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Apelación: ordenan nuevas actuaciones en causa por simulación de pagos a la AFIP-DGR

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió hacer lugar de manera parcial al recurso de apelación de los imputados en una causa que investiga el presunto delito de simulación dolosa de pago mediante el cómputo de certificados de retenciones falsos. La maniobra de simulación habría permitido el pago de la deuda que una empresa de transportes mantenía por 20.402.395,38 de pesos, correspondiente al año 2014, con la AFIP-DGR.

 

Redacción El Diario | coordinacion@eldiario.com.ar

 

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Cintia Gómez, Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche, resolvió “hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa” y ordenó “revocar la resolución en cuanto rechaza la excepción de falta de acción por acogimiento a la Ley N° 27.260, y disponer que se produzcan las diligencias necesarias a fin de que el magistrado se expida nuevamente sobre la cuestión, de conformidad con los argumentos vertidos en los considerandos precedentes”.

El Tribunal intervino en virtud del recurso de apelación que presentó la defensa de Guillermo Diego Derudder, Dino Francisco Paccot y Mirta Susana Messina, contra la resolución del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, que el 7 de marzo rechazó las excepciones de falta de acción por acogimiento a la Ley N° 27.260 y aplicación de la Ley N° 27.430, impetradas en favor de los imputados, de conformidad al artículo 11 de la Ley 24.769, artículo 10 de la Ley 27.430 y artículo 54 de la Ley 27260. Las defensas solicitaron que se revoque aquella sentencia y se aplique el último de los artículos enumerados.

 

LA IMPUTACIÓN

En las actuaciones principales, Derudder, Paccot y Messina, fueron “denunciados por AFIP-DGI por la presunta comisión del delito de simulación dolosa de pago, que se habría configurado a través del cómputo de certificados de retenciones falsos, generando un saldo de libre disponibilidad, mediante los cuales habrían simulado el pago de la deuda que la firma Empresa San José SA mantenía por la suma de 20.402.395,38 de pesos correspondiente al año 2014”.

En la audiencia que se realizó el 3 de julio, la defensa alegó que “el juez hace una interpretación restrictiva y que debe respetarse el principio de libertad de la parte, porque aquello que la ley no castiga, no puede ser ampliado mediante una decisión como la que se ha apelado” y de la que no hay sentencia firme. Asimismo, hizo “hincapié, en primer lugar, en la figura de simulación dolosa de pago y alega que es una figura típica, pero contenida dentro de la Ley 24769 (de Régimen Penal Tributario), razón por la cual es un delito penal tributario. Agrega que si bien es una figura autónoma dentro de la ley, cuenta con un componente específico que es el fraude, que refiere a la existencia de un ardid consistente en simular ante el fisco que, una obligación que debía ser abonada no ha sido abonada, esa no recepción implica el no pago”. Además, expuso que “la Ley 27.260 (Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados) excluye de manera expresa determinados delitos como por ejemplo, lavado de dinero, estafa, etc., pero no hace lo propio con el delito del artículo 11, por lo que debería aplicarse la ley de amnistía, la ley penal de manera extensiva o analógica”.

 

ACUSACIÓN

Por su parte Fiscalía sostuvo, como lo hizo en la causa “Sczetch”, que “hay controversias acerca de la chance de incluir a los delitos fiscales comunes como candidatos a una exención inspirada en el llamado régimen del blanqueo de sinceramiento fiscal”. Sin embargo admitió que “no hay razones inobjetables, por lado del Juzgado, como para no autorizar a la simulación dolosa como unos de los delitos que estarían incluidos dentro del régimen de sinceramiento fiscal, porque la propia expresión de la palabra pago sugiere una obligación”. Así, al igual que la querella por la AFIP-DGR, instó a que se rechace el recurso interpuesto y se mantenga la decisión del Juez Federal.

 

CRONOLOGÍA

El 19 de abril de 2017 la defensa interpuso un recurso de excepción de falta de acción fundado en el artículo 54 de la Ley 27.260. El 26 de abril del mismo año, la querella “acompañó documental y peticionó se rechace la incidencia y se disponga la continuación de autos por su estado”, mientras que el Fiscal Federal “entendió -entre otras cuestiones- que la situación prevista en el tipo penal descripto en el artículo 11 de la Ley 24.769 no se encuentra excluida del régimen de regularización de la Ley 27.260”. El 1 de febrero de 2018 la defensa volvió a  formular la excepción por falta de acción, pero en esta ocasión por considerar que “se encuentra extinguida en virtud de la aplicación de la Ley 27.430”, pidiendo el sobreseimiento.

La Cámara evaluó que al denegar la solicitud de la defensa, el juez “consideró esencialmente que no puede afirmarse que la deuda se encuentra totalmente cancelada, que los sospechados tienen una causa penal en trámite por lavado de activos de origen delictivo en trámite por ante su Juzgado, por lo que no podría extinguirse la acción, sino eventualmente, daría lugar a la suspensión y de carácter condicional…”. La defensa alegó que el capital adeudado “se encuentra cancelado en su totalidad en virtud del plan de pago presentado el 15 de diciembre de 2016” que consistió en  60 cuotas.

 

Acogimiento

El artículo 54 de la Ley 27.260 prescribe que “el acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme”.

 

Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Beatriz Aranguren, integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.