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domingo, julio 12, 2020
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    No cede la tensión en Ecuador

    Desde el 1 de octubre, cuando el presidente Lenín Moreno eliminó el subsidio a los combustibles para acceder a un crédito del FMI y se dispararon los precios de las naftas, se sucedieron las protestas de los movimientos indigenistas, sindicatos y movimientos sociales.

     

    La crisis que tiene a Ecuador al borde del colapso desde hace nueve días pareció encontrar ayer una tenue esperanza de salida con la aceptación de las organizaciones indígenas de la propuesta de diálogo del presidente, Lenín Moreno, pero a las pocas horas esa luz comenzó a opacarse con el decreto de toque de queda y militarización de la capital, Quito, que firmó el mandatario.

    Moreno había propuesto en un video difundido en su cuenta de Twitter un diálogo directo con las organizaciones indígenas que lideran las protestas iniciadas el 3 de octubre por el ajuste económico que decidió el gobierno como parte de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo punto neurálgico fue la eliminación del subsidio estatal a los combustibles.

    Luego de horas de cabildeos y de rechazar como «falsa» una nota de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que aceptaba participar de ese diálogo, en las primera horas de la tarde esa central indígena comunicó que aceptó el diálogo propuesto por Moreno.

    A pesar de que inicialmente se había negado en rotundo a conversar si el gobierno no reponía los subsidios a los combustibles, principal exigencia de las protestas, cuando comenzaban a vislumbrarse confrontaciones internas la Conaie anunció en un comunicado que se abre al diálogo directo con el presidente.

    El cambio de postura de la principal federación de indígenas de Ecuador llegó tras «un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales», indicó un comunicado subido a la página web y a la cuenta de Twitter de la Conaie.

    La Conaie también exigía en un principio los ceses de la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, a los que hacen responsables de la represión de las protestas.

    Ahora, en cambio, el movimiento indígena parece dispuesto a dialogar con miras a la derogación del decreto 833 pero también a su «revisión», aunque aclaró que no conversará «sobre ningún tipo de compensación», mientras que no se menciona nada sobre los ministros.

    De todos modos, el dirigente indígena Yaku Pérez dijo a Télam que para que se concrete ese diálogo, que todavía no tiene día ni hora ciertos, el gobierno «necesariamente tiene que al menos suspender el levantamiento de los subsidios, de otra forma no hay posibilidad de acuerdo».

    El dirigente, que es prefecto provincial del Azuay en el sur de Ecuador, aseguró que el hecho de que se haya aceptado la propuesta de Moreno no implica que se vayan a levantar los bloqueos en las principales rutas a las principales ciudades del país.

    En medio de este frágil escenario para instalar una mesa de negociación, Lenín Moreno agregó un nuevo elemento disruptivo al anunciar el «toque de queda» y «militarización» en el distrito metropolitano de Quito para ayudar a las fuerzas de seguridad a sofocar las protestas de este sábado por el recorte a los subsidios de los combustibles.

    El Ministerio de Gobierno emitió otro mensaje en el que pidió a la ciudadanía que «acuda a sus viviendas» y agregó, en tono casi castrense, que «esta medida estará vigente hasta nuevo aviso. Informarse a través de canales oficiales».

     

    El aumento de la nafta desató el caos

     

    Ciudades aisladas, pérdidas millonarias, advertencias sobre amenazas a la seguridad alimentaria y problemas en el abastecimiento de combustibles, gas y agua configuran el dramático panorama en el que se hundió Ecuador tras la rebelión popular contra las medidas de ajuste económico anunciadas hace once días por el gobierno.

    Desde el 1 de octubre, cuando el presidente Lenín Moreno eliminó el subsidio a los combustibles para acceder a un crédito del Fondo Monetario Intenacional (FMI) y se dispararon los precios de las naftas de mayor consumo, se sucedieron las protestas de los movimientos indigenistas, sindicatos y movimientos sociales, en medio de denuncias sobre la violencia de la represión policial.

    El diario El Comercio publicó en su edición digital un amplio informe acerca de la situación creada en el país a causa de este conflicto, con informes basados en fuentes empresariales, sindicales e independientes que ponen en evidencia la magnitud la crisis.

    El informe señaló que los bloqueos de carreteras han provocado problemas en el abastecimiento de agua, alimentos y combustibles en varias provincias, donde distintas ciudades quedaron aisladas.

    En Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Azuay comenzaron a escasear insumos básicos, al punto de que la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas advirtió que el bloqueo de las vías «ha afectado la seguridad alimentaria» del país.

    El sector lácteo denunció pérdidas por 3,6 millones de dólares desde el inicio de las protestas, mientras la Unión de Productores de Huevos se declaró en emergencia y los productores de flores declararon su temor de caer en la ruina.  También se multiplicaban las quejas de los granjeros, que advirtieron que no pueden alimentar a sus aves por los trastornos en el transporte de maíz. «Va a haber una tasa de mortalidad alta de las aves», advirtió Marisol Molina, directora de ese conglomerado de productores.

    El Comercio indicó que otro sector afectado es el petrolero, que hasta el viernes pasado había dejado de percibir 47,39 millones de dólares por la paralización del oleoducto estatal. Desde el miércoles está paralizado el bombeo de petróleo en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que transporta el crudo extraído de los pozos ubicados de la Amazonía, pero cuya producción ha disminuido al 30 por ciento tras ser tomados por manifestantes, dijo la petrolera estatal Petroamazonas.

     

     

     

     

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