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Fumigaciones: consideran inconsistentes y limitados los fundamentos del decreto 2239

El 1º de agosto el gobernador Gustavo Bordet firmó el Decreto N° 2239/19 que regula las aplicaciones de fitosanitarios en zonas linderas a escuelas rurales. El viernes pasado el Foro Ecologista de Paraná y Agmer presentaron un recurso de amparo solicitando la declaración de nulidad o inconstitucionalidad y revocación de esa norma.

 

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Las posiciones se ratifican. El amparo se presentó el viernes en la Cámara Civil y Comercial a cargo del doctor Virgilio Galanti. “El 2239 vuelve a insistir en las distancia de 100 y 500 para resguardo de pulverizaciones terrestres y aéreas. Pero, por un amparo que habíamos realizado (el año pasado), se había fijado una medida provisora de 1000 y 3000 metros”, recordó María Fernández Benetti, patrocinante del amparo recientemente interpuesto, marcando las diferencias en cuanto a las áreas restringidas.

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En el amparo, los ambientalistas “volvemos a ratificar nuestros fundamentos”. La abogada comentó que la fundamentación del decreto tiene 1020 hojas, pero remarco que “no tiene nada nuevo”. Luego repasó que remite a un informe de 2009, a dos informes de buenas prácticas agrícolas que realiza el gobierno en 2015 y 2018, estudios científicos del INTA para contraponer la posición que sostienen desde el Foro.
“Hicimos un análisis pormenorizado y denunciamos que solamente abarca lo que sería la deriva primaria”, aclarando que el término deriva alude “en términos cotidianos a cómo viaja el agrotóxico en el agua, en el aire”. Insistió en que los informes que fundamentan el decreto “tratan la deriva primaria y muy limitadamente. Nosotros en nuestras presentaciones hicimos un estudio exhaustivo de la deriva primaria, secundaria y terciaria. Hay muchos procesos complejos que definen que una gota que se aplicó en San Salvador termine en el río Uruguay”, expuso.

En definitiva, Fernández Benetti, de la organización Basta es Basta, indicó que “seguimos insistiendo con que la fundamentación es limitada, inconsistente, poca. Basamos nuestro reclamo en la denuncia de daño genético que se verifica a largo plazo, es algo crónico que no se tiene en el momento de la exposición, cuando se puede dar un efecto agudo, una descompostura, un desmayo. Los peores efectos se manifiestan en el tiempo”, argumentó.

 

CONEXAS. La abogada compartió dos cuestiones que si bien no refieren al planteo en sí, las consideró relevantes.

Una de ellas tiene que ver con las dificultades para tomar conocimiento de los fundamentos del decreto. Relató que “empezamos un peregrinar sin poder dar con el expediente que lo fundamenta. Logramos el miércoles de la semana pasada (14 de agosto) tomar contacto con el expediente solo durante 10 minutos”. Al referirse a ese inconveniente, dijo: “fue tremendo” en tanto se interpretó como “una negación del derecho de defensa”. Ocurre que para la presentación del amparo –como efectivamente se hizo-, “si bien teníamos el decreto, necesitábamos la fundamentación que acompañaba el gobierno”.

La segunda cuestión a la que aludió es la modificación de la ley de procedimientos constitucionales sancionada recientemente en el Senado provincial, y que introdujo cambios con relación al recurso de amparo.
“Cambiaron las normas”, dijo la abogada. Y si bien cuestionó el modo en que tuvo tratamiento, recordó cuestionamientos del Colegio de Abogados y deslizó “tenemos toda una interpretación más política” de los cambios, se detuvo en explicar la incidencia de las novedades introducidas en el proceso que seguirá ahora este amparo.

“Si bien sabemos que es un proceso sumarísimo, urgente, que se da cuando hay vulneración de derechos fundamentales, ahora, hay dos cosas que cambiaron: se abre a prueba y se abre la posibilidad de que el juez llame a reuniones conciliatorias entre las partes. Además, en caso de llegar al STJ, ya no va a actuar la sala primera de Asuntos constitucionales y Penal que integran tres vocales, sino que lo tratará un pleno de cinco miembros”, puntualizó.
Sin entrar en detalles, consideró que “eso es bastante preocupante. Tenemos un montón de datos, pero esperamos que no sea así porque conspiraría contra el sistema republicano y la división de poderes, entre otros aspectos”, apuntó.

 

Al margen

El decreto en cuestión fijó distancias de 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros en las que no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa. En las zonas de prohibición de los productos 1A, 1B, y A 2, si se pueden aplicar productos grado 3 y 4 con la intervención de un ingeniero agrónomo. Además, incorporó unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y fitosanitarios. Asimismo prohibió el uso de pulverizadoras que no estén registradas, y estableció que los tratamientos deberán notificarse 48 horas antes a las autoridades.