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Observatorio Político: Últimas postales de un proceso que se deshilacha

Símbolo de un proceso mucho más breve de lo que los consejeros, bufones y multiplicados juglares habían considerado, lo que arrancó con chuscas coreografías en los balcones de la Casa Rosada termina con nerviosos gestos de desequilibrio incluso emocional en la cornisa del poder.

 

Redacción El Diario | coordinacion@eldiario.com.ar

 

Creado el escenario de que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias eran decisivas, con vistas a pronunciar una polarización entre las figuras de Mauricio Macri y Cristina Fernández, el oficialismo a nivel nacional se encuentra a cuatro meses del cambio de gobierno con un revés electoral de proporciones (47,65% a 32,08%, lo que representa casi cuatro millones de votos de diferencia) que puede profundizarse en las Generales del 27 de octubre, lo que constituye una probabilidad de revertir los guarismos meramente teórica.

Si el proceso se abrió con un fraude político socialmente tolerado, que surge de contraponer lo sucedido en el debate presidencial de 2015 con lo que después devino en programa de gobierno, los últimos episodios proponen la activación de mecanismos de disciplinamiento a escala social, con amenazas veladas o expresas, reproches y atribución de culpas, negándose a aceptar la realidad, confirmando el curso pero a la vez tomando medidas que lo contradicen, en fin, borrando con el codo lo enunciado en la discursividad proselitista.

Una prueba más de que el gobierno de Macri se ha ido aislando se sustanciará esta semana cuando los ministros de Economía, como representantes de las distintas jurisdicciones sin importar el signo partidario al que adscriban, aprovechen la reunión de la Comisión Federal de Impuestos para formular una pública queja y producir un documento en el que reprochen que las medidas tomadas por la Nación significarán un fuerte impacto negativo en las provincias, dado que se afectan fondos coparticipables.

 

SECUELAS

En el caso de Entre Ríos, se estima en 1.600 millones de pesos la merma de recursos impositivos cuyo gasto –por otra parte– ya ha sido asignado cuando se diseñó y aprobó el presupuesto para el corriente año. Esa masa de dinero que, de golpe, el gobierno federal redirecciona sin consultar con los estados subnacionales pese a que directamente se los perjudica, representa la mitad de lo que precisa la provincia de Entre Ríos para cumplir con el medio aguinaldo. Así las cosas, el primer gesto de la administración Bordet fue comunicar a los contratistas que los pagos se ralentizarán, lo que tendrá un impacto inmediato en el ritmo de la obra pública. Y, se presume, es probable que también en el régimen de actualización salarial oportunamente acordado, lo que seguramente aparecerá en la agenda de sindicatos y gobierno.

La onda restrictiva llegará asimismo a los municipios, dado que –en distintas proporciones– una parte de los recursos coparticipables se transfieren a los gobiernos locales. En un panorama de empobrecimiento de las plazas, con las consecuencias sociales que ello trae aparejado, el achicamiento repentino de las fuentes de financiamiento para lo ya planificado es un problema serio.

Las prioridades fijadas en reunión de gabinete determinan que el mayor empeño en Entre Ríos estará colocado en el pago de salarios y jubilaciones y en afrontar los gastos de funcionamiento y las inversiones necesarias para reforzar los servicios en salud pública y los programas de contención social.

En fin, queda por delante la tercera parte del año aún y la impresión es que la fragilidad del contexto obligará a producir análisis semanales, de corto plazo, y a extremar la prudencia en la producción de gasto.

 

PASOS DADOS

Hasta el 11 de agosto a la noche, en Entre Ríos dábamos por cierto que el presupuesto 2019 tenía superávit primario (los ingresos estimados eran superiores a los gastos corrientes previstos) y secundario (los recursos seguían siendo más altos si se consideraba el pago de deuda). Para arribar a ese estado, el gobierno había producido readecuaciones en la Administración que combinó con un aumento en la recaudación impositiva propia, lo que no obstante significó un alivio para los sectores menos pudientes y también para los empresarios, con impuestos en vías de extinción como la ley 4035 y exenciones a la de Ingresos Brutos.

El gobierno provincial aseguraba la prestación –no sin dificultades– de los servicios esenciales como educación, salud, justicia y seguridad; realizaba obras públicas conforme a un plan que fue de menor a mayor, a veces con recursos propios, otras veces buscando financiamiento externo; había dinamizado expresiones de la economía social y también se había hecho cargo de financiar actividades en las que el estado nacional se retiró, como no lo hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, que han sido enormemente beneficiadas desde la asunción de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

Para el interior, el ajuste significó el repliegue del Estado federal en materia de inversión en infraestructura social y productiva, el empobrecimiento de su presencia territorial –lo que se advierte de manera palmaria en la política de recorte de subsidios al transporte público de pasajeros–, en el aumento exorbitante de la exacción impositiva vía tarifas para servicios cuya calidad no mejoró y en una política de distribución de la riqueza cuya estrategia organizadora fue propiciar negociaciones de salarios a la baja.

 

ALTOS COSTOS

Sin embargo, pese a que fueron numerosas las denuncias y señalamientos de funcionarios actuales y del propio Macri en torno a la necesidad de corregir lo que caracterizaban como un dispendio de la etapa precedente, no hubo una restricción sustantiva en la cuenta del gasto público en estos últimos años, sino un redireccionamiento: una importante masa de los recursos que leudaba las relaciones sociales y las dinamizaba –sin que, por ello, la realidad pre 2015 fuera un paraíso–, se destinan ahora a la renta financiera, sobre todo a partir del negocio de las letras que emite el Tesoro para financiar deudas corrientes o para contener sin éxito la depreciación del peso. Si parece claro que, sin una economía fuerte es imposible contar con una moneda solvente, es evidente en el mismo sentido que la instalación de estos escenarios –sea por el costo de los insumos importados, por la presión impositiva o por la caída de la ventas– tiende a desactivar todo ánimo inversor en la economía productiva, con lo que se alienta un ciclo vicioso, altamente perjudicial.

En este contexto, los anuncios del gobierno no sólo son medidas puntuales que no alcanzan a configurar un plan, sino que además tampoco resultan correctivas de los núcleos de la política económica.

Sin ir más lejos, un gobierno que ha defenestrado toda política de contención de precios como si se tratara de un límite ético (y acaso lo sea), ¿cómo hará para asegurar que la eliminación del IVA se transforme en una rebaja del precio del producto de primera necesidad en la góndola del supermercado o el estante del almacén?

En fin, más allá de estas cuestiones, es de esperar que la crisis cambiaria sea sobrellevada y no se transforme en una corrida bancaria. En ese hipotético escenario, las fuerzas concurrentes generarían efectos parecidos a los de un huracán y ya sabemos, por propia experiencia, quiénes son los que salen más perjudicados de esos tembladerales.

Como Presidente y candidato a la reelección, al mismo tiempo, Macri anuncia medidas económicas con amenazas veladas o expresas, reproches y atribución de culpas.