo a esta sentencia en virtud que “desconoce las numerosas y contundentes evidencias acerca de los efectos nocivos de los agrotóxicos para el ambiente y la salud humana, avalando que se ponga en riesgo a docentes y alumnos de las escuelas rurales para favorecer en forma indiscriminada los intereses económicos de los productores rurales. Como sindicato que brega por los derechos de los trabajadores de la educación, lo cual incluye condiciones dignas para enseñar y aprender, reiteramos que medidas de esta naturaleza solamente contribuyen a la profundización de un modelo productivo contaminante”, cuestionó.

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