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Piden 5 años de prisión para Canosa

Fiscalía pidió cinco años y seis meses de prisión para el expresidente de Sidecreer.

 

Néstor Belini | redacción@eldiario.com.ar

Se le atribuyó el presunto favorecimiento a empresas de familiares y amigos con licitaciones de la tarjeta. El miércoles 12 se conocerá la sentencia.

El Tribunal de Juicio, integrado por Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel, dará a conocer el 12 a las 12.30 el veredicto al que arribará en la causa que se sustanció contra Juan José Canosa, abogado de 45 años, que fue imputado del delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Se le atribuyeron treinta y dos situaciones en las que como presidente del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer) favoreció a tres empresas que eran propiedad de familiares y amigos suyos.

Ayer se realizaron los alegatos. Tras casi cinco horas de argumentar, Canosa salió de la sala de audiencias enfrentándose a un pedido de condena que lo llevaría a la cárcel. Los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo pidieron que Canosa sea condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa, a cargo de Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, se expidió por la absolución, y en subsidio planteó que la pena sea de cumplimiento condicional.

Los fiscales Brugo y Malvasio realizaron ayer los alegatos.

Al final del juicio Canosa expresó que atravesó “un proceso de tantos años, de profundo dolor. Es muy difícil, siendo un hombre de Derecho, estar sentado aquí, injustamente”. También volvió a negar que haya direccionado licitaciones a favor de familiares y amigos, añadiendo que ajustó su accionar al reglamento de Sidecreer.

El imputado lanzó un desafío al manifestar “pueden hacer las acusaciones que quieran, hay sentimientos como el odio, que no se pueden probar, pero lo conozco y lo siento. Y las cuestiones personales no pueden usarse en la fuerza de la persecución penal para tratar cuestiones personales”. Asimismo sostuvo que “por ahora no lo puedo probar. Y no es una amenaza. Es un sentimiento”.

Durante el debate se intentó determinar si Canosa era funcionario público cuando, a cargo de una empresa del Estado, se interesó en favorecer a empresas de familiares y amigos con licitaciones de Sidecreer. En este sentido, Fiscalía entendió que se probó que “Canosa, como presidente de Sidecreer, ejerció un señorío absoluto durante los ocho años a cargo de la tarjeta. Contrató en treinta y dos oportunidades con Excelcom, con JDR construcciones y con Texmer, como si fuese presidente de Cartocor, de Mastercar, de Visa. Soslayó que estaba presidiendo una empresa estatal”.

La defensa negó que el imputado fuese funcionario público, por lo que entendió que “no podría ser investigado por el delito que se le imputa”. También señaló que “la Constitución y las leyes vigentes demuestran que la naturaleza jurídica de Canosa no es la de funcionario público”.

Fiscalía sostuvo que “Canosa al frente de Sidecreer se interesó en forma concreta y continuada en favorecer a familiares y amigos” mediante una modalidad de contrataciones “solapadas, encriptadas” que no pudieron ser observadas por los organismos de contralor del Estado. La defensa refutó aquella afirmación al argumentar que “Canosa no contrató, no hay ninguna prueba que lo demuestre” y añadió que “el ardid del que habla Fiscalía no está imputado, igual que el daño que no se imputó. Hablan de direccionamiento; se imputó, luego se modificó u luego desapareció. No hubo una cuidada exposición de las formas en que se habrían generado estas contrataciones”.

Cada parte realizó una evaluación de las testimoniales que intentó sostener sus respectivas hipótesis. En este sentido, Fiscalía entendió que el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se refirió al decreto que determina que el fiscal de Estado puede ser síndico de las empresas y sociedades del Estado.

También valoró el del contador Aurelio Miraglio, que sostuvo que Sidecreer es una empresa estatal con participación indirecta; el del expresidente de Sidecreer, José Horacio Bechara, que manifestó que Sidecreer es una empresa estatal y Canosa era funcionario público; del titular del Tribunal de Cuentas, Federico Tomás, de quien Fiscalía entendió que dijo que “obviamente” que Canosa era funcionario, puesto que ·”ejecuta la voluntad estatal, desempeña una función pública”.

Además, los fiscales entendieron que se pudo probar que “al presidente de Sidecreer lo designa el gobernador”. La defensa refutó aquella interpretación sosteniendo que “Canosa podrá conocer a los gobernadores, pero la naturaleza jurídica de su función no la puede cambiar ningún testigo” en referencia a que la determinan las leyes.

La defensa advirtió que la testigo Silvia Kupervaser fue entrevistada en Fiscalía un día antes de declarar en el juicio, circunstancia en la que se le señaló que “tenía que decir la verdad” porque se podría exponer a un proceso por falso testimonio.

En relación al testimonio de la gerente general de Sidecreer, Gabriela Bergara, de quien los fiscales adelantaron que pedirán que se la investigue por falso testimonio, la defensa resaltó que “dijo absolutamente la verdad pero fue aterrada por el interrogatorio despiadado del fiscal. Pero se le fue la mano lejos”.

La defensa señaló que lo mismo que dijo en el debate, la testigo lo había manifestado en una entrevista en el contexto de la investigación. Bergara sostuvo que la firma de Canosa en el memorándum de invitación que ella le enviaba a las empresas para participar de las licitaciones, era para el trámite tuviese continuidad, lo que luego la defensa corroboró al exhibir el texto de uno de los memos.

Riesgo de fuga

Fiscalía solicitó que en el caso de que se arribe a una sentencia condenatoria, hasta que ésta quede firme, Canosa deberá presentarse cada quince días en Tribunales. También se pidió que se le prohíba salir del país, salvo autorización judicial, porque se encontraría configurado el riesgo procesal de peligro de fuga.

 

 

EPIGRAFE

Los fiscales Brugo y Malvasio realizaron ayer los alegatos.