27.8 C
Paraná
miércoles, diciembre 11, 2019
  • Entre Ríos
  • Política
  • Sociedad
Más

    “Si no hacemos nada, esto se desmadra”, advirtió Cañete

    La situación de las obras sociales en general, y en particular la de los empleados del Estado provincial, atraviesa tiempos difíciles. Este miércoles tuvo lugar una reunión a la que asistieron la ministra de Salud, el presidente del Iosper y los prestadores. Se analiza una serie de medidas que puedan garantizar a la población la atención de su salud, manifestó Cañete.

     

    Redacción El Diario | coordinacion@eldiario.com.ar

     

    Pasos auspiciosos conviven con situaciones complejas en el Instituto de la Obra Social Provincial.

    Hace apenas unos días la buena noticia fue que el Iosper, luego de 5 años, logró volver a firmar el convenio por el que se restablecieron las prestaciones de segundo nivel de la Asociación de neurología y neurocirugía.

    El hecho se da en un contexto difícil, producto, dice Fernando Cañete, titular de la obra social, de la política económica nacional.

    “La obra social no está ajena a la problemática económica que tiene el país. Seguimos insistiendo en que vamos a tener que instrumentar una emergencia prestacional porque medicamentos de alto costo, nuevas tecnologías y la aplicación de leyes especiales, desnaturalizan los recursos y uno tiene, muchas veces, que atender necesidades causadas por esas situaciones que tienen un amplio impacto económico, pero que resuelven la situación de muy pocos afiliados. Y por eso –remarca- decimos que se pone en riesgo la prestación para todos los afiliados”.

    “Vamos a tener que instrumentar una emergencia prestacional”, advierte Cañete.

    También afirma que “hay que cuidar el sistema, hacerlo previsible y tratar que la sustentabilidad le garantice a la población entrerriana el acceso a la salud”. En su análisis, sostiene que “si la salud sigue como lo dispuso el gobierno nacional, en una economía de mercado que es salvaje, inhumana, los recursos no van a alcanzar”.

    La reunión que tuvo lugar este miércoles y en la que se encontraron la ministra de Salud, Sonia Velázquez, Cañete y todos los prestadores de la obra social provincial, fue para “avanzar, en el sentido de generar políticas que puedan garantizar la sustentabilidad del servicio de salud en la provincia”.

    Cañete, que comparte la situación de la obra social de los trabajadores dependientes del Estado entrerriano, aclara que el resto de las obras sociales, las sindicales, están muy complicadas. Recuerda un encuentro que reunió a los representantes de estas entidades en la sede de Amet, “donde plantearon la conformación de un consejo de obra social provincial para tratar la problemática causada por el avasallamiento de los lobbys empresariales, de las multinacionales en un mercado de la salud donde nosotros tenemos que seguir pagando con nuestros afiliados como conejitos de India para que los laboratorios hagan negocios”.

    Más allá de esa referencia que engloba a la mayoría de las obras sociales, en lo que respecta al Iosper, “lo primero que vamos a hacer –detalla- es ver la posibilidad de instrumentar una agencia de tecnología provincial; avanzar si se puede en una ley provincial de medicamentos, y mi intención, es ver si podemos hacer un PMO –Programa Médico Obligatorio- entrerriano porque si la Nación desprotege a los habitantes, yo estoy diciendo ´en Entre Ríos juntémonos, protejamos el sistema y hagamos que sea sustentable en el tiempo porque es necesario darle la tranquilidad a todos los entrerrianos y fundamentalmente a los prestadores que viven del sistema´”.

    La intención es en el mes de agosto, tratar de presentar un proyecto de ley como para empezar a transitar este camino, intentando “crear los anticuerpos necesarios para protegernos porque si no hacemos nada esto se desmadra, hay que controlarlo”.

    EL CONVENIO. La firma del convenio con la Asociación de Neurología y Neurocirugía no se relaciona con la situación económico financiera de la obra social, “sino con la posibilidad de tener las condiciones para que se pudiera acordar”, aclara.

    Repasa que “es un convenio con una entidad científica como la Asociación Entrerriana de Neurología y Neurocirugía que se había cortado por el año 2014. Esa situación había generado para los afiliados mucha incertidumbre, sobre todo para quienes tenían que requerir cirugía que no encontraban respuesta inmediata”.

    Cañete comenta que a pesar de que los esfuerzos fueron infructuosos durante cinco años, nunca se abandonó la gestión ni la posibilidad de brindar respuesta, de atender los casos urgentes. “No se podía hacer con neurólogos de Paraná sino que había que derivar a Rosario, Buenos Aires, Córdoba, lo que generaba una incomodidad e intranquilidad para la obra social”, recuerda.

    Así, la trascendencia del convenio está dada por el tiempo que llevó arribar a un acuerdo para lo que Cañete rescató la predisposición de los doctores Mackinnon y López Otero, autoridades de la entidad, así como la de Omar Yasber, asesor en la presidencia de la obra social. A todos les asignan un “rol protagónico” en las negociaciones.

    “Se venía hablando hace mucho tiempo pero siempre había algún elemento que impedía conciliar las diferencias. Se pudo resolver, se firmó convenio lo que garantiza que todos los afiliados van a tener la cobertura que significa segundo, nivel, todo lo que sea cirugía. Y –agrega- se contempla un cupo de cirugías de columna como para que puedan ser realizadas por estos prestadores”.

    El convenio cubre segundo nivel, no así el primero. “Teníamos la aspiración de cerrar un convenio con todo, primer nivel ambulatorio y segundo nivel, pero no se pudo. Todavía estamos con una deuda pendiente con los afiliados”, asume Cañete. Aclara que no se trató de una disposición del Iosper, sino que en el acuerdo (la Asociación) planteó muy claramente que el primer paso era para las necesidades quirúrgicas. “Aspiramos a seguir en esta ronda de negociación como para terminar de concluir con una firma que incluya el primer nivel, o sea la consulta”, comenta.

    Fundamentalmente, la discusión pasó en este caso por la cuestión arancelaria. “El reclamo debe ser genuino –admite-, pero la obra social no puede comprometer más recursos de lo que tiene y busca tener un equilibrio. Cada acuerdo que cerramos es para dar cobertura a 300.000 afiliados”, subraya.

     

    Para el debate

    En el departamento Gualeguay hay 5511 afiliados y 5700 adherentes al Instituto de la Obra Social Provincial. La recaudación es de 13 millones mensuales; al año, 169 millones.

    Hay dos afiliados -que interpusieron recurso de amparo- que utilizan un medicamento de uso compasivo (es decir, un remedio administrado a pacientes aislados), que no está aprobado por Anmat, en lo que el Iosper invierte 80 millones de pesos.

    “Con un criterio responsable se lo pone en la mesa para debatir. Sería descabellado pensar que si seguimos así el sistema va a perdurar en el tiempo. Advirtiendo estas cosas es que nos sentamos a analizar qué hacemos con el sistema de salud”, explica Cañete, luego de dar esos datos detallados, por citar un caso.

    Iosper: la salud no tiene precio, pero tiene un costo

     

    Ratifican condena al Iosper y al gobierno provincial por negar remedio oncológico

     

    Lo más leído