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martes, agosto 4, 2020
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    Juicio a la banda de Pokemón: inédita medida puso bajo la lupa a una investigación por narcotráfico

    Se trata de una inspección ocular que se realizó en los barrios Paraná XII y XVI en el contexto del juicio contra la organización que lideraría Lisandro Giménez, alias Pokemón. Lo inédito es que la decisión del Tribunal se concretó después de los alegatos y las réplicas y cuando sólo faltaban las últimas palabras de los imputados. Las escuchas telefónicas, bajo la lupa.

     

    Redacción El Diario | [email protected]

     

    El jueves 30 de mayo el Tribunal Oral Federal de Paraná consideró “imprescindible a los fines de resolver” realizar una inspección ocular el martes 4 de junio, en los barrios Paraná XII y XVI de Paraná, especialmente en las calles Burmeister, Gioda y 1° de Mayo.

    Para la realización de la medida se solicitó la participación de personal del Escuadrón local de Gendarmería Nacional y se invitó a Fiscalía y a las defensas de los once imputados de comercializar estupefacientes en los barrios Paraná XII, Paraná XVI y Bajada Grande. La banda enfrenta pedidos de cárcel de entre tres y siete años.

    Las once personas imputadas están sospechadas de integrar la banda de Lisandro Giménez, alias Pokemón. Son acusadas de vender cocaína en tres barrios de Paraná y de generar hechos de violencia en las zonas en las que realizaban el ilegal comercio.

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    Esto habría coadyuvado a la caída de la organización que estaría integrada por Giménez y Patricia González (organizadores); Roberto Balzaza, alias Ananá, (almacenador/distribuidor); Julio Rollero (vendedor); Kevin Garay, alias Killan (vendedor); Sebastián Escobedo Sánchez, alias Kakalo (almacenador/vendedor); Kevin Zárate, alias Toti (vendedor); José Luís Padilla (vendedor); Paola Padilla (vendedora); María Griselda González (vendedora); Guillermo Maydana (vendedor); y Gabriela González (vendedora).

    Según la acusación, la banda se dedicaba a vender cocaína en los barrios Paraná XII, Paraná XVI y Bajada Grande. La organización habría operado desde marzo de 2016 hasta el 13 de mayo de 2017.

     

    Dudas

    La medida que se realizó ayer y generó un gran despliegue de efectivos en ambos barrios fue presidida por los vocales del Tribunal Oral Federal de Paraná, Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros.

    Fuentes judiciales consultadas deslizaron que el Tribunal es propenso a adoptar medidas que luego son receptadas a nivel nacional.

    En esta ocasión, se trataría de las dudas que habría generado en los vocales los planteos de nulidad que realizaron las defensas en los alegatos.

    Según se precisó, la de Pokemon Giménez planteó la nulidad de las intervenciones telefónicas porque el instructor no asumió cargo.

    La defensa oficial planteó las suyas en relación a las observaciones y tareas de vigilancia que realizó la Policía, las que consideraron que tuvieron muchas falencias.

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    Otra defensa planteó el carácter subsidiario, en una investigación, de las escuchas telefónicas; cuestionando que en algunas causas, como la de marras, la única manera de obtener elementos de prueba es a través de las escuchas, que posteriormente vienen a confirmar las tareas de inteligencia.

    Así, se criticó que no basta sólo con escuchas telefónicas para sostener la comisión de un ilícito, precisamente porque son medidas subsidiarias que se toman en apoyo a un estado de sospecha con sólidos fundamentos probatorios.

    Las fuentes consultadas precisaron que el Tribunal, luego de las réplicas y previo a las últimas palabras de los imputados, dictó el 30 de mayo, de oficio, la resolución,  donde ya cerradas las réplicas, ordenó la realización de la inspección ocular en los barrios Paraná XII y XVI y citó a los policías.

    Según se especuló, el Tribunal necesitaba ver en el lugar de los hechos si se correspondía con la realidad lo que los seis funcionarios vertieron en sus informes.

    Las inspecciones se realizaron en los barrios Paraná XII y XVI, con un gran despliegue de efectivos.

    En estos daban cuenta del comercio de estupefacientes, con los clásicos “pasamanos”, desde distancias de entre 150 y 200 metros.

    Allegados a las defensas deslizaron que en la inspección se pudo comprobar que “no se podía ver nada. Las personas que eran observadas estaban en un pasillo y los policías estaban, a 200 metros, en un móvil en la calle. Era imposible poder ver los intercambios que dijeron ver”.

    Tras la medida, el Tribunal dispuso que el jueves esté a disposición de las partes el informe con los resultados de la inspección.

    Asimismo citó para el lunes a las 9.30 a todas las partes para realizar una evaluación de la medida y se escuchen los aportes que se necesiten hacer al nuevo material probatorio. Luego vendrán las últimas palabras de los imputados y el cierre del debate.

     

    La prueba de oro

     

    La medida del Tribunal podría tener consecuencias futuras en relación a las escuchas telefónicas que se han transformado en “la prueba de oro” en muchas causas por narcotráfico.

    También adquieren relevancia en una coyuntura en la que la polémica medida probatoria divide aguas en los Tribunales Federales de Comodoro Py, si bien que por otro tema como lo es la legitimidad de la obtención de las mismas y su utilización.

    Un informe de la Fundación Vía Libre, de autoría de Carolina Martínez Elebi, sostiene que “la interceptación de comunicaciones debe ser una medida excepcional, sujeta a previsiones legislativas claras, con control estricto y justificada plenamente en un objetivo concreto”.

     

    La medida fue encabezada por los jueces López Arango, Carnero y Berros.

     

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