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Rechazan pedido de prisión domiciliaria por el triple crimen de Bajada Grande

La jueza de Garantías N°5, Elisa Zilli, rechazó el acuerdo al que habían arribado Fiscalía y defensa para que Alexis Maximiliano y Brian Exequiel Siboldi, cumplan con la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario en el contexto de la investigación del triple crimen de Bajada Grande. Hizo lugar al pedido de la querella.

 

Redacción EL DIARIO / coordinacion@eldiario.com.ar

 

En una situación poco usual en la dinámica que se observa en las numerosas audiencias de solicitud de prisión preventiva mientras se sustancia una investigación, o su prórroga, los querellantes por dos de las víctimas del denominado triple crimen de Bajada Grande en Paraná, fundaron la vigencia “concreta” del riesgo procesal de peligro de entorpecimiento de la investigación e instaron a que se rechace el acuerdo que presentaron ayer, ante la jueza de Garantías N°5, Elisa Zilli, Fiscalía y defensa.

Así, Zilli hizo lugar al pedido de los querellantes, Franco Azziani y Andrés Bacigalupo, y prorrogó el arresto preventivo de ambos coimputados tal como lo resolvió su par, la jueza Marina Barbagelata, en la audiencia que se realizó el 28 de mayo, cuando les dictó el arresto en la la Unidad Penal N°1 de Paraná. La medida se prorrogó por 45 días. Vence el 25 de agosto a las 13.

 

Fundamentos

Lo inusual de la audiencia de ayer estribó en dos situaciones. La primera, en que se fundó con elementos que constan en el legajo de investigación que lleva adelante la fiscal Patricia Yedro, la inconveniencia de conceder la morigeración acordada entre la acusación pública y la defensa, a cargo de Natalia Salvatelli Cardozo.

Ayer se escucharon serios fundamentos y no meras alusiones o invocaciones a riesgos procesales que no tienen un correlato en los hechos. La segunda, en que la jueza tomó la decisión de rechazar un acuerdo celebrado entre la fiscal y la defensa. El triple crimen de Bajada Grande tiene como imputados por el homicidio de Miguel Aguirre, de 35 años; y los hermanos Luciano Álvarez, de 37 años, y Leonardo Martín Álvarez, de 29 años, a Oscar Siboldi, alias Negro, de 53 años, y sus hijos Alexis Maximiliano, de 24 años, y Brian Exequiel, de 21 años.

El hecho ocurrió el sábado 25 de mayo alrededor de las 4, en una casa en la queSiboldi cumplía un arresto domiciliario, sin tobillera electrónica, por el crimen de Brian Farías. Allí estaban Aguirre y los hermanos Álvarez. Las tres víctimas recibieron disparos en la cabeza. Uno tiene signos de que le apoyaron el arma en el cráneo al momento del disparo.

 

Concreto

Azziani fundamentó el rechazo de la querella al acuerdo enumerando las situaciones de entorpecimiento “concreto” en que incurrieron los imputados. En este sentido resaltó que las armas que se utilizaron para ultimar a las víctimas aún no fueron halladas, que los hermanos huyeron del lugar del crimen y fueron detenidos posteriormente –Brain 12 horas después del hecho, en la casa de su madre en barrio Paraná XVI, y Alexis se presentó el lunes con su defensora-, y que los testigos que declararon ante Fiscalía manifestaron su temor.

El querellante resaltó que el hecho que a 50 días del hecho aún no se haya podido encontrar las armas, dificultando las pericias de la División Criminalística que en un informe señaló que sería de mucha utilidad contar con ellas para determinar la distancia de los disparos mortales, es un serio indicio de procurar impunidad e impedir el esclarecimiento del hecho.

En este sentido destacó que Negro Siboldi reconoció ante Yedro que ocultó las armas, entregándoselas a una persona de quien no aportó información, añadiendo que actualmente la investigación no cuenta con las armas ni con la identidad de la persona que se las habría llevado.

 

Protección

Azziani también fundó la oposición de la querella en que los testigos deben llegar a un eventual juicio en condiciones de declarar con libertad y sin condicionamientos. En este sentido señaló que un testigo presencial le pidió a Yedro “protección especial para él y su madre” porque sostuvo que “la bronca va a quedar”; mientras que otro, allegado al sector de Siboldi, sostuvo ante la fiscal que “cada vez que declaro termino mal, usted sabe cómo es”.

A su turno, Bacigalupo sostuvo que el accionar de los imputados le ocasionó a la investigación “un daño jurídico procesal que posiblemente no se pueda remediar”. Resaltó que los riesgos procesales están acreditados y el rechazo a la morigeración no lo instaban desde la gravedad del hecho o desde criterios “peligrosistas”, sino basándose en “hechos fácticos”.

 

Antecedente

Azziani le recordó a la jueza que como defensor de José Escobar, que era secretario de Medios y Comunicación de la Municipalidad de Paraná, se opuso al pedido de prisión preventiva en la cárcel en el contexto de la investigación en contra del funcionario por los presuntos delitos de Coacciones y Perturbación del ejercicio de la función pública.

El ahora querellante destacó que a Escobar se le atribuyó resetear su celular, borrando toda la información que había allí, entorpeciendo la investigación. Azziani sostuvo que el pedido era desmesurado habida cuenta que se trataba de delitos “claramente excarcelables” y no como en esta causa. En la causa contra Escobar, Zilli ordenó que éste cumpla con 21 días de arresto domiciliario.