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viernes, noviembre 22, 2019
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    El fiscal de Estado aseguró que el gobierno nacional no tiene otra alternativa que pagar

    La Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de aclaraciones presentado por los abogados del Estado nacional en la causa que resolvió que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación de las provincias. El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, consideró “muy contundente” la medida y afirmó que “la Corte le dice al Ejecutivo que deje de dar vueltas y ejecute la medida”.

     

    Redacción El Diario | coordinacion@eldiario.com.ar

    El fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, estuvo en Buenos Aires en busca de novedades sobre la situación planteada con relación a los fondos de coparticipación que el gobierno provincial está reclamando. “Vine a ver si hay novedades y justamente nos notificaron esta resolución que significa otra decisión favorable a las provincias” a la que calificó “muy contundente” e interpretó como “un mensaje de la Corte en el que le dice al Ejecutivo nacional que deje de dar vueltas y ejecute la medida”.

    Rodríguez Signes explicó que si el tiempo pasa la medida cautelar “se desnaturaliza”, en tanto es una herramienta que tiene por fin, podría decirse, evitar los problemas vinculados al paso del tiempo mientras se define la cuestión de fondo. Efectivamente, el 1 de octubre la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la cautelar presentada por el gobierno de Entre Ríos, que se hizo extensiva a las demás provincias que habían acudido a ese máximo tribunal frente al recorte en los ingresos coparticipables a partir de los decretos nacionales que modificó el cálculo de ganancias en un caso, y quitó el IVA de los productos básicos de la canasta familiar, en otro.

    A principio de este mes, con la firma de los ministros Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti (el ministro Rosenkrantz votó en disidencia), la CSJ había dispuesto cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos N° 561/19 y N° 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional y de las resoluciones generales AFIP N° 4546/19 y N° 4547/19 fueran asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

    Con posterioridad, el Ejecutivo nacional hizo un pedido de aclaratoria, sobre el que se pronunció en la víspera la Corte

    Nuevamente, con la firma de los ministros Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, el máximo tribunal desestimó ese planteo porque el Estado no argumentó cuáles son las complejidades técnicas y las supuestas dificultades alegadas en la presentación.

    Agregó además que el Poder Ejecutivo debió haber cuantificado los costos de las reducciones que dispuso y tenido en cuenta sus efectos al momento de establecerlas por decreto.

    Recordó que, como se afirma en la propia presentación del Estado nacional, es el Presidente, como jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país, quien cuenta con los elementos y potestades tendientes a cumplir de forma efectiva lo resuelto por el Tribunal.

    La Corte aclaró sin embargo que nada impide que el gobierno nacional abra instancias de diálogo con los mandatarios para resolver la cuestión.

     

    PENAL. El fiscal entrerriano aclaró que “estamos frente a la última instancia en la Justicia, no hay instancias superiores, y lo que veo es que el gobierno nacional puede estar en una situación de quebrantamiento de una decisión judicial, lo cual ya ingresa en el terreno del derecho Penal, no el tributario”.

    En su análisis, después de la resolución de la víspera, “el gobierno nacional no tiene otra alternativa que aceptar la liquidación que hicimos que tiene carácter provisorio y aceptar una metodología que le propusimos el viernes pasado, estimando el monto total y la forma de irlo liquidando”. Insistió en que “no hay otro camino que el cumplimiento a riesgo de entrar en desobediencia a las decisiones judiciales con implicancias en otros ámbitos del derecho”.

    El monto total que reclama la provincia se ubica en los 2 mil millones de pesos. “Es el producto de aplicar el costo fiscal que estimó el propio gobierno nacional con el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la provincia de Entre Ríos. Y la metodología es un documento de trabajo que emitió la Comisión Federal de impuestos, asesora de las provincias en esta materia y órgano de aplicación de la Ley de Coparticipación”, explicitó. El cálculo de los recursos que se reclaman es retroactivo al momento que se emitieron los decretos, dos meses atrás; en tanto que la cautelar quedó resuelta el 1 de octubre.

    “Nosotros estábamos esperando esta resolución, con la que la Corte cerró la posibilidad de una audiencia y pide que cumpla el gobierno nacional. Es contundente y vamos a exigir el cumplimiento bajo los apercibimientos que correspondan. Los funcionarias nacionales se colocan en una situación muy difícil si no cumplen con la sentencia”, advirtió el Fiscal.

    La idea era notificar ayer mismo al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, de la decisión de la Corte, no obstante, el tribunal judicial también lo comunica.

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