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domingo, mayo 31, 2020
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    Escuelas rurales: la Justicia resolvió el amparo ambiental por fumigaciones

    Se dispone que la exclusión para fumigar se calculará desde la barrera vegetal dispuesta a 150 metros del establecimiento. El STJ instó a que la Legislatura dicte una ley.

     

    En el marco de la causa “Foro Ecologista de Paraná”, por unanimidad, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió establecer que no existe nulidad y rechazar parcialmente la apelación interpuesta por el Estado Provincial.

    También resolvió confirmar la sentencia de grado en cuanto dispuso la declaración de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad del artículo 2 del Decreto N.º 2239/19 GOB en relación al inicio de la distancia de la “Zona de Exclusión”, la que, en consecuencia, deberá medirse a partir de la “barrera vegetal”, que deberá estar a 150 metros del establecimiento educativo .

    Los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Medina, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Martín Carbonell y Juan Smaldone resolvieron hacer lugar a la apelación interpuesta por el Estado Provincial y, en todo lo demás, se revocó el pronunciamiento venido en revisión; se rechazó  la acción de amparo intentada y se condenó al Estado Provincial a que en el plazo de 20 días hábiles subsane el artículo 2 del Decreto Nº 2239/19, para que las mediciones de aplicación de productos sean “a partir de la barrera vegetal”.

    Asimismo se estableció exhortar al Poder Legislativo de la provincia de Entre Ríos a que, en un plazo razonable, dicte una ley que regule la temática, con la participación de los sectores involucrados y especialistas en la materia.

    El fallo judicial mantiene la vigencia del decreto provincial haciendo la salvedad que se establece en dicha sentencia.

    Este lunes, representantes de la Federación Agraria de Crespo se habían reunido con el presidente del STJ quien les había adelantado que en las próximas horas se iba a conocer el resultado del fallo.

    Razonable

    En esa línea, el STJ entendió que la norma cuestionada, se presenta razonable en el reducido margen de conocimiento que habilita el amparo ambiental.

    En ese sentido, se sostuvo que el Decreto Nº 2239/19 GOB «instrumenta un sistema general y global que tiene por objeto regular la aplicación de plaguicidas y agroquímicos en las proximidades a establecimientos educativos rurales. También, aumenta las obligaciones en materia de control sobre el régimen de aplicaciones, en miras de alcanzar un mayor nivel de protección de alumnos y personal de las escuelas; ello, respecto del existente hasta el momento de su dictado».

    Sin perjuicio de ello, en otro punto del resolutorio, confirmó la sentencia de grado en relación al inicio de la distancia de la «zona de exclusión», la que, en consecuencia, deberá medirse a partir de la barrera vegetal; y no desde el centro del casco de las escuelas rurales, como preveía el Decreto Nº 2239/19 GOB.

    En este extremo, consideró que la condena a implantar barreras vegetales a 150 metros de todas las escuelas rurales de la Provincia dispuesta en el caso «Foro 1», adquirió firmeza.

    El artículo 2º del decreto en cuestión establece una zona de exclusión “donde no se podrán realizar aplicaciones de plaguicidas en las áreas comprendidas en un radio de cien (100) metros para el caso de aplicaciones terrestres y quinientos (500) metros para aplicaciones aéreas”.

    Pero en esa norma se dispone que se deberá medir desde el centro del casco de la escuela rural. En cambio, a partir de este fallo se calculará desde la “barrera vegetal” que se habrá de disponer a 150 metros del establecimiento.

    Qué dice Rodríguez Signes

    El Superior Tribunal de Justicia revocó por unanimidad la sentencia de primera instancia, y por lo tanto dejó legítimo y válido el decreto Nº 2239/19 regula la aplicación de fitosanitarios en cercanías a escuelas rurales.

    “Esto nos obliga a garantizar que lo que nosotros dijimos en el decreto, que se garantiza la seguridad ambiental y la salud, se concrete realmente con las acciones”, dijo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

    Tras la resolución, explicó: “Esto significa que a partir de esta sentencia, este decreto que ya tenía validez en muchas cláusulas, adquiere completa validez, en particular, lo más sensible de todo es el tema de las distancias”.

    Rodríguez Signes puso de relieve que “la administración a partir de estas sentencias anteriores tuvo que hacer un trabajo profundo de buscar la mejor regulación y el Poder Judicial terminó diciendo que esa regulación que encontró forma a través del decreto 2239 y que es la regulación correcta”.

    “Ahora viene la parte más difícil de todas que es lograr la aplicación del decreto 2239, porque no es solamente dictar la norma. Ahora la Secretaría de Producción, que es el órgano de aplicación, tendrá que disponer cómo hace para aplicarla estrictamente, para que no falle el sistema y que tengamos que lamentar ningún caso de contaminación, de intoxicación, que seamos muy celosos en eso”, puntualizó.

     

     

     

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