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sábado, enero 18, 2020
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    Dicen que no hubo delito en la causa contratos truchos

    La postura de uno de los defensores.

     

    Redacción El Diario | coordinacion@eldiario.com.ar

     

    El reconocido abogado de Paraná Miguel Ángel Cullen consideró necesario dejar en claro cuál es su posición como defensor de Juan Pablo Aguilera, y codefensor de Gustavo Pérez, Alejandro Almada y Sergio Cardoso, entre otros imputados en la causa que investiga a una supuesta organización que, presuntamente enquistada en organismos de la Legislatura, sustrajo durante diez años millonarias sumas de dinero mediante la celebración de contratos de locación de obra que se expedían a nombre de ciudadanos que sólo cedían su identidad, sin prestar ninguna tarea o servicio para el Estado y recibiendo a cambio una suma insignificante de dinero.

    Cullen dejó las especulaciones, de cualquier índole, de lado y sostuvo que la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF) “no existe”, ni cuenta con pruebas para probarla. También destacó que “los contratos en la Legislatura están claramente regulados, aprobados y cuentan con un presupuesto propio que es votado anualmente por la propia legislatura”.

     

    No existe

    En diálogo con El Diario, Cullen se mostró distante, en cuanto a las estrategias defensivas, pero respetuoso de los defensores de otros coimputados: “Sin ánimo de polemizar con los colegas que están en la defensa de otros imputados, tengo una mirada totalmente diferente. No existe ni existió sustracción de dineros públicos, ni organización ilícita alguna destinada a la sustracción del dinero público como lo plantea la fiscalía. No se entiende como puede plantearse una hipótesis donde se sostiene que se realizaban contratos ‘truchos’ y los contratantes no son llamados a dar explicaciones ni se les permite defenderse”. En El Diario, Humberto Franchi, defensor de Hugo Mena, Flavia Beckman y Gustavo Sciolocomo,  y en otro medio, Iván Vernengo y Damián Petenatti, que representan a Alfredo Bilbao, sostuvieron que Fiscalía cuenta con evidencia para avanzar en las presuntas responsabilidades de autoridades políticas de la Legislatura.

    Puro cuento

    Desde su perspectiva, Cullen cuestionó que  “no se explica cómo pretenden sostener que por diez años se votaba un presupuesto que contemplaba el pago de estos contratos. No existe una sola prueba que permita tan siquiera suponer que quienes están hoy imputados hayan percibido un sólo peso de manera ilícita, diría que la prueba apunta precisamente a lo contrario” y añadió que “lo cierto es que tal como lo venimos diciendo desde el primer día que tomamos contacto con la causa, existe una fábula, un cuento que se construyó alimentado por el cansancio de una sociedad ya impermeable a la corrupción, y que fue vendida como la causa de ‘corrupción más escandalosa’ de la provincia de Entre Ríos, y sin embargo, luego de varios meses ni siquiera contamos con una pericial contable objetiva, realizada conforme con las leyes vigentes en la provincia, y en un hecho inédito, es precisamente la defensa la que está pidiendo se realice la misma”.

     

    “Peligroso”

    Cullen también se refirió al anuncio sobre la posibilidad de desdoblar el futuro juicio en dos etapas, en lo que se dio en llamar causa contratos II. En este sentido opinó que “respecto de la posibilidad de efectuar un corte en la investigación y dividir la causa en dos, entiendo que sería absolutamente impropio y peligroso para el Estado de Derecho. Imaginémonos dos hipótesis: la primera, que luego de esta causa y del juicio, los imputados sean absueltos. En ese caso -que entendemos es el más posible- el posible desdoble dejará de tener sentido, porque los nuevos ‘imputados’ deberán responder sobre hechos sobre los que ya se juzgó y que obviamente no pueden volver a ser tratados judicialmente”.

    En la segunda hipótesis que planteó, desarrolló que “de una eventual condena, el Estado no debería poder utilizar el resultado para condenar o perseguir a un sujeto que no participó en el proceso y que no se pudo defender. Esto ya lo resolvió la CSJN en la causa Chevrón, y es una derivación del estado de Derecho. Es decir que en cualquiera de las hipótesis pensar en un corte resulta cuanto menos llamativo. Lo cierto es que esta causa es una verdadera caja de pandora, donde los  quienes figuran como contratantes, son testigos claves que, de salirles bien la jugada, tendrán cuantiosos juicios contra el Estado Provincial para que se les pague lo que dicen ellos se les ‘sustrajo’ por los funcionarios acusados. Los contratos en la Legislatura están claramente regulados, aprobados y cuentan con un presupuesto propio que es votado anualmente por la propia legislatura”.

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