Ampliaron el procesamiento de miembros de la familia Waigel

552

El Juzgado Federal Nº 1 de Paraná dispuso ampliar el procesamiento y el embargo preventivo de 21 imputados en la conocida causa Waigel. También resolvió el sobreseimiento por extinción de la acción penal de ocho ciudadanos. Un informe oficial sostiene que el pasivo alcanza el monto de 63.199.881,12 pesos. El 74,7 por ciento corresponde a acreedores quirografarios.

 

El Juzgado Federal N° 1 de Paraná resolvió ampliar el procesamiento de Miguel Artemio Waigel, Maricel Alejandra Waigel, Miguel Francisco Artemio Waigel, Rosa Inés Buttazzoni, Juan Pablo Mariano Waigel, Nanci del Carmen Waigel, Andrea Carina Waigel,  Marcos Javier Waigel, Benigno Agustín Keiner, Vicente Raúl Mendoza, Jorge Guillermo Waigandt, Patricia Liliana Quesada, Horacio Felipe Schmidt Bender, Sergio Fernando Schmidt, Daniel Eduardo Campos, Silvana Rosa Beatriz Vargas, Melisa Evangelina Campos, Sonia Marisa Milessi, Daniel Aníbal Goro, Leandro Nicolino Ripari  y Miguel Ángel Banega por el presunto delito de Insolvencia fiscal fraudulenta  de la empresa Miguel Waigel y Cia. SA, agravada por la concurrencia con dos o más personas para su comisión y en concurso ideal con la quiebra fraudulenta de la misma sociedad comercial. A Banega se le añadió el doble  agravante “por haber confeccionado los estados contables para facilitar la comisión del delito  y por la concurrencia con dos o más personas para su comisión, en concurso ideal con la quiebra fraudulenta de la misma sociedad comercial”. En el mismo acto, resolvió ampliar los embargos de los imputados hasta cubrir la suma de 2.500.000 pesos cada uno.

 

EXTINGUIDA

Además, el Juzgado resolvió declarar extinguida la acción penal y dictó el correspondiente sobreseimiento de Carlos Álvarez, Gabriel Miguel Orsich, Aldo Luis Regalí, Flavia Betiana Martin, Jorge Hernando Qüesta, Alejandro José Paillet, Raúl Edgardo Pintos y Rosana Gabriela de Giuseppe. La causa se inició por “la denuncia formulada por la AFIP­DGI el 11de mayo de 2010 contra Miguel Artemio Waigel por ejecución de presuntas conductas prohibidas consistentes en el desapoderamiento de bienes registrables a partir del 16 de julio de 2007, efectuadas con el conocimiento de las tareas de determinación de deuda fiscal”.

Waigel comenzó a ser investigado por “la insolvencia fiscal fraudulenta, en su carácter de Presidente de la firma Miguel Waigel y Cia. SA, conforme lo denunciando por los representantes de la AFIP­DGI, Sebastián Mundani y Marco Gastaldi, quienes dan cuenta que en oportunidad de tomar vista de los autos caratulados ‘Miguel Waigel y Cia SA s/concurso preventivo’, que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de la ciudad de Paraná, a cargo de María Gabriela Tepsich, Secretaría N° 1 a cargo de María Victoria Ardoy, habrían detectado conductas que prima facie podrían encuadrar en el artículo 10 de la Ley Penal Tributaria, las que podrían haber sido realizadas de propia mano por el presidente de la firma…”.

 

PASIVO

En la resolución del Juzgado consta  que “del examen del Informe General de la Sindicatura, el pasivo totaliza el monto de 63.199.881,12 pesos compuesto con privilegio especial y general 3.097,70 pesos; privilegio especial 195.385,66 pesos; privilegio general 7.330.372,58 pesos; quirografarios 47.208.342,34 pesos; créditos adeudados por pronto pago 160.850,46 pesos y pasivo eventual 8.301.832,38 pesos. El ítem quirografarios comprende el 74,7 por ciento de la deuda. Los quirografarios son acreedores cuyo “crédito que no tiene garantías específicas que respalden su recuperación, sino que está garantizado sólo por el patrimonio del deudor”. También comprende al acreedor “cuyas acreencias no se hayan respaldadas por ninguna garantía específica”.

El Juzgado señaló que en el caso de los seis integrantes de la familia Waigel imputados, como así también en el de Buttazzoni, Keiner, Mendoza, Waigandt, Quesada, Schmidt Bender, Schmidt, Campos, Vargas, Melisa Evangelina Campos, Milessi, Goro, Ripari y Banega, ha de valorarse que la denominada ‘causa de la provincia’ fue imputada en esta sede como una ampliación de indagatoria y, por lo tanto, como un supuesto de variación fenotípica de una misma ‘unidad de conducta’ y, por lo tanto, no pueden considerarse prescriptos tales hechos, dado que en fecha 22 de diciembre de 2017, el Ministerio Público Fiscal ha formulado  requerimiento de elevación a juicio, con lo cual  el plazo de prescripción se encuentra interrumpido en los términos del artículo 67 del Código Penal”.