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Las PASO ordenaron un nuevo equilibrio de fuerzas que no incidirá en las causas

El abultado y contundente triunfo del Frente de Todos abrió una serie de especulaciones, que son solo eso. En Entre Ríos, las causas que investigan supuestos hechos de corrupción contra la administración pública seguirán su derrotero. Si hay que buscar causas de las demoras, son intrínsecas a la manera en que Fiscalía llevó adelante las investigaciones.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

 

Las PASO delinearon un nuevo escenario político en el país. El contundente triunfo del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, que según los distintos abordajes y análisis –incluso por especialistas afines al oficialismo– se repetiría en las generales de octubre, abrió toda suerte de especulaciones sobre el fututo de las causas que investigan supuestos hechos de corrupción contra la administración pública. Lo cierto es que al hacer una lectura sobre el devenir de las causas que se investigan en Entre Ríos, nada hace presumir que el nuevo escenario y el muy probable cambio de gobierno, influyan en el derrotero de las investigaciones, muchas de las cuales ya tienen fecha de debate; por lo que el temido “cajoneo” es imposible.

 

COMODORO PY

Distinta es la situación en los tribunales de Comodoro Py. La Justicia Federal ha exhibido fuertes signos de descomposición, que incluso fueron reconocidos por altas autoridades judiciales nacionales. Allí “la política” motivó el impulso de causas que vinculaban a funcionarios de la gestión de CFK y a ella misma con supuestos delitos, y cajoneaban o directamente desvinculaban en procesos exprés, a funcionarios de la actual gestión a nivel nacional. Incluso el presidente Mauricio Macri, que asumió con numerosas causas en su contra, se vio “beneficiado” con aquella Justicia sumarísima. Si, como vienen alarmando algunos pocos operadores mediáticos que le quedan al oficialismo, se producirá un freno de las causas contra el kirchnerismo y un reflotar de causas contra funcionarios macristas, esto obedecería a un estricto acto de justicia que enmendaría el notable deterioro de la Justicia Federal, que comenzaría a tratar como iguales ante la Ley, a propios y extraños.

 

ENTRE RÍOS

En nuestra provincia no es posible que se dé aquella situación. Desde el propio gobernador Gustavo Bordet, que siquiera se pronunció en relación a las investigaciones que se llevan adelante sin descanso desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), hasta el mismo procurador general de la provincia, Jorge García, quien ha sido crítico del fuero federal y descartó que ocurran situaciones como las que tornaron un espectáculo mediático la detención de ex funcionarios acusados de supuestos hechos de corrupción, la garantía de que las investigaciones continuarán sin interferencias está dada.

 

DINÁMICA

La intención de instalar un fututo e incierto escenario de “causas que se van a caer y otras que van a reflotar” obedece a la dinámica propia del proceso electoral. Esto atenta contra la autonomía del Poder Judicial y el derecho de la ciudadanía a conocer los procesos y a que la sentencia que se emita no admita cuestionamientos éticos ni jurídicos. Si, como es probable puesto que hay funcionarios acusados de tantos delitos que en algunos podrían ser absueltos o sobreseídos, los jueces entienden que no hay elementos para continuar el proceso y sobreseen, o para condenar y absuelven, tales decisiones no deberán dejar lugar a dudas en la ciudadanía. Instalar que la nueva correlación de fuerzas va a direccionar en determinado sentido el buen criterio de los jueces los ubica en un sitio demasiado incómodo y priva a los imputados de salir de un proceso con su buen nombre y honor sin resquicios para interpretaciones sin fundamentos.

 

SELFIES

No obstante lo antes planteado, si alguien desea o necesita seguir confirmando lo que ya piensa, esto es que el nuevo escenario político “va a determinar” el derrotero de las investigaciones, se podrían encontrar elementos en este sentido que vienen de tiempo atrás. A nivel nacional, las causas contra el kirchnerismo vienen sustanciándose desde que CFK estaba en el poder, lo que descartaría una “Justicia adicta”. En el mismo sentido, Entre Ríos las causas contra ex funcionarios de la gestión anterior se denunciaron cuando aún estaban en el poder. Las denuncias en suelo entrerriano cobraron impulso al calor del Sí se puede de Cambiemos. Como elementos de “prueba” dos fotos se constituyeron en el dato político. Una, publicada en el portal APF digital, mostró a Sebastián Orlando en una selfie de campaña con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Orlando es esposo de la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche. Ésta también posó en otra selfie, tomada en otro contexto pero igual de reveladora. Goyeneche se mostró en una foto junto a la vice intendenta de Paraná, por la Alianza Cambiemos, Josefina Etienot. En la imagen también aparecía, un poco más atrás, la fiscal coordinadora, Matilde Federik, que es esposa del juez federal de Paraná, Leandro Ríos.

El dato no es menor. Fuentes judiciales deslizaron que Goyeneche aún lleva con mano de hierro la investigación por los contratos en la Legislatura –aunque se apartó momentáneamente de la causa– y ha alegado en no pocas apelaciones en las causas que se sustancian contra ex funcionarios vinculados al peronismo. Ríos instruyó las causas que llevaron al intendente radical de Paraná por la Alianza Cambiemos, Sergio Varisco, a juicio por los supuestos vínculos con una organización dedicada a la venta de estupefacientes.

 

AL EXTREMO

Si hubo elementos que pusieron en crisis la denominada causa Contratos no fueron las notas periodísticas que informaron sobre el legajo, ni el alegado accionar de la “organización criminal” que se investiga, sino que fueron los desaguisados de una Fiscalía que llevó al extremo la prisión preventiva de los imputados, hasta que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia les puso un límite; y llegó al absurdo de embargarlos y en el movimiento, embargó un departamento que Goyeneche había adquirido años atrás con uno de los imputados con trato diferencial en la causa. Se trata de Pedro Opromola, que habría compartido estudio contable con Orlando en el estudio Asesoría Integral, que fue allanado y varios de sus integrantes vinculados a la mega causa.

 

¿Crisis institucional?

En otras causas que investigan a ex funcionarios, las defensas han cuestionado, sin éxito aún, el tratamiento diferencial otorgado a los imputados respecto del funcionamiento de los organismos de Contralor, como Fiscalía de Estado, Contaduría General de Gobierno y Tribunal de Cuentas, que no objetaron las contrataciones que fueron motivo de denuncia por dos abogados de cuño radical, que incluso se sacaron una foto con Frigerio en un proceso electoral anterior, y un legislador también radical.

En otra “emblemática” causa que investiga el presunto direccionamiento de la pauta publicitaria, que se dio a conocer mediáticamente como la causa de La Vaca, se deslizó que la investigación se sustenta primordialmente en las fotografías que acompañan los proveedores en los expedientes de pagos. En este sentido se añadió que se minimiza que las fotos adjuntadas a los expedientes lo son a modo “ilustrativo” y para dar viabilidad al trámite, siendo lo determinante de la prestación del servicio la constatación en el lugar de la publicidad, en la vía pública, por parte del funcionario designado. Además, se indicó que en esta causa “está claro que en todos los expedientes de pago está la constatación in situ del funcionario”.

Las fuentes judiciales consultadas indicaron que la supuesta “debilidad” de la investigación estriba precisamente en aquella situación, la que de confirmarse abonaría la tesis de la defensa sobre que no había direccionamiento. Algunos movimientos en los medios darían fundamento a la infidencia. Los mismos periodistas que celebraron el “descubrimiento” de Fiscalía, que en una audiencia hasta ironizó sobre la imposibilidad de contar con el ADN de la vaca, en los últimos tiempos la minimizaron con el argumento que se trata de una causa “muy grave” como para subestimarla designándola como la causa de la foto de una vaca.

 

 

En Entre Ríos, las causas que investigan supuestos hechos de corrupción contra la administración pública seguirán su derrotero.