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Diseñan protocolo para registrar casos de violencia institucional

La medida surgió ante la necesidad de contar con información “genuina y de calidad” para poder reflejar la realidad de cada una de las jurisdicciones de la provincia. Se propone cristalizar en “acciones directas” para “hacer cesar las violaciones existentes y a evitar las nuevas afectaciones de derechos fundamentales”.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

Mediante la resolución N°042 del 27 de agosto el Ministerio Público de la Defensa aprobó el Protocolo de Actuación para Defensores Públicos (PADP) ante casos de Violencia Institucional.

En el mismo documento se aprobó la Planilla de Registro de casos de Violencia Institucional y se dispuso que los defensores públicos tomen en cuenta, en el cumplimiento de sus funciones asignadas en el Protocolo, “las pautas de actuación especificadas en la ‘Guía de buenas prácticas para la intervención de los defensores oficiales ante casos de tortura’ aprobado por la Defensoría General de la Nación y en el Protocolo de Estambul aprobado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en 2004”.

El PAPD entró en vigencia en toda la provincia, el domingo 1 de septiembre, en el ámbito de las defensorías penales y de ejecución penal, incluyendo sus alcances a las Defensorías penales de menores.

 

Fundamentales

El PADP destacó que los defensores públicos son “actores fundamentales en los casos de violencia institucional, no solo por su intervención en un gran porcentaje de causas –más aún cuando las personas han transitado por situaciones de privaciones de la libertad- sino también porque muchas veces son ellos quienes tienen la primera aproximación a la persona víctima de violencia institucional, sea en una visita a los establecimientos de detención o por el contacto acuciante del propio defendido o de sus familiares”.

En este sentido se señaló que “la intervención temprana” es “primordial” para “adoptar las medidas necesarias” para garantizar la integridad física del defendido.

 

Realidad

Fuentes judiciales consultadas precisaron que el PADP surgió a partir de las experiencias de los defensores públicos que se encontraban con ciudadanos detenidos que advertían de situaciones de violencia por parte de la Policía u otras fuerzas de seguridad. En la mayoría de los casos las víctimas de la violencia institucional decidían no radicar la correspondiente denuncia por temor a posibles represalias.

El dato no es menor. La mayoría de los casos comprende a jóvenes que viven en situación de calle o tienen frecuentes “problemas” con la Policía y luego de la detención e inicio del proceso, deben regresar a su barrio o a la calle en la que se ganan el sustento, por ejemplo como cuidacoches. Así, las estadísticas de los casos de violencia institucional estarían revelando cifras que no se condicen con “la realidad”.

Otra situación que motivó a los defensores a implementar una herramienta que les permitiera tener una mirada “real” sobre la preocupante problemática consistió en que los pocos ciudadanos que se decidían a denunciar “quedaban solos” en el trámite.

En este sentido se detalló el proceso: “Van a denunciar a Fiscalía, que está a dos cuadras, de allí los envían a Litigación y en el trayecto algunos desisten de radicar la denuncia. Los pocos que continúan ingresan en la dinámica judicial, que tiene sus tiempos”. El Protocolo tendería a evitar aquella situación mediante el registro de los casos que sean puestos en conocimiento de los funcionarios.

 

Alcances

La iniciativa sostiene que “contar con información fidedigna contribuirá, sin dudas, a la construcción de una política pública tendiente a alcanzar la erradicación de prácticas arbitrarias y abuso institucional que pudieran cometer funcionarios públicos, u otras personas en ejercicio de sus funciones públicas”.

El PADP no comprenderá las situaciones que surjan a partir de la privación de la libertad en el ámbito de la salud mental. En este sentido se consideró que “las mismas deben quedar excluidas del presente protocolo dado que en nuestra provincia se encuentra implementado el Órgano de Revisión en Salud Mental cuya misión, precisamente es la de resguardar los derechos de las personas privadas de la libertad en instituciones de salud mental”.