24 C
Paraná
miércoles, noviembre 13, 2019
  • Policiales
Más

    Escuchas: exigen que no sean la única prueba en una investigación

    El llamado de atención fue realizado en una causa por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por tratarse de más de tres personas en forma organizada, en calidad de coautores.  

     

    En el contexto de la investigación que se sustancia contra una presunta organización que comercializaría estupefacientes en Paraná y en Concordia, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Noemí Berros, consideró necesario que “en el contexto de cada caso en particular, debe exigirse a las fuerzas policiales que las solicitudes de intervenciones telefónicas encuentren fundamentos en elementos objetivos que permitan presumir que dichas líneas y/o abonados sean de titularidad o utilizadas por los principales investigados; indicándose además enfáticamente que éstas medidas de ningún modo deben considerarse como las únicas diligencias posibles de realizar, ni pueden constituirse en las únicas probanzas de la causa”.

    La seria observación fue señalada en la causa que se sustancia contra Matías Nicolás Servant, Héctor Agustín Caccia, Evangelina Yolanda Gamarra, Luciano Carlos Mendoza Rivollier, José Roberto Sterz y Santiago Emanuel Santa Cruz, que están imputados del delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por tratarse de más de tres personas en forma organizada en calidad de coautores. Los sospechosos fueron embargados por la suma de 10.000 pesos cada uno.

    Se les enrostró integrar “una organización delictiva, que sería liderada por José Roberto Sterz, destinada a la comercialización de estupefacientes en, al menos, las ciudades de Paraná y Concordia, Entre Ríos”.

    En la investigación “estarían incluidas interceptaciones telefónicas, tareas de inteligencia y obtención de imágenes, motivo por el cual se realizaron diversos allanamientos y registros por parte de la Policía Federal Argentina (PFA).

    La Cámara entendió necesario destacar que “como criterio general de investigación, pero en forma especial a tenor de los elementos colectados hasta el presente en esta causa, cabe enfáticamente requerir al Juzgado Federal que se oriente también la investigación con el objeto de establecer quién proveería el material estupefaciente que se estaría comercializando, la ruta del mismo, como asimismo el financiamiento y el destino de los eventuales beneficios económicos de la actividad ilícita, para así lograr un eslabón más elevado en cuanto a la cadena ligada al comercio de estupefaciente; profundizando y reforzando además, previo a la clausura de la instrucción, las responsabilidades de cada uno de los involucrados”.

    En el mismo sentido, se añadió “que, asimismo, las diligencias y probanzas referidas deben ineludiblemente acompañar a las declaraciones testimoniales y/o prevencionales que se elevan al Juzgado, a los fines de lograr por parte del Juez instructor una completa comprensión de la investigación, puesto que de ningún modo dichas declaraciones pueden constituirse como la única interpretación de los hechos y pruebas sometidos a su consideración como director indiscutible de la instrucción”.

    La Cámara entendió “conveniente reiterar, una vez más, lo referido al modo en que los Juzgados Federales de Primera Instancia deberían conducir las tareas de investigación ante la presunta comercialización de estupefacientes” según la normativa vigente.

    Así, encomendó que “la evolución de todas las tareas de las fuerzas de seguridad sea informada al Juzgado en forma inmediata y en un lapso temporal de duración razonable, a fin de un mejor control, seguimiento y entendimiento de las mismas”.

    Los imputados fueron detenidos el 9 de mayo, con excepción de Caccia que fue detenido el día anterior. El Tribunal consideró que en relación a la prisión preventiva de los acusados, “se advierte que efectivamente el juez a-quo no ha analizado la situación particular de cada uno de los imputados, toda vez que no detalla precisamente las circunstancias personales de los procesados a fin de valorar la existencia de riesgo procesal, y no enuncia pormenorizadamente las medidas probatorias pendientes de producción”.

    No obstante considerar que “hay en autos elementos probatorios claros, precisos y concordantes, que se constituyen en indicios suficientes para sostener, con el grado de probabilidad que esta instancia requiere, la existencia de conductas comprendidas dentro de los delitos previstos y penados por la ley 23.737, que les fueran imputadas al momento de prestar declaración indagatoria” por lo que correspondía “rechazar los recursos de las defensas de los imputados Servant, Mendoza Rivollier y Gamarra” confirmando el procesamiento.

    A diferente conclusión arribó respecto de Santa Cruz y Sterz, “puesto que el auto que resuelve su situación procesal, presenta falencias en cuanto su motivación, toda vez que la valoración realizada por el magistrado no es suficiente para reconstruir las circunstancias fácticas que les fueran imputadas”, por lo que se declaró la nulidad del procesamiento por falta de motivación.

    Sanción

    El Tribunal también dispuso “el apartamiento de la causa al juez Federal N°1 de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, ya que las mentadas falencias autorizan a esta Cámara a utilizar la facultad del artículo 173 del Código Procesal Penal de la Nación, a manera de sanción tal como lo estipula concretamente la norma”, y resolvió “devolver las actuaciones a la instancia de origen para que con la intervención del juez subrogante del Juzgado Federal N° 2- y en el plazo de 48 horas- dicte un nuevo pronunciamiento, respecto de la situación procesal de Santa Cruz y Sterz, y asimismo, se expida sobre la medida cautelar nulificada en esta instancia –prisiones preventivas- respecto de los seis imputados”.

     

     

     

     

    Lo más leído