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domingo, octubre 20, 2019
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    Causa contratos: piden que se revoquen embargos e inhibiciones y se haga otra pericia

    Las defensas objetaron que la medida no puede ser impulsada por el Ministerio Público Fiscal, puesto que no podría constituirse como actor civil. Fiscalía insistió e instó a que se ratifique. Fiscalía de Estado estuvo en la audiencia y adhirió al pedido de los fiscales. El embargo es por 3.000 millones de pesos.

     

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    La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, dará a conocer el viernes 6 a las 12, qué decisión adoptará ante el pedido de las defensas de los imputados en la denominada causa Contratos en la Legislatura, para que se levanten las medidas cautelares de embargo e inhibición general de bienes que dictó y ratificó la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, quien dispuso la medida hasta cubrir un monto de 3.000 millones de pesos. Fiscalía pidió su confirmación.

    El fiscal de Estado se constituyó tardíamente como actor civil pero aún no demandó a los imputados.

    Fiscalía de Estado participó de la audiencia y adhirió al pedido de los fiscales. Ayer se debatió sobre el decomiso, en el caso de que haya condena, de los bienes que habrían sido adquiridos con el producto del ilícito que se investiga; las costas del proceso, establecidas en 100.000 pesos; y las multas, instituidas en 90.000 pesos.

    Guillermo Vartorelli y Patricia Balín, defensores de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez, Verónica Caíno, Guido Krapp y Pedro Opromolla; Emilio Fouces, que representa a Sergio Cardoso, Gustavo Falco y Sandra Marozzini; José Velázquez y Leonardo Shonfeld, que defienden a Jazmín Mena Giovenni, Jorge Valladares y Nicolás Beber; Franco Cánepa, que representa a Renato Mansilla; e Iván Vernengo y Damián Petenatti, que defienden a Alfredo Bilbao y su esposa, Gabriela Wainstein, quien fue alcanzada por la medida a pesar de que no está imputada, siquiera mencionada en la causa, pidieron que se revoque la decisión de Barbagelata y se realice una nueva pericia contable por parte de un perito imparcial del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Las defensas cuestionaron la pericia que realizó un contador “empleado de Fiscalía”, de apellido Enrique, porque habría sido realizada “sin rigor científico” y por un perito que “no es objetivo”.

    Las defensas también cuestionaron la decisión de Barbagelata porque respondió a los pedidos de Fiscalía, y cometió errores que luego se “corrigieron”, lo que incluso fue reconocido por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.

    La presencia del fiscal de Estado se leyó como un apoyo político a la pesquisa.

    En este sentido, los defensores hicieron hincapié en el monto al que arribó el contador Enrique, que concluye su informe coincidiendo con la cifra que Fiscalía sostiene que se sustrajo al Estado provincial, cifra que ayer Fiscalía reconoció que aún no tiene determinada fehacientemente. Incluso en este punto fue llamativa la intervención del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que sólo tomó la palabra para manifestar su adhesión al planteo de los fiscales y para informar que realizó un cálculo, según el rol que su investidura el exige como custodio de los intereses de los entrerrianos, distinto al del contador Enrique que dolarizó los montos, concluyendo en una cifra similar a la que sostiene Fiscalía pero que aún no está determinada con parámetros científicos.

    Rodríguez Signes también expresó que estudió los contratos y encontró “visos graves”, tales como que “no están firmados por autoridades competentes”, que las facturas están “elaboradas en la misma imprenta” y que muchos contratos “están celebrados fuera de la Ley”.

    Así, concluyó, como sostienen los fiscales basándose en la evidencia que han colectado durante la investigación, que la “verosimilitud del derecho es evidente”.

    Esto significa que hay muchas probabilidades, basadas en la evidencia recolectada, de que el hecho ocurrió como lo describe Fiscalía.

    Las manifestaciones del fiscal de Estado fueron rechazadas por las defensas que indicaron que no cuentan con el informe, cuestionando que se vulnera así “la igualdad de armas”.

    Aquellas expresiones generaron sorpresa en las defensas. En este sentido, se señaló que si bien el fiscal de Estado se constituyó como actor civil, aún no ha demandado a los imputados para tratar de recuperar el supuesto producido por la presunta maniobra delictiva que se habría perpetrado durante diez años.

     

    Nueva evidencia

    Las defensas criticaron duramente que la medida de Barbagelata avanzó sobre bienes de personas que no están imputadas en la causa, con el solo argumento sostenido por Fiscalía de que por ser familiares “hay una clara confusión patrimonial”.

    En este sentido recordaron que la procuradora fiscal adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, realizó inversiones inmobiliarias con uno de los imputados y no se presumió que estaba tratando de simular alguna inversión irregular.

    Los fiscales sostuvieron que están a cargo de una investigación en la que “día a día encontramos nueva evidencia que no hace más que engrosar aquella que encontramos cuando iniciamos la investigación”.

     

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