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viernes, enero 17, 2020
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    Bordet impulsa varios proyectos para modernizar la administración

    El gobernador Gustavo Bordet mantuvo una reunión con sus funcionarios donde dio a conocer una serie de proyectos y medidas tendientes a modernizar y dar celeridad a la administración pública.

     

    En el encuentro se recordó que Entre Ríos fue destacada por su cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

    Acompañado por el vicegobernador Adán Bahl, Bordet analizó en la reunión de gabinete, que se concretó en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, el paquete de proyectos y medidas que buscarán modernizar, agilizar y dar más transparencia a la administración pública provincial, entre ellas el juicio por jurado.

    «El Estado necesariamente tiene que ir reconfigurándose y adecuándose a la exigencia en la sociedad a la cual tiene que responder. Una cosa que se advierte como necesaria para el futuro es adecuar los procesos administrativos, incorporando tecnología, notificaciones electrónicas, despapelización y, sobre todo, que el Estado pueda dar una respuesta con velocidad frente a los reclamos, sea de la ciudadanía o de los propios empleados públicos», sostuvo luego de la reunión la ministra de Gobierno Rosario Romero.

    Indicó  que hay que rearmar la Ley 7060 (de procesos administrativos y apuntó que ese es uno de los planteos del gobernador para la etapa que viene.

    JUICIO POR JURADO. Detalló que otra de las cuestiones que trató es el juicio por jurado. “No es un tema menor. No es nada más ni nada menos que la participación ciudadana en la administración de justicia que sería planteada con 12 jurados ciudadanos. Mitad mujeres y mitad varones que juzgarían los delitos penales que tengan una pena prevista de más de 20 años de prisión. Es decir, los delitos más importantes. Hay siete provincias argentinas que ya implementaron el sistema y nosotros empezaremos a debatirlo. El gobernador tiene pensado enviar prontamente un proyecto de ley a la legislatura», adelantó.

    PROCESO DE COMPRAS. El mejoramiento del proceso de compras fue otro de los temas abordados en la reunión. «A veces son demasiado lentos los procesos para las cuatro años de una gestión y a veces no estamos contemplando en las normas vigentes las cosas que pasan afuera, en la macroeconomía. Por ejemplo, una estampida del dólar o una estampida inflacionaria nos hace tener que recomenzar procesos de licitación que ya hemos iniciado», precisó la ministra.

    Explicó que lo que se está planteando es generar una comisión que extienda una resolución conjunta donde se debatirá como se adecua y contempla las situaciones especiales. «Hablamos de reconducir los procesos», acotó y entendió que “hay que buscar conjugar transparencia y procedimientos que le den la garantía al ciudadano de que las cosas se hacen bien, con rapidez”.

    “Ese es el desafío de los próximos tiempos por lo cual planteamos modificaciones en los procesos administrativos, en sumarios, en la ley orgánica de la policía, en la ley de contravenciones para tener un código de faltas; es decir, se han planteado muchos ejes de gestión para el tiempo que viene”, subrayó la ministra y adelantó que todos estos tema estarán este año ingresando a la Legislatura.

    TRABAJO CONJUNTO. Por su parte, el ministro Ballay dijo que «es un trabajo que venimos haciendo en forma conjunta, para lo cual suscribimos una resolución conjunta donde vamos a convocar a los otros ministerios y organismos de control, como la Contaduría y la Fiscalía, para tratar de readecuar leyes que evidentemente quedan viejas en el tiempo y fundamentalmente en procesos de la economía actual, procesos inflacionarios donde el tipo de cambio tiene una variación que hace difícil de aplicar este tipo de normas».

    «Por eso vamos a hacer un trabajo, como lo marca siempre el gobernador, sentados todos en la mesa los organismos de control y los que participamos del Ejecutivo para lograr la mejor adecuación”, adelantó.

    También participaron de la reunión los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Salud, Sonia Velázquez; y de Planeamiento, Luis Benedetto; el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; los diputados nacionales Julio Solanas, Juan José Bahillo y Mayda Cresto; y los presidentes del bloque del justicialismo en diputados y en el senado provincial, Juan Reynado Navarro y Ángel Giano; junto a funcionarios y funcionarias de distintas áreas de gobierno.

    RESPONSABILIDAD FISCAL. El ministro de Economía, Hugo Ballay, dijo que en la reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal realizada esta semana,, donde participan el gobierno nacional, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “nuevamente Entre Ríos fue reconocida como uno de los ejemplos en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal”.

    Dijo que se hizo la ley se cumple y acotó que eso implica que no puede existir ningún compromiso de nombramientos ni compromiso financiero que pueda afectar ejercicios futuros. “Creo que es saludable la norma fundamentalmente para resguardar aquellas organizaciones no sólo provinciales, sino municipales también donde hay cambio de signo político, de intendente «, agregó el titular de Economía.

    Por otro lado, relató: “También mencionamos en la reunión de gabinete algo que venimos trabajando. Estamos a tres años y medio de gestión pero este fue una impronta de Gustavo Bordet desde el primer día que es el ordenamiento de las cuentas públicas y fundamentalmente evitar el endeudamiento o el tomar deuda avalando tasas que están hoy en el 70 por ciento”, sostuvo Ballay.

    En ese sentido recordó que el año pasado hubo una política de no endeudamiento y que, si bien había una autorización legislativa por 6.500 millones de pesos, solamente se tomaron 600 millones. “En lo que va del año tenemos una autorización también por ley de presupuesto de 3.800 millones de pesos y hasta el momento no hemos tomado deuda y estamos proyectando evitar tomarla”, aclaró.

     

    Avances institucionales

    Durante la reunión de gabinete se analizaron diferentes proyectos en el marco de transformaciones institucionales que necesita la provincia. Algunos tienen ya tratamiento legislativo y otros se están elaborando para enviar a las cámaras para su correspondiente debate.

    Entre ellos la Reforma de Procedimientos Administrativos, el Juicio por Jurados, la Modificación de la Ley de Policía y Código de Faltas (Modificación ley 3815), la Modernización del sistema de compras y licitaciones en el Estado, el Nuevo sistema de sumarios administrativos y la Reforma de Procedimientos Constitucionales

    Además, se consideraron los avances institucionales desde el 2015 a la fecha y su puesta en funcionamiento, como la Ley de Narcomenudeo, el Código Procesal de Familia y la Ley de Comunas.

     

    Juicio por jurados

    Este proyecto de ley de juicio por jurados apunta a dar cumplimiento en la provincia de Entre Ríos al mandato Constituyente Nacional originario, establecido en 1853, que los juicios criminales deben realizarse por jurados (artículos 24, 75 -inciso 12- y 118) y artículo 122, inciso 23 de la Constitución de Entre Ríos.

    Se propone una forma de juzgar un delito grave, en el que 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, bajo las instrucciones de un juez, deciden si el acusado es culpable o no.

    Este procedimiento promueve la participación ciudadana y tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que le da la norma, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad.

    La división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del Juez estatal, brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.

    El proyecto prevé que en Entre Ríos se juzguen por jurado, los delitos más graves del código penal. Los que tengan una prisión en abstracto superior a los 20 años.

    El servicio de jurado es una carga pública, que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la circunscripción judicial respectiva al lugar del hecho.

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