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    La identidad de origen es un tesoro individual y político

    Si en la superficie lo que aparece es que la Legislatura está discutiendo los términos de una ley que garantice el derecho a la identidad de origen, en la profundidad del planteo se despliega una investigación de la UNER que se enfocó en las adopciones que tuvieron lugar entre 1973 y 1983.

     

    Redacción El Diario | [email protected]

    Todas las personas desde su nacimiento poseen el derecho inalienable a contar con datos biológicos y culturales que le permitan su individualización como sujeto en la sociedad. Es deber del Estado garantizarlo. Pero, una ley –que estuvo vigente hasta 1997- generó el marco jurídico adecuado para que fuera suprimida la identidad de niños y niñas secuestradas y, por extensión, a los tantos adoptados en ese período.

    Un equipo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos se enfocó en los circuitos burocráticos y administrativos de adopciones en la Provincia entre 1973 y 1983, a través del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia -COPNAF- (anteriormente Consejo Provincial del Menor). “No lo quiero tener más, lo vengo a devolver”, fue el título del trabajo. La inquietud original fue derivando en otras que, en todos los casos, tienen una alta significación social, política y humana.

    Gladis Martínez es la directora del proyecto de investigación FTS-UNER.

    “Cuando comencé a trabajar allí, en 1989, esta frase era muy llamativa tanto para mí como para quienes trabajaban conmigo, primeras generaciones de trabajadores sociales egresadas de la democracia. Por eso tomamos ese concepto traído de la facticidad de los hechos, era difícil convertirlo en metáfora”, comentó Gladis Martínez, directora del proyecto y docente de la FTS-UNER.

    Además de contar con vasta experiencia en lo que fuera el Consejo del Menor y, luego, el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Martínez es licenciada en Trabajo Social y doctora en Ciencias Sociales, cuya tesis fue convertida en el libro “Política y Felicidad”, editado por EDUNER.

     

    –¿Hay diferencias entre identidad biológica e identidad de origen?

    –Probablemente aluda a lo mismo, pero intentamos correr la biología del eje central de nuestro planteo, sobre todo porque ha sido apropiada por sectores retrógrados, tal como ha quedado manifestado entre quienes resisten la lucha de los feminismos.

    Parte del equipo que analizó casi 400 expedientes de adopción.

    –¿Hubo algún disparador para la investigación?

    –La emprendimos procurando dar con las huellas del “Melli” (hermano de Sabrina Gullino, desaparecido durante la dictadura). Pero a medida que nos fuimos involucrando en el análisis de los casi 400 expedientes que conformaron el corpus, advertimos que emergía la problemática que había generado el régimen de la adopción plena que estuvo vigente por casi un cuarto de siglo, hasta 1997.

    En todo ese tiempo, establecimos contactos con muchas personas cuyos derechos a la identidad de origen fueron vulnerados. Ellas buscan, no dejan de buscar; y el Estado como puede las ayuda. Lo que plantea el proyecto de ley es que ese trabajo esté institucionalizado, a cargo de un equipo interdisciplinario (un abogado, un psicólogo y un trabajador social), bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, para que se pueda acompañar este proceso, tanto desde el punto de vista administrativo como de manera subjetiva.

    Hay que decir que en todo el período estudiado estaba arraigada una fuerte creencia en el sentido de que lo mejor era no decir al niño, niña o adolescente adoptado quiénes eran sus padres de origen.

     

    –¿Y es sencillo el rearmado de las historias particulares?

    –Hay varias consultas por hacer: el Copnaf, los hospitales, el Registro Civil. Por eso se piensa en un equipo interdisciplinario. Y, apenas se obtiene certeza, hay que acompañar la instancia emocional en que una persona adulta se encuentra con sus orígenes y convive además con la experiencia y los vínculos de la familia que lo crió.

    En paralelo, se dispone la preservación de esos archivos, que son fundamentales. En fin, cuando la ley esté operativa aguardamos que todo ese trámite, que es engorroso, se pueda dinamizar.

     

    –¿Desde un primer momento de la investigación vieron que se necesitaba una ley?

    –No, más bien al final. De hecho, presentamos la iniciativa cuando el proyecto ya estaba terminado.

    Luego de estudiar en profundidad su texto –sancionado en 1971- y de estudiar en terreno lo que fue provocando, nuestra tesis es que la norma que disponía la adopción plena fue pensada para que sea un instrumento de mejoramiento moral de la sociedad, al alterar la genealogía de grupos de ciudadanos y reemplazar lo pasado –considerado anómalo- por la nueva situación. Es conmovedor y profundamente movilizante advertir las consecuencias humanas que esta ley ha tenido. Asimismo, no hay dudas de que el autoritarismo tenía un proyecto para las nuevas generaciones, tal como queda reflejado en otro plano en “La infancia en Dictadura”, de Paula Guitelman, que analiza los aportes de la revista Billiken a esta cultura que se intentaba instaurar; y en “Infancia y dictadura en un pueblo de provincia”, en el que su autora Valeria Llobet, se enfoca en nuestra Concepción del Uruguay.

     

    LAS ADOPCIONES

    Originalmente, el equipo estuvo conformado por cinco personas. No obstante, el incremento de la cantidad de legajos a estudiar demandó que sean convocado ocho personas más. Cada viernes y por turnos, los trece integrantes -docentes, investigadores y estudiantes- visitaban el Copnaf para emprender el análisis documental. “Cuando empezamos a trabajar en la lectura de los legajos, en el año 2014, habíamos estimado que iban a ser 100 legajos, calculamos unas 10 adopciones por año, y terminamos leyendo casi 400, creo que el número total que pudimos registrar eran 354 adopciones. Eso nos obligó a ampliar la cantidad de personas que trabajaban en el equipo”, comenta Martínez.

    El pasado 19 de junio, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto de Ley sobre Derecho a la Identidad de Origen, presentado por el diputado Pedro Báez. En el recinto, además de entrevistada Martínez, estuvo presente parte del equipo del proyecto: Mariela Elizalde, Clarisa Sobko, Martha Churruarín y Marcos Combet Lambert. “Garantizar el derecho a la identidad de origen implica acompañar y facilitar la búsqueda de información a toda persona que presuma que su identidad haya sido suprimida o alterada en el momento de nacimiento o posteriormente”, puntualiza Martínez, no sin aportar que “en nuestro país, se estima que alrededor de 3 millones de personas desconocen su identidad”.

    “Para notros Carla Villalta fue una persona que nos orientó mucho en la toma de decisiones; la consultamos mucho, por cierto. Ella y los equipos de antropología y antropología forense, trabajan con seriedad la cuestión de las burocracias, el parentesco, y las adopciones”, indicó. Luego, subrayó que “las burocracias tienen mucho que ver con la definición de nuestras prácticas y con la vida de la gente, eso no estaba conceptualizado en nuestras cabezas antes de empezarlo», reconoció.

    En este caso, la producción de conocimiento desde la UNER permitió obtener datos sobre la modalidad en que la Ley 19.134, del gobierno de Alejandro Lanusse vigente hasta 1997, habilitó, bajo la figura de la “adopción plena”, el borramiento absoluto de los orígenes de millones de ciudadanos que en la actualidad buscan reconstruir su procedencia. Ante una consulta, Martínez explicó que entre las conclusiones del proyecto, el equipo reconoce que aquella ley “alteraba la genealogía de las familias a través del Estado”, bajo “un manto de legalidad”. Así las cosdas, “muchos de los apropiados fueron adoptados legalmente, incluso Sabrina Gullino; no porque necesariamente haya habido una intencionalidad de los padres adoptivos, sino porque es justamente el Estado el que fue haciendo engañosas estas cosas”.

    El principal compromiso de la ley que se promueve es el de constituir un espacio que garantice el acompañamiento a quienes recurren al Estado para indagar sobre sus orígenes, tarea que actualmente se realiza de manera voluntaria.

    La investigación llevó tres años, luego de varias prórrogas, el informe final fue entregado en octubre de 2018, y aún espera su aprobación final. “La Universidad debe estar al servicio de cambiar la vida de las personas: no habría otra posibilidad. El proyecto fue pensado fundamentalmente en función de cómo la universidad pública, estatal y gratuita podía aportar datos con responsabilidad a toda la ciudadanía, en relación al momento más oscuro de nuestra historia. Para nosotros es un orgullo”, dijo Martínez.

     

    EXPERIENCIA

    EL DIARIO también consultó a Marcos Combet Lambert, estudiante avanzado en la Licenciatura en Ciencia Política. “Durante tres años, entre 2015 y 2018, el equipo conducido por Gladis Martínez llevó adelante la titánica tarea de registrar adopciones plenas que tuvieron lugar en la Dictadura Militar pero en rigor se extendieron hasta 1997, cuando se modificó la normativa”, prologó, al añadir que “claramente, se mejoró la normativa con ese cambio de paradigma” y que “resta ahora que se sancione una ley que reconozca ese derecho para los tantos afectados”.

    “La idea es revertir una deuda del Estado porque fue un entramado legal el que posibilitó que el derecho a la identidad de origen fuera vulnerado sistemáticamente”, refirió. El entrevistado explica luego que hasta 1997, en que la ley se reformó, se consideraba que a fin de que un niño, niña o adolescente dado en adopción “se insertara más rápidamente en el nuevo contexto familiar, era conveniente dar vuelta la página del pasado, lo que en los hechos significaba cortar con su pasado, su historia anterior, sus vínculos”. El cambio de ley, operado en Entre Ríos 14 años después de recuperada la democracia, vino a corregir esta forma de problematizar, que se institucionalizó a principios de los 70.

    Como se dijo, las adopciones que siguieron a la apropiación ilegal de niñas y niños entre 1976 y 1983 es una de las subunidades de análisis, políticamente muy potente, pero la situación jurídica se mantuvo hasta 1997, de manera que entre los reclamantes del derecho a la identidad de origen hay representantes de los dos grupos y son millones en nuestro país. “La doctora Carla Villalta es una antropóloga que hemos recuperado en nuestra investigación; ella describe que la ley que rigió durante años en nuestra provincia (y en otras jurisdicciones, por cierto) procuró imitar la naturaleza en tanto y cuanto consideraba que el vínculo de adopción suprimía absolutamente la identidad de origen”, explicó el entrevistado, no sin añadir que “la situación generó una discrecionalidad muy alta en el propio proceso de adopción, sino que también dejó huellas en la sensibilidad de la persona adoptada que, más temprano o más tarde, suele preguntar por lo que fue y con quiénes”. De esa manera, “el reencuentro de las personas con su identidad es un acto de justicia y un derecho humano”.

     

    EN TERRENO

    En paralelo, el equipo aportó a la actualización del estado del arte en torno a esta línea de trabajo, que tiene a Carla Villalta como una referente. En “La adopción de niños desde una perspectiva antropológica: herramientas analíticas y límites conceptuales” revisa críticamente algunos de los sentidos predominantes en torno a la adopción de niños en nuestra sociedad. La investigadora del Conicet encuentra en el dispositivo institucional una “técnica de gestión” que, aunque esté enfocada en los modos de tramitar la infancia pobre, le ha servido al equipo de FTS UNER para aproximarse al tema.

    “Además, nos permitió darle una mirada territorial, a una línea de trabajo que ya han desarrollado colegas de otras universidades e institutos de investigación, pero que no contaba con antecedentes a nivel provincial”, mencionó Combet Lambert, al subrayar que “no sólo el relevamiento sobre archivos entrerrianos sino el hecho de que ese trabajo haya derivado en un proyecto de ley que intenta subsanar los problemas generados por la legislación anterior”.

    Ante una pregunta puntual, Combet Lambert refirió que “aquella mañana de abril de 2016 en que Gladis Martínez nos invitó a un grupo de estudiantes a integrarnos a la investigación fue una bisagra y significó un vuelco en mi formación universitaria, que enriqueció mi experiencia, sin dudas”. Para el entrevistado, “haber conocido la mecánica de un grupo interdisciplinario de investigación y haber presenciado las discusiones y debates ha sido sumamente valioso para nuestra formación”. Lo mismo que “haber sido parte de las conversaciones para redactar un proyecto de ley, lo que suele quedar fuera del alcance de la mayor parte de la población”.

     

     

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